Prórroga a la concesión del sistema troncal del Paraná abre opciones estratégicas

Buenos Aires, 30/04/2021.- La decisión de la prórroga fue adoptada por Gabriel Katopodis, quien se encuentra a cargo del Ministerio de Transporte, tras la muerte de Mario Meoni.

El jueves 29 de abril, un día antes del vencimiento de la concesión al consorcio privado, para la “modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado”, entró en vigencia la Resolución 129/2021. De esta manera, el consorcio Hidrovía SA -conformado por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA- continuarán a cargo de la operatoria por tres meses, en el transcurso de los cuales sostendrá el formato de operación que rige desde la firma hace 25 años, del decreto 235/1995, definido como contrato de concesión de obra pública por peaje. Este mecanismo habilita a la empresa a cobrar fletes por el servicio, que equivalen al 4% del PBI nacional por año.

Queda pendiente la discusión de un modelo del cual se desprende la expulsión de la Argentina de su propio sistema fluvial, utilizado por flotas mercantes extranjeras para transitar hacia el Atlántico, tomando como punto troncal el puerto de Montevideo. El diseño actual impide la circulación de las embarcaciones argentinas por sus propios canales a lo largo de su propia vía troncal de navegación Paraguay-Paraná-Rio de la Plata, e incluso a lo largo de la propia costa marítima del Atlántico Sur, según explica el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti en sus intervenciones, que pone de relieve que los sistemas fluviales son tan estratégicos, que en Estados Unidos es el propio Departamento de Defensa el que se ocupa del dragado. Estamos frente al conflicto geopolítico de ocupación del Cono Sur por actores que responden a sus intereses, y dejan a la Argentina en una visión del país fragmentada. En este sentido, el dragado del Canal de Magdalena, abandonado en estos cuatro años, se transformaría en la solución para recuperar canales soberanos de navegación de salida al Atlántico. La Audiencia Pública del 7 de mayo será una oportunidad para discutirlo, sostiene el experto.

La Comisión Bicameral

Mientras tanto, un proyecto de ley surgido con el aval del ex canciller Jorge Taiana, hoy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, recibió el dictamen favorable del plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Se trata de la creación de una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso para el seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso de concesión y funcionamiento del corredor Paraná-Paraguay del Sistema de Navegación Troncal, muchas veces mencionado con el nombre de la empresa Hidrovía SA.

En su intervención en el plenario, el senador Jorge Taiana diferenció a la Hidrovía

de la vía central troncal, que es territorio exclusivamente argentino, desde la confluencia del Paraguay y el Paraná hasta el Río de la Plata con el tratamiento diferenciado del Canal Magdalena y su dimensión estratégica. Se refirió a la estructura de este sistema y su importancia y también a sus limitaciones y posibilidades; a la necesidad de pensar cuál es la Argentina que queremos para los próximos veinticinco años, con exportaciones y conectividad. Señaló la

importancia de la Comisión bicameral que se crea por la forma en que colaborará en la resolución de temas políticos centrales, con debates ambientales, con definición de trazas y con desarrollo de mecanismos de control, hoy inexistentes, que generan problemas como el contrabando, la sub o sobrefacturación, evasión fiscal, con daño directo sobre la economía y la comisión de delitos complejos.

El proyecto de ley fue presentado por María de los Angeles Sacnun. La iniciativa propone que la comisión quede integrada por seis senadores y seis diputados, representantes de las distintas provincias afectadas, designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara legislativa, y que pueda solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con el canal manejado por la empresa Hidrovía SA, y del Sistema de Navegación Troncal, tanto en lo que se refiere al sector privado como al público, así como a los organismos locales e internacionales. El proyecto contó con el apoyo explícito del entonces ministro de Transporte, Meoni, en la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía llevada a cabo en Rosario el día 22 de febrero de 2021.

La Comisión, según la presentación de la senadora Sacnun, tendrá la facultad de citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes, como así también a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación. También podrá requerir información vinculante a las Universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.

La senadora santafesina destacó que “si accedemos a los estudios que se han realizado en las Naciones Unidas en el año 2017, se observa que la Argentina pierde por año el 4 por ciento de su PBI. Estamos hablando de 21 mil millones de dólares, mientras nosotros discutimos cómo hacemos para que los recursos de la República Argentina alcancen para hacer efectivos todos los derechos que consagra la Constitución Nacional, que no es más ni menos que ese gran contrato social que hemos celebrado entre todos los argentinos y las argentinas”.

“Creemos que es muy importante que el Parlamento no delegue facultades y ejerza efectivamente sus funciones de contralor”, sostuvo la senadora. “No solamente estamos debatiendo el dragado o el balizamiento, sino que estamos discutiendo un proyecto de Nación, un proyecto de país, con el consiguiente desarrollo de las economías regionales. Constituir una Comisión Bicameral es materializar el rol constitucional del control en cabeza del Parlamento. El contralor del Estado en el Sistema de Navegación Troncal es fundamental para evitar los delitos federales que se cometen en el Paraná, y que tienen que ver con la criminalidad económica, el contrabando, la evasión fiscal, la trata de personas y el narcotráfico”.

“Si no ponemos la mirada de contralor sobre el flujo de mercadería y la evasión de los recursos que la Argentina requiere para despegar y salir adelante, por parte de las empresas transnacionales, estaríamos equivocándonos. La Argentina figura entre los cinco países del mundo más afectados por la pérdida de ingresos fiscales a manos de los consorcios transnacionales. Imagínense si no es importante que el Congreso de la Nación Argentina lleve adelante el contralor”, aseguró Sacnun.

Al cerrar la reunión, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, destacó el desarrollo de la marina mercante, la sanción de la ley 27.419 y su impacto en la creación de puestos de trabajo y en los fletes. Vinculó además estas consideraciones con el modelo de Nación por encima de los posicionamientos políticos partidarios, con el impacto en la recaudación. Sabemos que en la balanza de la República Argentina hay aproximadamente 4500 millones de dólares de fletes con lo cual, ahí tenemos que tener una mirada muy concreta a la hora del desarrollo del empleo y de la marina mercante en nuestro país, concluyó.

La Comisión Bicameral podría ser caja de resonancia de la discusión de las propuestas que circulan. Una idea evaluada es que tras un período de transición, se realice una nueva licitación para que puedan presentarse otras empresas y además se defina un nuevo tipo de funcionamiento, en el que haya más control e incluso un rol más activo del Estado en la propia actividad.

Otra alternativa sería la creación o el fortalecimiento de un ente o empresa estatal para que el mantenimiento del tramo correspondiente a la Argentina de la Hidrovía Paraguay-Paraná quede directamente a cargo del Estado Nacional, acaso asociado con las provincias ribereñas.

Serán tres meses de intensa actividad para definir si habrá una nueva licitación para concesionar la vía navegable troncal de la Argentina a un prestatario privado o si se optará por otro formato o modalidad, con un retorno de funciones al Estado, con los cambios que implicaría para el desarrollo nacional.