América Latina debe dar la espalda a la mercantilización de los recursos

Uno muy importante es el de fijar como objetivo un aumento máximo de la temperatura media de la superficie de la tierra de 1,5ºC frente a los 2ºC aceptados por la mayoría de los países. Este objetivo más estricto reduciría significativamente el riesgo de alcanzar puntos de no retorno climático (tipping points), reduciría la vulnerabilidad de los Estados insulares y permitiría una mayor efectividad en la adaptación a los efectos del cambio climático. También parece haber cierto consenso en la idea de que junto a los objetivos acordados a largo plazo, existan revisiones a corto plazo, cada cinco años, que permitan fortalecer –nunca debilitar– la ambición de los compromisos adquiridos.

Aparte de los intereses comunes en materia de adaptación, los países latinoamericanos han sido cruciales en las negociaciones previas a París para incluir un capítulo en el texto de la COP21 sobre “Daños y Pérdidas”, es decir, abordar soluciones, incluyendo una vía de financiación, para afrontar aquellos efectos del cambio climático que ya están aquí –huracanes, sequías, inundaciones– y a los que ya no es posible adaptarse. En general, son también demandas comunes la adecuada financiación y transferencia tecnológica para permitir realizar la transición hacia otro modelo energético y de producción.

El gran reto para América Latina es conseguir que el tránsito hacia un mundo sin emisiones de GEI no se haga mediante políticas continuistas que mantengan y profundicen las injusticias ambientales y sociales del actual modelo. Por ejemplo, las propuestas de mitigación del mayor emisor de la región, Brasil, aunque son ambiciosas, se basan sin embargo en abundar en su política de biocombustibles –que acarreará más degradación de suelo, más pérdida de biodiversidad, más violaciones de los derechos humanos…– y por continuar con la construcción de grandes presas hidroeléctricas que impactarán igualmente territorios y poblaciones. La deforestación, por otra parte, seguirá siendo previsiblemente un problema en el país.

Por su parte, aquellos países latinoamericanos con importantes reservas de combustibles fósiles, desde Argentina a algunos países del ALBA, incluso habiendo avanzado en la incorporación de marcos de protección y otorgamiento de derechos a la naturaleza, siguen encadenados a un modelo extractivista incompatible con la lucha climática.

Si América Latina quiere hacer frente al problema, debe tomar conciencia de que la crisis climática es solo una de las caras de una crisis mayor: la del modelo socioeconómico. Para avanzar hacia soluciones profundas y transformadoras debe dar la espalda a los procesos de mercantilización y financiarización de los recursos que a menudo le imponen los tratados de libre comercio, y debe plantarse ante la imposición de falsas soluciones como los MDL, los planes de expansión de la llamada “agricultura climáticamente inteligente”, o los proyectos REDD+, mecanismos todos ellos que le restarán soberanía, que mantendrán el statu quo, y que se han demostrado hasta ahora ineficaces en la lucha climática. SAMUEL MARTÍN-SOSA RODRÍGUEZ. Estudios de Política Exterior.