México pondría en marcha una Comisión Nacional Anticorrupción

Una vez que la responsabilidad legislativa de completar el paquete financiero y presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 se ha cumplido, toca analizar y valorar las siguientes acciones y decisiones que deberán adoptarse para mantener un ritmo adecuado en los procesos de ajuste institucional y de mejora de los marcos legislativo y de políticas públicas.

En este sentido, parece incuestionable que lo que los legisladores federales deberán hacer en las últimas semanas del año es discutir y aprobar las reformas que aún están pendientes. Algo semejante puede decirse y esperarse de los órganos legislativos en las entidades federativas, y de los cabildos de algunas de las principales ciudades del país, en las que se requiere urgentemente la actualización de sus respectivos reglamentos, bando y normas.

Como destaca el título de esta colaboración, la asignación del nuevo presupuesto federal tendría que ser complementada con la adopción de una política nacional de combate a la corrupción, tal y como la ofreció el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y que luego presentó como iniciativa de reformas legales en diciembre de 2012.

La iniciativa presentada asume como propias algunas de las principales definiciones y posturas públicas en torno al problema, pues reconoce la multidimensionalidad y la multicausalidad que le afectan. Con ello, la propuesta presidencial se ubica en un punto de avanzada respecto a lo que tiene que hacerse para combatir este fenómeno, además de darle un carácter institucional como órgano autónomo, semejante al que gozan el IFE y el IFAI.

No obstante, el tono vanguardista de la propuesta presidencial se enfrenta al reto de asegurarse que cuenta con los fundamentos normativos y operativos para su adecuada implantación y funcionamiento. Esto quiere decir que, al momento en que se decida crear la esperada Comisión Nacional Anti-Corrupción –según lo planteado en la referida iniciativa–, se pondrá a prueba la solidez del entramado jurídico-administrativo sobre el cual se pretende instaurar.

Es importante tener en cuenta que la puesta en operación de la futura comisión no puede ni debe limitarse a un acto de carácter formal y protocolario, que luego deba esperar meses para alcanzar una definición operativa y funcional. Esto es así porque el reto principal que habrá de enfrentar la comisión, y que es el mismo que afecta al resto de los nuevos órganos autónomos, se encuentra en que sea capaz de atender y procesar debidamente el alud de demandas y casos que se presentarán al día siguiente de que se formalice su creación.

Para nadie es novedoso que existe una gran expectativa social respecto del trabajo que tendrá que realizar. En claro contraste con la labor de otros órganos creados o reformados, la esperada política de combate a la corrupción ya acumula una gran cantidad de querellas y asuntos que reclaman respuestas y acciones a todos los niveles. Lo que sigue entonces es reconocer que la labor de quienes estén a cargo de la creación de la comisión tendría que entenderse y definirse como un reto de gestión operativa, más que uno de identificación de derechos o de procesos legales.

El énfasis debe ser puesto en establecer rápidamente una tipología de casos de corrupción que luego derive en mecanismos de atención que contemplen obligadamente la corrección de los factores que la promueven, la reparación del daño social o institucional, y el procesamiento de los involucrados, sean estos servidores públicos o ciudadanos.

Son estos tres elementos –prevención, reparación y castigo–, y su gestión integrada, el núcleo más central de todo el proceso de creación y puesta en marcha de la nueva Comisión Nacional Anti-Corrupción. Una forma adecuada de entender los alcances de este asunto pasa por la comprensión de los tipos de asuntos y problemas que estarán bajo la lupa y consideración del nuevo órgano autónomo. Algunos ejemplos pueden ser útiles para este propósito.

Un ejemplo que ilustra adecuadamente el tipo de aproximación conceptual y práctica que requerirá la nueva comisión es el desarrollado recientemente por la Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara, en Jalisco. Esta Oficina elaboró a principios de 2013 una tipología, a partir de su propia base de datos, y contempla cuatro formas básicas en que pueden ocurrir actos de corrupción, dependiendo principalmente del actor responsable del mismo. De esta manera, la referida oficina municipal de combate a la corrupción persigue cuatro tipos básicos: dos de naturaleza endógena o impulsada por los servidores públicos, y dos de naturaleza exógena o promovida por los ciudadanos u organizaciones sociales.

Teniendo en cuenta las implicaciones del uso de una tipología como ésta, es importante también señalar que las estructuras y procesos que conformen a la futura comisión no tendrían que limitarse al ejercicio de funciones de fiscalía, en el sentido anglosajón del término; ni mucho menos al estudio de casos y a la emisión de resoluciones parecidas o semejantes a las que hoy en día emiten los institutos de transparencia  o las comisiones de derechos humanos.

Tocará a este nuevo organismo autónomo de rango constitucional establecer procedimientos de trabajo que, a partir de las denuncias que se le presenten, deriven en un amplio entendimiento de las causas y factores que generan corrupción, para luego producir soluciones que anulen o, cuando menos, desvirtúen su decisiva influencia.

Si lo dicho anteriormente es acertado y propicio para que la nueva Comisión alcance resultados prontos y efectivos, luego entonces se requiere que quienes la conformen asuman un compromiso irrestricto con el cumplimiento de su función. Compromiso que tendrá que demostrarse tanto en la trayectoria previa de vida como en la actuación posterior al paso por el organismo.

Sólo así es posible afirmar que habrá un desempeño ético escrupuloso, y no actitudes y comportamientos oportunistas, como los que han afectado en el pasado reciente a organismos cercanos como el IFE o el IFAI.

*Director de DIVIP Asociación Civil, ppsosa@hotmail.com
Publicado en Cronica.com.mx