La OEA apoyó a la Argentina por Malvinas
Washington, 16/ 6.- La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy en Washington por aclamación una Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, llamando una vez más al Reino Unido y a la República Argentina a reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía.
En la Declaración, los países americanos reafirmaron “la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia.”
En su intervención ante el plenario del Organismo, el Canciller Héctor Timerman dijo que “cuando la Corona británica usurpó las Islas Malvinas, para continuar con su expansión imperial, lo hizo con una lógica estratégica y de apropiación de recursos naturales. Al igual que en 1833, estas mismas consideraciones son, en el presente, las razones de la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur.”
Al referirse a la ilegal exploración de los recursos naturales del mar argentino, el Canciller subrayó que “en el transcurso de los últimos meses, el Atlántico Sur ha sido testigo de nuevas actividades británicas de exploración hidrocarburífera en proximidades de Malvinas. Ante esta situación de ilegalidad manifiesta, la Argentina lleva adelante un plan de acciones legales y penales dirigido a proteger sus recursos hidrocarburíferos.”
Por último, Timerman expresó que “la declaración que hoy estamos considerando se enmarca en la búsqueda de un orden internacional más justo en el que impere el derecho internacional y las controversias sean resueltas por medios pacíficos. Un orden en el que los países más poderosos deban también someterse a las normas que deben regir para todas las naciones por igual.”
Malvinas: Argentina exhorta a reanudar negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El 10 de junio, la República Argentina conmemoró la fecha de creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desde su primeros pasos como Nación independiente, la Argentina, en su condición de heredera de los territorios del Atlántico Sur que habían pertenecido a España, ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo al dictado de las normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio de su soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el establecimiento de población y una oficina administrativa local. La culminación de dicho proceso fue el dictado del Decreto estableciendo la Comandancia Cívica Militar de Malvinas, en la fecha que hoy recordamos, a cuyo frente fue designado D. Luis Vernet.
El 3 de enero de 1833, quebrantando la integridad territorial argentina, el Reino Unido ocupó las islas y desalojó a los habitantes y las autoridades argentinas, procediendo a ejercer un férreo control migratorio e impidiendo la radicación de argentinos provenientes del territorio continental con la finalidad de configurar una población a la medida de sus pretensiones coloniales. En más de 180 años, la Argentina nunca consintió la usurpación británica.
El 16 de diciembre de 2015 se cumplen cincuenta años de la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la cual toda la comunidad internacional reconoció la existencia de la disputa de soberanía y llamó a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a negociar sin demora a fin de encontrar una solución pacífica al problema. Cincuenta años han transcurrido sin que este importante mandato haya sido cumplido en su totalidad. Cincuenta años, a pesar de que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas lo siguieron reiterando en más de cuarenta resoluciones hasta el presente.
La posición argentina cuenta con un amplio respaldo internacional. América Latina y el Caribe apoyan firmemente nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Dicha solidaridad se extiende también a países de otras regiones, como las 54 naciones africanas que en 2013 suscribieron la declaración de Malabo (Guinea Ecuatorial) en la que reconocieron los derechos de soberanía argentinos.
Por su parte, múltiples organismos y foros internacionales instan a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía de manera pacífica y definitiva, entre ellos se destacan la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de los 77 más China, las Cumbres Iberoamericanas y las Cumbres de Países Sudamericanos y Arabes (ASPA).
A pesar del tiempo transcurrido y de las innumerables invitaciones al diálogo de la República Argentina, el Reino Unido se niega a reanudar las negociaciones de soberanía. Negociaciones – que en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas fueron llevadas a cabo durante dos décadas y en cuyo marco las Partes consideraron diferentes alternativas para resolver la disputa.
La negativa al diálogo encubre, además, una injustificada presencia militar británica en el Atlántico Sur, la que ha generado una creciente preocupación en la comunidad internacional, conforme ha sido expresado por diversos foros regionales y birregionales, así como por países de nuestra subregión que han señalado que la presencia de una potencia extra regional en las Islas Malvinas incide negativamente en el Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación y constituye una amenaza latente.
Tampoco contribuye al diálogo la implementación de operaciones masivas de espionaje electrónico sobre líderes políticos y estructuras militares de nuestro país, que violan el derecho a la privacidad conforme a lo establecido en las Resoluciones 68/167 y 69/166 de las Asamblea General de las Naciones Unidas.
A esto deben sumarse las ilegítimas actividades de exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas por el Reino Unido en el Atlántico Sur, que son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la controversia esté pendiente de resolución, lo que también ha sido señalado por otros foros de América Latina y otras regiones.
El MERCOSUR, el Grupo de los 77 más China, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) han reconocido explícitamente el derecho de la Argentina a emprender acciones legales con pleno respeto del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Resulta importante poner de relieve que las consecuencias de los actos unilaterales británicos no se limitan al tiempo presente, sino que se proyectan sobre las futuras generaciones. Los recursos pesqueros podrían ser sobreexplotados y los yacimientos de hidrocarburos, que pertenecen a cuarenta millones de argentinos, agotados. O podría ocurrir un accidente durante las operaciones para extraer hidrocarburos que impactase sobre el entorno prístino de las Islas. Un derrame de petróleo de gran magnitud en el área tendría un impacto significativo en el ecosistema, que podría perdurar durante décadas.
De hecho, ha causado gran preocupación la falla en el funcionamiento de la válvula de seguridad de la plataforma Eirik Raude que se encuentra operando ilegalmente en aguas cercanas a las Islas Malvinas. Las operaciones de la plataforma debieron suspenderse en abril a raíz del mal funcionamiento de la válvula de seguridad, mecanismo esencial de prevención con que cuentan las plataformas hidrocarburíferas para evitar desastres ambientales. En efecto, una falla en estos sistemas fue lo que provocó la tristemente célebre catástrofe ambiental en el Golfo de México.
Los países del MERCOSUR y la UNASUR, en tanto, asumieron compromisos concretos a fin de no facilitar las actividades de naves que tengan por fin apoyar de manera directa las actividades hidrocarburíferas que afecten los derechos argentinos en su plataforma continental e impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que enarbolen la bandera ilegal de las Islas.
La recuperación pacífica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como lo establece la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
La República Argentina reitera una vez más su derecho inalienable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a las que nos exhorta las Naciones Unidas para dar una solución definitiva a esta tan inaceptable como anacrónica situación colonial. Dirección de Prensa de Cancillería
Elección del Dr. Zaffaroni a la corte interamericana de derechos humanos
El ex miembro de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, fue elegido hoy como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en Washington DC.
La decisión del Gobierno Argentino de postular al Dr. Zaffaroni fue tomada no sólo por la relevancia que tiene la Corte Interamericana en la salvaguarda de los derechos humanos en la región, sino también por la larga y frondosa trayectoria del Dr. Zaffaroni en los desarrollos legislativos, jurisprudenciales y políticas públicas en derechos humanos en la Argentina y América Latina.
Su compromiso con la justicia y su acción por la defensa de las libertades individuales y la libertad de expresión; su ecuanimidad y respeto a las instituciones; sus aportes doctrinarios de excelencia en la teoría y práctica del derecho penal internacional; y su profunda sensibilidad y experiencia en la lucha contra la discriminación, fomentarán una Corte Interamericana plenamente involucrada en la construcción de una región más justa, solidaria e inclusiva.
Esta elección constituye un gran honor para la República Argentina, ya que significa un reconocimiento de la comunidad internacional al compromiso de nuestro país con las acciones que se llevan adelante en pos del respeto, promoción y protección de los derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido instrumentada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que entró en vigor en 1978- como uno de los dos órganos regionales competentes para entender sobre las violaciones a los derechos humanos en el continente americano.