Coordinación energética del Caribe y Suramérica
* El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, señaló que se coordinará el bloque suramericano con el del Caribe para trabajar en seguridad energética y las asimetrías en esa materia con Norteamérica
* 20 organizaciones firmaron una declaración señalando las falencias del Acuerdo de Cartagena de Indias en relación con la reincorporación de Honduras a la OEA, como las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto del golpe de Estado
REUNION DE MINISTROS DE ENERGIA PREVÉ COORDINACION ENERGETICA DEL CARIBE Y AMERICA DEL SUR
Caracas, 13 de mayo- El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, participó en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, con representantes ministeriales de países de la región en una discusión sobre seguridad y cooperación energética.
El funcionario señaló a la prensa local que hay algunas propuestas en torno a la integración energética para América Latina. En particular dijo que al haberse avanzado en esquemas solidarios en cooperación energética se quiere coordinar el bloque suramericano con el del Caribe, para trabajar en seguridad energética y las asimetrías en esa materia con Norteamérica.
Resaltó que se quiere construir una institucionalidad energética en la región, donde ya se adelantan muchos proyectos y empresas mixtas.
El encuentro terminó cuando se conformó una reunión ministerial instalada por el canciller Nicolás Maduro, y donde temas de integración energética se van a debatir y aprobar por las naciones latinoamericanas.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ACUERDO DE CARTAGENA DE INDIAS Y LA POSIBLE REINCORPORACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA OEA
20 organizaciones firmaron una declaración señalando las falencias del Acuerdo de Cartagena de Indias en relación con la reincorporación de Honduras a la OEA
30-05-11
Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.
Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.
El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.
Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.
Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.
Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:
1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;
2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;
3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y
4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.
30 de mayo de 2011
Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras
Asociación LGBT Arco Iris - Honduras
Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras
Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras
Diakonia - Suecia
Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras
Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras
Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras
Solidaridad Mundial - Bélgica
Red Lésbica Cattrachas - Honduras
Rights Action
Fuente: CEJIL
Caracas, 13 de mayo- El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, participó en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, con representantes ministeriales de países de la región en una discusión sobre seguridad y cooperación energética.
El funcionario señaló a la prensa local que hay algunas propuestas en torno a la integración energética para América Latina. En particular dijo que al haberse avanzado en esquemas solidarios en cooperación energética se quiere coordinar el bloque suramericano con el del Caribe, para trabajar en seguridad energética y las asimetrías en esa materia con Norteamérica.
Resaltó que se quiere construir una institucionalidad energética en la región, donde ya se adelantan muchos proyectos y empresas mixtas.
El encuentro terminó cuando se conformó una reunión ministerial instalada por el canciller Nicolás Maduro, y donde temas de integración energética se van a debatir y aprobar por las naciones latinoamericanas.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ACUERDO DE CARTAGENA DE INDIAS Y LA POSIBLE REINCORPORACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA OEA
20 organizaciones firmaron una declaración señalando las falencias del Acuerdo de Cartagena de Indias en relación con la reincorporación de Honduras a la OEA
30-05-11
Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.
Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.
El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.
Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.
Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.
Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:
1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;
2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;
3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y
4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.
30 de mayo de 2011
Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras
Asociación LGBT Arco Iris - Honduras
Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras
Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras
Diakonia - Suecia
Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras
Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras
Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras
Solidaridad Mundial - Bélgica
Red Lésbica Cattrachas - Honduras
Rights Action
Fuente: CEJIL
mercosurabc
