Ballotage en Perú

En la primera década del siglo XXI, Perú fue una de las economías más dinámicas de América Latina. Con tasas de crecimiento que superaron el 6% interanual, la pobreza se redujo a la mitad (52% en 2002 a 26% en 2013). Sin embargo, la exclusión de los sectores rurales y la desigualdad en las grandes ciudades seguía siendo el principal obstáculo para el desarrollo en el país andino.

A esas limitaciones se sumó, en la década siguiente, la inestabilidad del sistema político e institucional -de hecho, Perú encabeza el Ipsos Disruption Barometer, que mide el riesgo sociopolítico-. Con una alta fragmentación política e identidades extremadamente divisivas, la ciudadanía peruana no ha encontrado hasta el momento canales estables para poder salir de su laberinto.

Tanto Ollanta Humala (2011-2016) como Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) vencieron en ballotage por escaso margen a Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000). La dinámica política mostraba a su partido político, Fuerza Popular, como el actor preponderante del sistema de partidos; pero en cada ballotage la constelación de fuerzas restantes lograba reunir más votos que el fujimorismo.

Esto llevó a una alta confrontación entre el fujimorismo como actor de veto en el Congreso y jaque permanente a la gestión presidencial. Mientras tanto, una miríada de opciones partidarias se constituía para intentar captar las nuevas demandas del electorado en las distintas partes del país.

Las elecciones 2021: una segunda vuelta histórica

Con este panorama, más de 25 millones de peruanos fueron convocados para una amplia renovación del sistema político. La primera vuelta del 11 de abril fue crucial, marcada por la pandemia del COVID-19 y la apatía ciudadana.

La crisis sanitaria forma parte de las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía. Además, la pandemia provocó lo que la fragmentación política y escándalos institucionales no pudieron: la inestabilidad económica. En consecuencia, cobraron mayor relevancia las propuestas relativas a las inversiones extranjeras en el país, el rol del Estado en la economía e incluso los vínculos de Perú con Asia.

Perú es una república presidencialista cuyos mandatos ejecutivo y legislativo duran cinco años. El poder legislativo tiene una única cámara de representantes de 130 escaños, elegidos por múltiples distritos utilizando el voto proporcional preferencial.

La composición del Congreso es fundamental para que el Ejecutivo pueda mantener su iniciativa de gestión, por ejemplo, en iniciativas de lucha contra la corrupción. Un hemiciclo fragmentado le otorga a cualquier fuerza minoritaria una alta capacidad de chantaje sobre el ejecutivo, lo que muchos partidos localistas han aprovechado para obtener políticas preferenciales para sus distritos.

En la primera vuelta, se impuso la nueva plataforma de izquierdas Perú Libre con el 13% de los votos, lo que le dio 37 de los 130 escaños. Le siguió el fujimorismo, Fuerza Popular, con el 11% de los votos y 24 escaños.

Ocho fuerzas políticas se repartieron la otra mitad de las bancas. La composición legislativa 2021-2026 refleja la fragmentación del sistema de partidos peruano y el gran desafío de tejer coaliciones para la aprobación del presupuesto y las leyes.

Para la presidencia y vicepresidencias se utiliza un distrito electoral único. Dado que ningún candidato consiguió la mayoría de los votos válidos, habrá segunda vuelta este 6 de junio.

El profesor y sindicalista Pedro Castillo (51) sorprendió como la opción más votada (18,9%). Mientras tanto, la administradora de empresas y exprimera dama Keiko Fujimori (46) se recuperó de la derrota electoral de 2020 y se consolidó como la segunda opción (13,4%).

Mientras que Castillo concentra ampliamente el voto rural y de los sectores de menor poder adquisitivo, Fujimori es favorita entre las mujeres y capitaliza mayor proporción del voto joven y de los sectores urbanos.

Si bien en la retórica durante la campaña abundaron etiquetas que eran funcionales a la polarización -como “populista” para Castillo o “neoliberal” para Fujimori-, ambos candidatos coinciden en la necesidad de políticas estatales amplias en sectores clave, desde la agricultura a las exportaciones. Al mismo tiempo, coinciden en posturas conservadoras en lo social, desde el matrimonio igualitario al aborto y la oposición a la educación sexual y de género.

La carrera hacia el ballotage se caracterizó por una alta polarización y el uso intensivo de las redes sociales. A pesar de la pandemia, ambos líderes organizaron diferentes mítines políticos y actos de campaña en todo el país.

Pero también irrumpió la violencia. A pocos días de las elecciones, un atentado provocó 16 muertos (4 menores de edad) en el VRAEM, donde operan remanentes de grupos como Sendero Luminoso.

Enseguida, acusaciones cruzadas circularon entre los simpatizantes de ambos candidatos, en un intento de influenciar una campaña que mantiene a ambos en el empate técnico. La matanza se produjo en el corazón de la Amazonía Peruana, región montañosa que produce el 75% de la coca del país.

Crisis política profunda

La situación de fondo se agravó con la crisis institucional de septiembre de 2019. Entonces, el Congreso fue disuelto por el presidente Vizcarra cuando el cuerpo negó por segunda vez una moción de confianza a su Consejo de Ministros. El mandatario intentaba impedir el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Congreso, de mayoría fujimorista.

El argumento del gobierno fue que el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC) no era transparente ni garantizaba la división de poderes. Tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC, Vizcarra anunció la disolución del Congreso y la consecuente convocatoria de elecciones legislativas.

Vizcarra se sumergió en fuertes embates con la oposición acusandola de tratar de usar las instituciones gubernamentales para beneficio personal de sus dirigentes. Como elemento agravante, la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, había estado en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero y recuperaba la libertad en noviembre de 2019.

Luego de la decisión de Vizcarra, legisladores opositores intentaron boicotear la disolución del Congreso. En la primera semana de octubre, resultaron decisivos tanto el apoyo de la ciudadanía en las calles como el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas a la decisión del presidente.

Las elecciones legislativas se celebraron en enero de 2020. El resultado: mayor fragmentación política y desnacionalización del sistema de partidos. En vez de dividirse entre seis fuerzas como en 2016, el Congreso del Perú, ahora lo hacía entre nueve. Si la primera fuerza controlaba el 56% de las bancas antes, a partir de la nueva composición se había reducido a un tercio de aquello (19%).

Mientras que el fujimorismo vio pulverizada su mayoría de escaños y se sumía en una crisis partidaria, las fuerzas protagónicas de la política peruana del siglo XX tenían resultados opuestos. Por un lado, el longevo Partido Aprista -todavía sacudido por el suicidio del expresidente Alan García- ni siquiera llegaba a entrar al Congreso. Por el otro, Acción Popular (el partido que más veces y por mayor tiempo ocupó la Presidencia), recuperaba presencia legislativa como primera fuerza en el unicameral peruano.

Eso tendría consecuencias visibles: luego de la destitución de Vizcarra tras un segundo proceso de vacancia (por 4/5 del Congreso a favor) en noviembre de 2020, Manuel Merino (Acción Popular) juró como presidente. Las fuertes protestas y la represión de Merino provocaron su rápida caída y fue reemplazado por el presidente del Congreso, Francisco Sagasti, de la novedosa plataforma Partido Morado.

Embajada Abierta, 1/06/2021