Juventudes y fronteras en el Mercosur. Nahuel Oddone/ ISM

Asunción, 30/ 06/ 2021.- Nuestra región de América Latina y el Caribe está ante un proceso de transición demográfica acelerada. A pesar de las diferentes etapas demográficas que atraviesan los países de la región América Latina y el Caribe todavía cuenta con una ventana de oportunidad conocida como “bono demográfico”. Según estadísticas de la División de Población de las Naciones Unidas, para 2019 habitaban más de 60 millones de adolescentes y jóvenes entre 10-24 años en los Estados Parte del MERCOSUR con la siguiente distribución: la población entre 10-24 años en Argentina era el 23.5%, en Brasil el 23.2%, en Paraguay el 28.5% y Uruguay un 21.6%. La franja etaria comprendida entre 15-29 años en Argentina representa el 24,9%, en Brasil el 26,9%, en Paraguay el 28,5% y en Uruguay el 22,2%, respectivamente.

Sin embargo, cuando uno se acerca a las localidades de frontera de los países del MERCOSUR con mayor peso demográfico, este promedio es sensiblemente mayor producto de diferentes variables como una colonización tardía del territorio (ciudades más jóvenes) como Ciudad del Este (Paraguay) o por la atracción de migración interna o internacional como en Foz de Iguacu (Brasil).

Cuatro elementos reclaman un rápido diseño de políticas focalizadas que tomen en cuenta el territorio de frontera y el ciclo de vida de las personas que allí habitan.

En primer lugar, la cobertura de salud de las personas adolescentes y jóvenes es más baja, observándose una mayor condición de precariedad respecto de otros grupos poblacionales como la infancia y la niñez, o los adultos mayores. Asimismo, aquellos jóvenes que han contado con cobertura de salud a través de sus padres, suelen perderla a partir de los 18 años comenzando un camino de mayor desprotección.

En segundo lugar, el abandono escolar suele ser mayor en los últimos años del bachiller porque las y los jóvenes comienzan a trabajar o a ayudar en nuevas tareas. Aquellos que logran concluir la escuela secundaria, enfrentan mayores desafíos para entrar a la Universidad. Son pocos o nulos los programas que acompañan la transición de la escuela media a la Universidad. Mientras que en la franja 15-19 años el en las ciudades fronterizas de Posadas (Argentina), Encarnación (Paraguay), Santana do Livramento (Brasil), Rivera (Uruguay), Concordia (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay) más del 70% asisten a un establecimiento educativo, en la franja de 20-24 en casi todos los casos desciende más del 50%.

En tercer lugar, se observa una mayor informalidad económica. En América Latina la informalidad económica es del 54% promedio de acuerdo con CEPAL y OIT, pero este porcentaje tiende a aumentar sustantivamente en las zonas fronterizas. La atracción de una parte importante de la fuerza laboral joven a empleos que se caracterizan por ser precarios en término de garantías de derechos, o simplemente informales, tiene dos consecuencias principales: por un lado, la persona que se inserta dentro de la economía informal tiende a permanecer en ella afectando la solidaridad de los sistemas de protección social y, por el otro, los hombres jóvenes tienden a migrar de la informalidad a la ilegalidad. Como consecuencia, hay una alta exposición de los jóvenes fronterizos a formar parte de redes de contrabando y tráfico.

Por último, en cuarto lugar, es relevante la población de mujeres que se encuentran en la franja etaria de 20-24 años, que ni estudia ni trabaja en las ciudades de frontera. En Posadas alcanzaba al 21,5% de las mujeres en 2018, el 28,2% en Ciudad del Este, el 38,6% en Rivera, así como en Salto y Concordia superaban el 37%. En la franja etaria siguiente de 25 a 29 años se observan porcentajes similares. Las encuestas de “uso del tiempo” suelen esconder la carga de cuidados que asumen las mujeres dentro del hogar (trabajo no remunerado), ya sea el cuidado de hermanos/as menores o hijos/as, o tareas de limpieza del hogar, entre otras. Estos datos también ponen en evidencia la urgente necesidad de diseñar políticas para las mujeres jóvenes que apuntalen sus proyectos de vida en materia de formación y desarrollo profesional.

COVID19 impactó fuertemente sobre las fronteras y la población adolescente y joven. El cierre de frontera truncó dinámicas sociales y de utilización de servicios transfronterizos pero, más allá de que el impacto ha sido diferencial en cada ciudad, la incertidumbre sobre los diversos aspectos de la vida social ha repercutido como un factor de “congelación” de proyectos de carácter individual. Los desafíos impuestos por la pandemia incrementaron la necesidad de coordinar acciones en fronteras y asegurar la cohesión social a fin de contribuir a la superación de la interseccionalidad de brechas que afecta a sus poblaciones. A modo de ejemplo, es probable que las mujeres jóvenes enfrenten nuevos desafíos para lograr una mayor y mejor participación en la reactivación económica post COVID19. Esto indica que es oportuno realizar intervenciones específicas que aseguren la participación de las mujeres en programas de capacitación laboral y emprendimientos, así como la creación de nuevos espacios de cuidado (y el fortalecimiento de los existentes), tanto en empresas como en instituciones públicas, que permitan que más mujeres madres puedan incorporarse a la fuerza laboral formal. En este contexto, se hace evidente la necesidad de aumentar la inversión social en políticas focalizadas en las mujeres, tomando en cuenta la franja etaria en la que se encuentran y el territorio que habitan.

Adolescencia y juventud son etapas cruciales en la vida de una persona, en donde se acumulan vertiginosos cambios biológicos, emocionales y sociales hasta ahora bastante ignorados por las políticas públicas. Tomar en cuenta las particularidades del ciclo de vida en el diseño de políticas públicas apoya una transición más exitosa hacia la edad adulta. La falta de acceso a servicios básicos, como salud, educación y trabajo, impacta sobre el bienestar personal y colectivo y afecta los procesos de toma de decisiones individuales. En la medida en que las personas adolescentes y jóvenes aumenten su autonomía progresivamente y logren una plena inserción social, tendrán mejores condiciones para alcanzar su potencial en términos de trayectorias individuales, pero también de contribuir al desarrollo de sus sociedades.

La dimensión fronteriza es sin duda una variable clave que influye en las condiciones y oportunidades de desarrollo para adolescentes y jóvenes. La transición a la vida adulta de adolescentes y jóvenes que viven en áreas fronterizas del MERCOSUR es particularmente compleja. En algunas zonas de frontera, se han detectado problemas sociales derivados de la maternidad temprana, la deserción escolar, la dificultad de acceso al empleo, que muchas veces se realiza en un contexto de economía informal, y a veces ilícita. Todos estos factores contribuyen a perpetuar la transmisión intergeneracional de la pobreza, limitan las oportunidades de desarrollo de adolescentes y jóvenes y afectan su titularidad de derechos, presente y futura.

Pero, al mismo tiempo, la dimensión de frontera es una oportunidad. La identidad fronteriza de adolescentes y jóvenes es un valor diferencial que permite generar proyectos de vida interculturales, más asociativos y respetuosos de la diversidad, así como también poner en marcha nuevas formas de participación e innovación social que potencien sus capacidades de incidencia en la agenda pública.
Desarrollar una ciudadanía en el MERCOSUR que potencia el papel de las juventudes de frontera es clave para la sostenibilidad del proceso de integración regional.

Nahuel Oddone es Doctor en Estudios Internacionales (UPV/EHU). Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales en el Instituto Social del MERCOSUR (ISM). Es investigador asociado de la Universidad de las Naciones Unidas en el UNU-CRIS. Twitter: @nahueloddone