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Política Externa, Defensa y Economía
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3/9/2018  |  La ONU determina que el ex presidente compita en las elecciones
La ONU determina que el ex presidente compita en las elecciones

Ciudad de México, 24/08.- El 7 de octubre habrá una elección presidencial en Brasil, la séptima desde el retorno de la democracia en 1985. Esta contienda representa un choque fundamental entre la democracia y el Estado de derecho, entre las elecciones libres y justas y el respeto al debido proceso.

 
 

El expresidente brasileño y aspirante a candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, quien registró su candidatura desde prisión el 15 de agosto, explicó parte de esta contradicción recientemente.

El complicado sistema electoral y judicial brasileño decidirá para mediados de septiembre si admite su candidatura o, lo más probable, si le prohíbe participar. Esto sería un error. Tener a Lula en la boleta electoral fortalecerá la democracia en Brasil, lo cual es una condición necesaria, si bien insuficiente, para el Estado de derecho.

Lula da Silva y sus seguidores han argumentado que está a la cabeza en las encuestas; que se le prohíbe contender debido a un cargo de corrupción relativamente menor, sustentado en declaraciones de testigos cuyas sentencias fueron reducidas a cambio de testificar en su contra, algo que él y muchos juristas cuestionan; que el sistema judicial brasileño se ha convertido en el árbitro de las elecciones del país debido a una serie de leyes anticorrupción ante la ineficacia de las normas existentes.

Sus opositores, junto con los jueces que lo han sentenciado a doce años de prisión y parte de los medios brasileños, insisten en el fondo de la cuestión, no en el proceso mismo. Según ellos, Lula da Silva fue sentenciado por el delito de corrupción, menor o no, y perdió el recurso de apelación ante la Corte Suprema para seguir bajo arresto domiciliario hasta que concluyan todas sus investigaciones. Además, enfatizan, todavía se le juzga por seis cargos más, aunque el proceso completo de apelación por la primera acusación todavía no ha seguido su curso. Por último, está la “Lei da Ficha Limpa” (literalmente, ley del expediente limpio o “borrón y cuenta nueva”) en Brasil, firmada por el mismo Lula cuando era presidente, que estipula que cualquier persona declarada culpable de corrupción en dos instancias no puede ser candidata a la presidencia. Así que ya sea porque está en prisión o porque se le sentenció por corrupción, es casi seguro que no aparecerá en la boleta.

Los partidarios de Lula da Silva responden que uno de los jueces involucrados, Sérgio Moro, está llevando a cabo una venganza política en contra del expresidente y del partido que fundó hace cerca de cuarenta años. También afirman que el apartamento frente al mar que presuntamente le dio una constructora a la que le otorgó contratos no es suyo ni de su difunta esposa. Sus adversarios responden que no se está dando un trato especial a Lula y que no debería gozar de ningún privilegio especial solo porque es popular, fue presidente o desea contender a ese cargo.

Este dilema no tiene una solución sencilla, en especial en un país con una élite política tan desprestigiada y que apenas está saliendo de la peor recesión económica en décadas. Jair Bolsonaro, un candidato de la extrema derecha —al parecer asesorado, entre otros, por Steve Bannon— está contendiendo a la presidencia y ocupa el segundo lugar en las encuestas, después de Lula da Silva. Este candidato apela a la vena racista, homófoba y sexista siempre presente en la sociedad brasileña, al igual que a un mayor sentimiento de rechazo a la clase gobernante. Claramente, Bolsonaro es una amenaza más grande para la democracia brasileña que los excesos de Lula da Silva, en caso de que se confirmen en su totalidad.

Permitir que Lula contienda a la presidencia apaciguaría a sus partidarios, que son muchos, pero disminuiría seriamente la sensación de que luego de casi dos siglos de privilegios, corrupción y ausencia de leyes iguales para todos y de la caída de los arrogantes y los poderosos, Brasil está entrando por fin a la modernidad en un ámbito en el que al país y a sus vecinos siempre les ha ido mal: el Estado de derecho. No obstante, negar a decenas de millones de ciudadanos que votarán por Lula la posibilidad de hacer que su ídolo regrese al Palacio del Altiplano casi implicaría privarlos de sus derechos.

La petición de Lula da Silva ha sido respaldada por figuras internacionales de todo el planeta. Más de una decena de congresistas estadounidenses y el senador Bernie Sanders escribieron una carta al embajador de Brasil en Washington. Exigieron que Lula fuera liberado mientras su proceso de apelación se llevaba a cabo y condenaron el uso de la lucha contra la corrupción como herramienta para perseguir a los políticos de la oposición. El papa Francisco recibió a un pequeño grupo de amigos de Lula originarios de Brasil, Argentina y Chile hace unos días, y escuchó con atención sus quejas.

Aunque Lula da Silva insiste en que la única opción es su candidatura, su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), tiene un plan B. En este escenario, el exalcalde de São Paulo y actual candidato a la vicepresidencia, Fernando Haddad, acabaría en la boleta si las protestas, los recursos jurídicos y esfuerzos de la campaña internacional de Lula no rinden frutos. En caso de que el exlíder sindical pueda transferir suficientes votos a su remplazo, podría ganar en la segunda vuelta de la elección, programada para el 28 de octubre. No obstante, si la transferencia no funciona del todo y se niega al PT la victoria de uno u otro modo, los desafíos para Brasil pueden ser abrumadores.

Existe una complicación adicional derivada del contexto regional en el que este drama se está desarrollando. En varias naciones latinoamericanas, las prohibiciones por parte de los mandatarios en funciones a los opositores que contienden a la presidencia se han vuelto la norma. En Nicaragua, en 2016, Daniel Ortega abatió o intimidó a una cantidad suficiente de rivales —en particular al más fuerte, Eduardo Montealegre—, para acabar ganando con un 72 por ciento de los votos y prácticamente sin impugnaciones. En Venezuela este año, Nicolás Maduro se aseguró de que los principales candidatos de la oposición, Henrique Capriles y Leopoldo López, no pudieran contender. Solo un candidato medio falso se opuso a Maduro.

En otros países, también hubo intentos para prohibir a candidatos que aparecieran en la boleta o desalentarlos de hacerlo; entre los afectados estuvieron desde el líder mexicano de la oposición López Obrador en 2005 (quien obtuvo la victoria en las elecciones de julio de este año) hasta varios candidatos guatemaltecos a los que se les prohibió contender debido a cargos de corrupción, cláusulas de antinepotismo y violaciones a los derechos humanos.

Al igual que en Brasil, muchos de estos casos —no todos, evidentemente— son engañosos. Algunos contendientes fueron descalificados por razones válidas, o al menos legales. Otros fueron víctimas incuestionables de persecución política. Resulta difícil cuestionar la idea de que el caso de Lula más bien cae en las categorías de Venezuela y Nicaragua, y no en las otras. Salvo que la democracia brasileña no está colapsando ni se está asesinando a los manifestantes en las calles ni se está encarcelando a los estudiantes ni callando a los medios. Como The Economist advirtió hace algunos meses, puede que los jueces sean quienes gobiernan Brasil, pero no hay una dictadura.

Aunque creo que la revelación del escándalo Lava Jato y la diligencia de jueces como Moro han sido benéficos para Brasil y América Latina, prefiero ver a Lula en la boleta electoral que en la cárcel.

Las acusaciones en su contra son demasiado endebles, el supuesto crimen tan menor —hasta ahora—, la sentencia tan evidentemente desproporcionada y los riesgos tan altos que, en la América Latina de hoy, la democracia debería imponerse, por así decirlo, al Estado de derecho. En un mundo ideal, los dos van de la mano, y sin duda no chocan entre sí. En Brasil, lo hacen. Yo estoy con la democracia, con todo y sus defectos.

 

Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003, es profesor de la Universidad de Nueva York y columnista de opinión de The New York Times.

Publicado en https://comitelulalivre.org

 

La ONU determina que el ex presidente compita en las elecciones

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó el viernes 17 de agosto, que el Estado brasileño tome medidas para garantizar los derechos políticos de Luiz Inacio Lula da Silva como candidato.

La decisión, con carácter liminar, atendió la petición de los abogados brasileños del petista Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin Martins, además del británico Geoffrey Robertson.

El mandato apunta a la necesidad de que Brasil, por medio de sus autoridades, "tome todas las medidas necesarias para permitir que el autor [Lula] disfrute y ejercite sus derechos políticos de la prisión como candidato en las elecciones presidenciales de 2018, incluyendo acceso apropiado a la prensa ya miembros de su partido político ". El documento continúa afirmando que es necesario "no impedir que el autor [Lula] concurra en las elecciones presidenciales de 2018 hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo y que la condena sea final".

La posición del Comité se basó en la potencial violación del artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles de la ONU, del que Brasil es signatario desde 1992, y la posibilidad de ocurrencia de daños irreparables a Lula. En 2009, el país reconoció la jurisdicción del Comité.

El referido artículo estipula que "todo ciudadano tendrá el derecho y la posibilidad, sin ninguna de las formas de discriminación y sin restricciones infundadas: a) de participar en la conducción de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; b) de votar y de ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igualitario y por voto secreto, que garanticen la manifestación de la voluntad de los electores, c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

En una nota, los abogados de Lula afirman que, a partir del posicionamiento del Comité, "ningún órgano del Estado Brasileño podrá presentar ningún obstáculo para que el ex Presidente Lula pueda concurrir en las elecciones presidenciales de 2018 hasta la existencia de una decisión transitada en juzgado un proceso justo, así como será necesario franquear a él acceso irrestricto a la prensa ya los miembros de su coalición política durante la campaña ". Luiz Felipe Albuquerque, Brasil Fato

 

Inscripción a candidatura

A pesar de la presión para que el Tribunal Superior Electoral (TSE) acelere el proceso de juzgamiento de un posible pedido de impugnación de la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva, la Justicia Electoral tiene plazos legales a cumplir y, en última instancia, la palabra final es del Supremo Tribunal Federal (STF). En las elecciones de 2016, 145 candidatos se inscribieron y participaron en las elecciones estando enjuiciados, finalizado el proceso electoral, 70% de ellos consiguieron revertir la desestimación de sus candidaturas.

El Partido de los Trabajadores inscribió la candidatura de Lula el miércoles 15 en el TSE, realizando un gran acto político en Brasilia, que contó con 50.000 asistentes.

Para el abogado Fernando Amaral, especialista en Derecho Electoral, la previsión del tránsito en juzgado y la presunción de inocencia, previstos en la Constitución Federal, tienen prevalencia sobre los dispositivos contenidos en la Ley de Ficha Limpia, principalmente porque los recursos relativos a la condena en el caso del triplex de Guarujá (SP) aún no se agotaron. “El hecho que me parece evidente, en el caso del presidente Lula y en el caso de las otras elecciones, es que la cláusula constitucional, que define la pérdida de los derechos políticos e impide candidaturas, es una cláusula que exige agotar todas las instancias del juicio. No es el caso del presidente Lula”, afirma.

Según Amaral, al mismo tiempo que existe el entendimiento de que la decisión en segundo grado vuelve al candidato inelegible por ocho años, también es verdad que al no haberse agotado todas las instancias, se abre la posibilidad de revertir la situación jurídica. “Si es verdad que la Justicia Electoral juzgó y aplicó la Ley de Ficha Limpia, también existe otro precedente”, dice. “Vamos a suponer que el proceso del presidente Lula fuera juzgado por algunas de las instancias en ese momento y tuviese algún tipo de reversión, eso no es imposible que suceda.  ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos sacar a un candidato escogido con base en qué?”, indaga.

Según Amaral, la posibilidad de que la Justicia Electoral desestime de oficio o inclusive rápidamente el pedido de inscripción de la candidatura de Lula irá manchar el proceso electoral. “El Poder Judicial tiene que tener mucha responsabilidad en el juzgamiento de ese pedido de inscripción del presidente Lula porque no puede en ese caso tener un tratamiento absolutamente diverso de la tradición de la jurisprudencia que existe”, afirma al defender que la Justicia Electoral, inclusive, leve en consideración las pruebas de inocencia presentadas por los abogados de Lula en relación al caso triplex. “Cualquier posibilidad para hacer de oficio, como acelerar, me parece absolutamente arriesgado para el proceso democrático”, completa.

Al hacer críticas al activismo del Poder Judicial, el abogado va más allá y defiende que soberanía popular, una vez que Lula está en primer lugar disparado en las encuestas de intención de voto, sea tomada en cuenta. “Tenemos un problema objetivo en el proceso judicial brasileño, que es ese activismo que absolutamente notable en los últimos años. El Poder Judicial, desgraciadamente, se ha posicionado en varios momentos, antes de que el caso concreto llegue para análisis de los jueces, de los magistrados, eso además de ser peligroso, en la teoría del buen derecho lastima la ecuanimidad de los jueces”, afirma.

“Quien tiene que decidir quien gobernará es el pueblo, aquel que la Constitución determina quien va a escoger quien va a gobernar por los próximos años es el voto. Sin permitir ese debate, queda evidente que el presidente fue impedido del derecho de postular a su candidatura”, añade. Fernando Amaral enfatiza además que el STF tiene el deber de enfrentar esa cuestión “independientemente de la cuestión jurídica”. “Si el presidente Lula va a segunda vuelta eso tiene un significado importante […], no da para decir que la población no sabe lo que sucedió, la población juzgó y ahí ¿nosotros no vamos a discutir en ningún momento la soberanía popular?”, cuestiona.

Por más que el TSE sea ágil, conforme parecer jurídico encomendado por el PT, inclusive cumpliendo los plazos mínimos, la decisión más rápida posible ocurriría hacia la mitad de la campaña, cerca de 25 días después de la inscripción.

Los alcaldes que estaban siendo procesados, en las últimas elecciones fueron electos sin que siquiera hubiera decisión sobre sus candidaturas. Hubo casos en que la Corte demoró 150 días para valorar. Con base en esos datos, el PT pretende llevar la candidatura del ex presidente Lula adelante, inclusive porque sus derechos políticos no están casados, lo que está garantizado por la Constitución. Vale recordar que, inclusive durante el proceso de juzgamiento de la impugnación, el puede hacer campaña y, a partir de la inscripción, Lula puede participar en debates y conceder entrevistas.

En caso de que el TSE decida impedir que Lula participe sobre la base de la Ley de Ficha Limpia, el líder petista todavía tiene el derecho de apelar al STF, pero el partido tendrá una encrucijada por delante, pues la legislación electoral determina el 17 de septiembre, como el plazo final para el cambio de candidatos a la Presidencia. Hasta esa fecha el partido tendrá que escoger entre sustituir a Lula o apelar. En la segunda hipótesis, existe oportunidad legal de que el nombre del ex mandatario, líder en las encuestas, figure en las urnas electrónicas, incluso preso. En caso de victoria, un dispositivo previsto en la Ficha Limpia asegura este derecho hasta la posesión del candidato electo. Y esa debe ser la opción de Lula y del PT.  Por Katia Guimarães, editado por Rafael Tatemoto | Traducción: Pilar Troya.  https://comitelulalivre.org/es



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