Argentina y Brasil trabajan para lograr la integración productiva fitosanitaria
El mercado de productos fitosanitarios -que llega a los US$ 20.000 millones anuales en Brasil- muestra un significativo potencial de desarrollo, teniendo en cuenta el permanente crecimiento de la frontera agropecuaria. Argentina es el segundo productor del Mercosur en el segmento.
La sección argentina del Grupo de Integración Productiva (GIP) busca introducir el tema de la producción fitosanitaria en las negociaciones comunes, con vistas a la posibilidad concreta de integración entre los dos principales productores del segmento, Brasil y Argentina. Investigación, producción conjunta y complementación entre las industrias de ambos países forman parte de la construcción de un esquema de “ganar-ganar”, cuyo punto de partida debería ser la estandarización de los protocolos técnicos y administrativos a nivel del Mercosur, según explicó a Mercosurabc el miembro de la Unidad de Coordinación del GIP argentino, ministro Carlos Rivas.
Por productos fitosanitarios se entiende a todos aquellos que se utilizan para el control de plagas, básicamente los herbicidas y los fungicidas, exceptuando a los fertilizantes. El negocio específico fitosanitario se valúa en alrededor de US$ 20.000 anuales en Brasil, que es el principal productor del bloque. Teniendo en cuenta este volumen, más la constante extensión de la frontera agropecuaria en una región que, como el Mercosur, es gran productora de alimentos a nivel mundial, las posibilidades futuras del negocio resultan más que promisorias. Por otro lado, el clima tropical hace necesaria una mayor utilización de este tipo de productos, que en el caso de muchos alimentos llegan a significar entre el 40% y el 60% de su costo de producción.
La posibilidad de alcanzar un mayor nivel de integración en este mercado requiere de la normalización de protocolos técnicos y administrativos entre los países del bloque. En esa línea se encuentra trabajando el GIP. Mientras que en Argentina el registro y aprobación de productos fitosanitarios es competencia del Ministerio de Agricultura y del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), en Brasil el tema depende de tres organismos diferentes. Por otro lado, en Argentina el trámite cuesta unos US$ 50.000 y su duración promedio es de diez meses, mientras que en Brasil se requieren alrededor US$ 150.000 y el tiempo que pueden demorar la evaluación, aprobación y registro es bastante mayor. En consecuencia, muy pocas empresas argentinas logran superar estas barreras y comercializar su producción en el mercado vecino.
La industria fitosanitaria se divide en dos partes: la síntesis y la formulación. La primera atañe al desarrollo de la molécula, y la segunda a la sustancia que la contiene, es decir, aquella con la que se mezcla para su aplicación. La síntesis requiere el desarrollo de procedimientos químicos de alta complejidad, y constituye la parte más importante en términos de tecnología aplicada. Argentina cuenta con capacidades tanto en el campo de la síntesis como en el del formulado, así como en otros aspectos conexos, como el envasado y el etiquetado de los productos, explica Rivas.
En ese sentido, los intentos del GIP no tienen que ver con relajar los controles o bajar la calidad de los productos, puesto que se trata de un área muy sensible, cuya desrregulación podría poner en riesgo mercados enteros en caso de que no esté garantizada la inocuidad de los compuestos fitosanitarios. De lo que se trata es de normalizar los trámites a ambos lados de la frontera, lo que para las empresas argentinas podría significar la inserción de su producción en el mercado brasileño si, como se espera, el país vecino se compromete a reducir los tiempos actuales de respuesta a un término máximo de doce meses.
El desarrollo de la producción de fitosanitarios puede convertirse en una industria muy importante de cara al futuro. Es factible avanzar en un proceso de integración que implique un esquema de ganar-ganar para todas las economías del Mercosur, evitando exigencias regresivas como, por ejemplo, reservar la exclusividad del mercado para las empresas residentes. Una alternativa interesante en la línea integracionista sería crear una suerte de “ventanilla Mercosur”, que otorgue un trato preferencial en términos de registro a las empresas provenientes de los países miembros del bloque. Asimismo, la construcción de información común entre los socios es también un área de trabajo en la que se está proponiendo avanzar.
En suma, la propuesta del GIP contempla la búsqueda de puntos de acuerdo en el aspecto técnico, para que una vez construido el consenso sobre la factibilidad del esquema de integración, pueda pasarse a las instancias políticas decisorias. Es que si se lo hace a la inversa, se corre el riesgo de que los acuerdos terminen siendo meramente declarativos y no logren superar la barrera de la implementación, un tema fundamental en la actual etapa de madurez en la que parece estar ingresando el Mercosur.
Por productos fitosanitarios se entiende a todos aquellos que se utilizan para el control de plagas, básicamente los herbicidas y los fungicidas, exceptuando a los fertilizantes. El negocio específico fitosanitario se valúa en alrededor de US$ 20.000 anuales en Brasil, que es el principal productor del bloque. Teniendo en cuenta este volumen, más la constante extensión de la frontera agropecuaria en una región que, como el Mercosur, es gran productora de alimentos a nivel mundial, las posibilidades futuras del negocio resultan más que promisorias. Por otro lado, el clima tropical hace necesaria una mayor utilización de este tipo de productos, que en el caso de muchos alimentos llegan a significar entre el 40% y el 60% de su costo de producción.
La posibilidad de alcanzar un mayor nivel de integración en este mercado requiere de la normalización de protocolos técnicos y administrativos entre los países del bloque. En esa línea se encuentra trabajando el GIP. Mientras que en Argentina el registro y aprobación de productos fitosanitarios es competencia del Ministerio de Agricultura y del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), en Brasil el tema depende de tres organismos diferentes. Por otro lado, en Argentina el trámite cuesta unos US$ 50.000 y su duración promedio es de diez meses, mientras que en Brasil se requieren alrededor US$ 150.000 y el tiempo que pueden demorar la evaluación, aprobación y registro es bastante mayor. En consecuencia, muy pocas empresas argentinas logran superar estas barreras y comercializar su producción en el mercado vecino.
La industria fitosanitaria se divide en dos partes: la síntesis y la formulación. La primera atañe al desarrollo de la molécula, y la segunda a la sustancia que la contiene, es decir, aquella con la que se mezcla para su aplicación. La síntesis requiere el desarrollo de procedimientos químicos de alta complejidad, y constituye la parte más importante en términos de tecnología aplicada. Argentina cuenta con capacidades tanto en el campo de la síntesis como en el del formulado, así como en otros aspectos conexos, como el envasado y el etiquetado de los productos, explica Rivas.
En ese sentido, los intentos del GIP no tienen que ver con relajar los controles o bajar la calidad de los productos, puesto que se trata de un área muy sensible, cuya desrregulación podría poner en riesgo mercados enteros en caso de que no esté garantizada la inocuidad de los compuestos fitosanitarios. De lo que se trata es de normalizar los trámites a ambos lados de la frontera, lo que para las empresas argentinas podría significar la inserción de su producción en el mercado brasileño si, como se espera, el país vecino se compromete a reducir los tiempos actuales de respuesta a un término máximo de doce meses.
El desarrollo de la producción de fitosanitarios puede convertirse en una industria muy importante de cara al futuro. Es factible avanzar en un proceso de integración que implique un esquema de ganar-ganar para todas las economías del Mercosur, evitando exigencias regresivas como, por ejemplo, reservar la exclusividad del mercado para las empresas residentes. Una alternativa interesante en la línea integracionista sería crear una suerte de “ventanilla Mercosur”, que otorgue un trato preferencial en términos de registro a las empresas provenientes de los países miembros del bloque. Asimismo, la construcción de información común entre los socios es también un área de trabajo en la que se está proponiendo avanzar.
En suma, la propuesta del GIP contempla la búsqueda de puntos de acuerdo en el aspecto técnico, para que una vez construido el consenso sobre la factibilidad del esquema de integración, pueda pasarse a las instancias políticas decisorias. Es que si se lo hace a la inversa, se corre el riesgo de que los acuerdos terminen siendo meramente declarativos y no logren superar la barrera de la implementación, un tema fundamental en la actual etapa de madurez en la que parece estar ingresando el Mercosur.
Gustavo Sánchez
