El caso de Brasil

En ese sentido, en el año 2012 la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff impulsó la suspensión de Paraguay del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a raíz de la destitución de Fernando Lugo, que calificó de “antidemocrática”. Esta postura tuvo consenso entre los países miembros de los organismos regionales y finalizó con la aplicación de dicha medida. Sin embargo, Paraguay objetó esta decisión y la calificó de intromisión en los asuntos internos, dado que la destitución del Presidente se había realizado mediante un mecanismo constitucional que era el juicio político a través del parlamento.
 

La suspensión del Paraguay se realizó entonces en el marco de la aplicación de la cláusula democrática instrumentada tanto en el Mercosur como en la UNASUR. Es decir, los países miembros de estos organismos interpretaron que un acto del poder legislativo, no podía ir en contra de un acto democrático que restringiera el derecho del pueblo, que por su voto había elegido a un candidato como jefe de Estado.
Esta prevalencia del principio democrático también se evidenció en el caso de Venezuela. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, a principios del año 2016, solicitó la aplicación de la cláusula democrática para dicho país, alegando que había persecución de representantes opositores, presos políticos, proscripción de candidatos para presentarse en las elecciones, entre otras cuestiones. Finalmente el pedido de aplicación de la cláusula democrática no tuvo aceptación, dado que no encontró consenso para su aprobación en el marco de la comunidad regional, y de Brasil, y Venezuela cerró el caso alegando intromisión en los asuntos internos por parte de Argentina.
 

El pasado martes 26 de abril, el tema de la injerencia volvía a tener vida propia. En este caso, el país bajo análisis era Brasil. El Parlasur, en su sesión ordinaria XXXVII debatió sobre la posible suspensión de la presidenta Dilma Rousseff de sus funciones y este asunto encontró a los representantes de este país con posturas enfrentadas. Por una parte, representantes apoyando el juicio político y su legitimidad, y por otra parte, acusando al poder legislativo y judicial como claramente desestabilizadores del orden democrático. Los representantes de Brasil que se oponían a debatir sobre el tema, consideraban que dicha discusión constituía una intromisión en asuntos internos de Brasil y que el Parlasur no tenía derecho en realizar ningún acto que promueva la injerencia extranjera. Por otra parte, el viernes 22 de abril, la presidenta Dilma Rousseff, durante su discurso ante Asamblea General de las Naciones Unidas,  había mencionado el tema en su discurso  aludiendo que el pueblo brasileño que luchó contra el autoritarismo sabrá cómo reaccionar ante su posible destitución.
 

En este último caso, como en los anteriores, claramente se produce un conflicto entre los principios de no injerencia y el principio del orden democrático. La estructura republicana de estos países no tiene importancia, el principio democrático deriva de la libertad de la auto organización y el mecanismo de auto organizarse en una república, constituye un acto derivado del orden democrático. Es decir, se cuestiona si la estructura republicana puede dañar los derechos contraídos por la democracia y no si los actos democráticos pueden ir en contra de la república, una suerte de conservadores contra progresistas.

Esta confrontación entre principios y estructura, termina constatando el conflicto entre gobiernos y Estados, una confrontación que tiene resultados diversos según quien tenga más fuerza. En este momento, el ring de boxeo se encuentra en Brasil, el tiempo dirá quién termina venciendo. Opiniones en el IRI
 

Felipe Ezequiel Rios Diaz
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP