¿Contradicción chilena en la Comunidad Sudamericana?

Citó, como uno de los referentes positivos de la unidad de los países, la conformación del Grupo de los 20 que se gestó de cara a la Ronda de Doha en la Organización Mundial de Comercio (OMC), para defender los intereses de los países en desarrollo en el ámbito agrario. Señaló, también, la importancia de coordinar posiciones en la región en las negociaciones sobre propiedad intelectual.

Sorprende esta posición porque Chile no es precisamente un país que propicie la actuación conjunta. Los tratados de libre comercio que ha firmado con países industrializados –en los que acepta la no eliminación de los subsidios agrícolas de los países industrializados, renuncia a regular los capitales financieros y acepta términos más drásticos que los establecidos en la OMC en los temas de propiedad intelectual, entre otros– no sólo debilitan la capacidad de negociación conjunta de los países sudamericanos, sino que establecen un piso a las tratativas que los otros llevan adelante. Ningún país latinoamericano puede realistamente aspirar a tener mejores términos en las negociaciones comerciales que los obtenidos por Chile.

Por eso parecía increíble escuchar a Ricardo Lagos decir: "En los organismos multilaterales una política unida influye mucho más de lo que pensamos…Tenemos que hablar con una sola voz… En las negociaciones comerciales algo pasa si hay un bloque que existe y lucha". Hay una contradicción entre el discurso y la práctica del gobierno chileno, pues poco contribuye la pertenencia de este país al Grupo de los 20, o una participación activa en foros sobre propiedad intelectual, si a nivel de las negociaciones bilaterales acepta aquello que en el plano multilateral rechaza.

Durante las negociaciones del ALCA, Chile no contribuyó a resolver las diferencias para salvarlas. En las últimas tratativas que tuvieron lugar en Puebla en febrero de 2004, participó del denominado G-14, grupo del que formaron parte también los países que ya tenían un TLC con Estados Unidos (Canadá y México); los centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua), que ya habían acordado un TLC y sólo esperaban ratificarlo por sus respectivos Congresos; y Panamá, Perú, Colombia y Ecuador, que anhelaban negociarlo. Estos países apoyaron la posición norteamericana, que exigía a los demás propuestas “ambiciosas” de liberalización en todas las áreas de la economía, como servicios, inversiones y propiedad intelectual. De lo contrario, no tendrían acceso importante a los mercados del G-14.

Del otro lado estuvo el grupo liderado por Brasil, integrado por los países del Mercosur, Venezuela y Bolivia, entre otros. El grupo señaló estar dispuesto a negociar los temas exigidos por Estados Unidos, sólo si este país eliminaba los subsidios agrícolas y las prácticas antidumping. Sabían que la situación política interna de Estados Unidos, en un contexto de elecciones presidenciales, no dejaba margen para una oferta satisfactoria en materia agrícola. También, que el mandato para negociar acuerdos comerciales aprobado por el Congreso Trade Promotion Authority (TPA) establece límites a las negociaciones en varios aspectos, como las prácticas antidumping y las negociaciones agrícolas. Sin embargo, fue utilizado como instrumento de negociación para no liberalizar áreas consideradas estratégicas.

Como era previsible, no hubo acuerdo. La reunión de Puebla significó el fin de las negociaciones del ALCA por la vía multilareral. Chile demostró, en la práctica, una vez más, no propiciar la vocería única en las negociaciones internacionales.

Con estos antecedentes, la posición expuesta por el presidente Lagos parece contradictoria. ¿Será que piensa hoy, alejado de la presidencia, que se pudieron lograr mejores resultados en la negociación, si en lugar de adelantarse y ser los primeros en suscribir tratados bilaterales, hubieran impulsado una posición conjunta regional?

*ariela@independiente.com.ar