UE aportará cooperación a UNASUR para seguridad
El Programa Eurosocial de la Comisión Europea aportará 25 millones de dólares a los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para cooperación policial, de justicia y carcelaria, anunció hoy en Montevideo el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi.
El ministro hizo estas declaraciones al término de la tercera reunión de ministros del Consejo de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la Unasur.
"Esto no es un apoyo a un país, es un apoyo a la región, y se planteó por consenso que se encomiende a la Secretaria de Seguridad y Justicia de Unasur establecer los contactos con Eurosocial", manifestó Bonomi.
El ministro del Interior de Paraguay, José Francisco de Vargas; y la jerarca de Educación y Cultura de Uruguay, María Julia Muñoz, acompañaron a Bonomi en la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ofrecieron las resoluciones alcanzadas.
Así, se informó de la aprobación por unanimidad de la creación de "una red contra la delincuencia trasnacional y el crimen organizado" que establezca una coordinación policial "con referencia política" de tal manera que sea el Consejo de la Unasur quien discuta las líneas de actuación de las fuerzas se seguridad.
"Antes había una instancia de coordinación policial que no tenía referencia política a un organismo como es la Unasur, que está integrado por los gobiernos. Y en esta red las políticas se discuten en la instancia política y la instrumentación policial de esas políticas se hacen entre policías, que también participan de las instancias técnicas del Consejo de la Unasur", explicó Bonomi.
Otra de las conclusiones de la reunión es el "acuerdo sobre unas reglas mínimas de acceso a la Justicia" para propiciar a los más desprotegidos "espacios de mediación de conflictos más accesible que alivien los largos procesos judiciales", indicó Muñoz.
Actualmente Uruguay ejerce la presidencia protémpore de Unasur, bloque compuesto además por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
En la reunión de hoy tomaron parte también los ministros de Seguridad e Interior de Argentina y Brasil, María Cecilia Rodríguez y Regina Miki, respectivamente; las viceministras del ramo de Ecuador y Venezuela, Carina Argüello y Katherine Haringhton, respectivamente; y los embajadores de Chile y Perú en Uruguay, Mario Fernández y Augusto Arzubiaga, respectivamente.
Además, estuvieron presentes los representantes de la secretaría General de Unasur Luz Jara y David Álvarez.
Eurosocial es un programa para la cooperación entre Europa y América Latina que tiene como objetivo propiciar cambios en las políticas públicas que mejoren la cohesión social a través del aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones de ambas regiones, según se informa en su web.
Apoyo de los ministros de energía de la región a la cuestión de las Islas Malvinas
31/10.- Los Ministros de Energía de los Estados Miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) reunidos en Tarija, Bolivia, aprobaron hoy la Decisión Ministerial XLV/D/507 referida a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las Islas.
La OLADE es una organización internacional creada en 1973 que nuclea a 27 países de América Latina y el Caribe. Su foro principal es la Reunión de Ministros de Energía, que se reúne anualmente.
Por medio de la Decisión XLIV/D/507, los Ministros reiteraron el firme respaldo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC a los derechos de soberanía de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; y reconocieron su derecho a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en dichos espacios.
Durante 2015 el apoyo al plan de acciones legales que lleva adelante el Estado nacional contra dichas actividades ha sido expresado por múltiples foros, incluyendo el Grupo de los 77 y China - actualmente integrado por 134 países - en su última Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Nueva York el pasado 26 de septiembre.
En el encuentro de Tarija, los Ministros de Energía expresaron, además, que las actividades no autorizadas por el Gobierno argentino de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras la disputa de soberanía sobre las Islas permanezca no haya sido resuelta.
En este sentido, afirmaron que, a pesar de lo dispuesto por la Resolución 31/49, el Reino Unido ha continuado realizando actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas, lo cual no contribuye a encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía.
Asimismo, los Ministros manifestaron que los países de América Latina y del Caribe tienen pleno derecho a defender y proteger los recursos naturales presentes en su territorio, en pleno ejercicio de sus derechos soberanos.
Por último, los Ministros tomaron conocimiento de las acciones legales emprendidas por la República Argentina respecto de las empresas involucradas en actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las Islas Malvinas.
Al respecto, cabe recordar que el 9 de abril de 2015 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Cancillería presentaron ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) una denuncia penal contra las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA, y sus directores, gerentes, síndicos o representantes, por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía, en violación de la Ley N°26.915.
Actualmente, se tramita en el ámbito de la Justicia Federal (Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego) el proceso penal contra las referidas empresas.