Países aprueban instrumento regional sobre acceso a información, participación y justicia ambientales
Los delegados de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo finalizaron hoy en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, una reunión en la que acordaron una hoja de ruta para su cabal implementación a nivel regional.
(7 de noviembre, 2012) Los delegados de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo finalizaron hoy en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, una reunión en la que acordaron una hoja de ruta para su cabal implementación a nivel regional.
Los representantes de las naciones asistentes saludaron la adhesión de Brasil a la Declaración y consensuaron una hoja de ruta con el fin de contar con un instrumento regional en materia de derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, ámbitos que consagra el Principio 10, aprobado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, de 1992.
El documento fue aprobado hoy al término de la Primera Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.
En el texto los delegados declaran que la información es la piedra angular de todas las sociedades democráticas y que es imprescindible incorporar al dominio público la información ambiental, haciendo todo lo posible por garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a ella.
Asimismo, reconocen que es imprescindible promover la participación de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo de los temas que constituyen la agenda ambiental de la región.
En la hoja de ruta aprobada los países signatarios señalan que los objetivos principales del instrumento regional deben ser alcanzar una visión común sobre la importancia y los beneficios de los derechos de acceso del Principio 10 y reconocer las condiciones particulares de cada país signatario.
También agregan que debe promover el intercambio y la cooperación regional e internacional, considerando los avances y prácticas existentes en la materia, promover la realización de actividades dirigidas a la sociedad civil y al sector público, y organizar un proceso incluyente que permita la contribución de todos los sectores involucrados.
Reafirmaron la importancia que tienen la participación y las contribuciones de la sociedad civil en este proceso, que está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe, para lo cual se considerarán medidas como la mantención de información actualizada y la realización de consultas electrónicas, entre otras.
Para la implementación de la hoja de ruta, los representantes de los países acordaron un plan de acción que contará con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entidad de las Naciones Unidas que actúa como secretaría técnica del proceso.
El avance de este plan de acción se discutirá durante el primer cuatrimestre de 2013 y prevé la realización de encuentros de puntos focales al menos una vez al año, la consideración de propuestas y recomendaciones emanadas de los procesos de consulta nacional, incluidos aquellos llevados a cabo por los organismos de las Naciones Unidas en función de los acuerdos alcanzados en la conferencia Río+20.
Además se acordó la elaboración de un informe sobre la situación de los derechos de acceso del Principio 10 en los países signatarios, así como de otro documento en que se compilen prácticas en esta materia tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, el plan de acción aprobado hoy contempla la realización de un proceso de consulta con el objetivo de definir la naturaleza y contenidos del instrumento regional para la implementación del Principio 10.
Los representantes de las naciones asistentes saludaron la adhesión de Brasil a la Declaración y consensuaron una hoja de ruta con el fin de contar con un instrumento regional en materia de derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, ámbitos que consagra el Principio 10, aprobado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, de 1992.
El documento fue aprobado hoy al término de la Primera Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.
En el texto los delegados declaran que la información es la piedra angular de todas las sociedades democráticas y que es imprescindible incorporar al dominio público la información ambiental, haciendo todo lo posible por garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a ella.
Asimismo, reconocen que es imprescindible promover la participación de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo de los temas que constituyen la agenda ambiental de la región.
En la hoja de ruta aprobada los países signatarios señalan que los objetivos principales del instrumento regional deben ser alcanzar una visión común sobre la importancia y los beneficios de los derechos de acceso del Principio 10 y reconocer las condiciones particulares de cada país signatario.
También agregan que debe promover el intercambio y la cooperación regional e internacional, considerando los avances y prácticas existentes en la materia, promover la realización de actividades dirigidas a la sociedad civil y al sector público, y organizar un proceso incluyente que permita la contribución de todos los sectores involucrados.
Reafirmaron la importancia que tienen la participación y las contribuciones de la sociedad civil en este proceso, que está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe, para lo cual se considerarán medidas como la mantención de información actualizada y la realización de consultas electrónicas, entre otras.
Para la implementación de la hoja de ruta, los representantes de los países acordaron un plan de acción que contará con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entidad de las Naciones Unidas que actúa como secretaría técnica del proceso.
El avance de este plan de acción se discutirá durante el primer cuatrimestre de 2013 y prevé la realización de encuentros de puntos focales al menos una vez al año, la consideración de propuestas y recomendaciones emanadas de los procesos de consulta nacional, incluidos aquellos llevados a cabo por los organismos de las Naciones Unidas en función de los acuerdos alcanzados en la conferencia Río+20.
Además se acordó la elaboración de un informe sobre la situación de los derechos de acceso del Principio 10 en los países signatarios, así como de otro documento en que se compilen prácticas en esta materia tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, el plan de acción aprobado hoy contempla la realización de un proceso de consulta con el objetivo de definir la naturaleza y contenidos del instrumento regional para la implementación del Principio 10.
mercosurabc
