El MERCOSUR tras la Cumbre de Río de Janeiro

Los principales frentes de negociaciones comerciales en los que participa la Argentina siguen planteando signos de marcadas incertidumbres al comenzar 2007.

Una pregunta que cabe responder, es si se observan suficientes incentivos en los protagonistas claves de los respectivos procesos negociadores – sea en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el espacio bi-regional Mercosur-Unión Europea y en el propio Mercosur – como para que se produzcan avances significativos durante el resto del nuevo año.

Esto es, si los beneficios que se perciben por cada uno de los protagonistas principales como resultado de estas negociaciones, sean ellos de corto o largo plazo, sean comerciales o sistémicos, compensan los costos políticos que en el corto plazo implicaría avanzar, tomando en cuenta, a la vez, los intereses nacionales afectados y las expectativas y demandas mínimas de los otros protagonistas.

Todo parecería indicar que ello no es así, especialmente en el plano multilateral global de la Rueda Doha y en el bi-regional de la proyectada asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea. Por el momento, los intereses en juego parecen inclinar el balance hacia un estancamiento prolongado de las negociaciones o, en el mejor de los casos, hacia progresos graduales y lentos.

También en el espacio regional sudamericano y en el propio Mercosur, es posible que sólo se observen avances a “cámara lenta”, que pueden no ser suficientes para evitar que se acentúe el deterioro de su imagen en quienes tienen que tomar decisiones de inversión productiva en función del mercado ampliado, o en terceros países o bloques económicos, con quienes se aspira a concretar negociaciones comerciales ambiciosas – como es el caso de la Unión Europea -.

Lo que ha trascendido en la prensa internacional sobre lo que ocurrió en la Cumbre de Río de Janeiro, este 18 y 19 de enero, no parece que necesariamente pueda revertir los interrogantes que se plantean sobre la identidad, la eficacia y la legitimidad social del Mercosur.

Sin embargo, dada la actual dinámica de un contexto internacional dominado por fuertes incertidumbres políticas, así como la del propio contexto regional, todo pronóstico requiere ser sumamente cauteloso. Incluso con respecto a las perspectivas pesimistas. Como ocurriera en 2001 con el lanzamiento de la Rueda Doha – tras la conmoción producida por los atentados del 11 de septiembre -, la voluntad política puede introducir cambios significativos en el curso de estos frentes negociadores.

La Rueda Doha en el ámbito de la OMC, sigue dominada por las incertidumbres sobre su futuro inmediato. En los primeros días de enero los pronósticos predominantes siguen siendo pesimistas.

Al menos en dos de los protagonistas centrales, los Estados Unidos y la Unión Europea, se observa un cuadro mixto en cuanto a los incentivos para negociar. Por un lado, en el corto plazo hay bajos incentivos – especialmente políticos - para avanzar y, por el otro, existe la necesidad de evitar asumir la responsabilidad de un eventual fracaso de la negociación comercial multilateral con los consiguientes impactos en el propio sistema de la OMC.

En Washington la agenda de las negociaciones comerciales internacionales –especialmente en su componente agrícola - estará en los próximos meses fuertemente supeditada a la campaña para las elecciones presidenciales del 2008. Lo mismo está ocurriendo en Francia en vísperas de las elecciones presidenciales del mes de abril. Y ello repercute en Bruselas.

Lo cierto es que, más allá de las reiteradas declaraciones favorables a retomar y culminar las negociaciones, no se han producido aún pasos concretos en tal dirección. Se espera ahora que el encuentro informal de 30 países, a nivel ministerial, en ocasión de la reunión del World Economic Forum de Davos, en los últimos días de este mes de enero, pudiera ser la ocasión para cambiar el actual cuadro de estancamiento de la Rueda Doha.

Pasados seis meses desde la suspensión de las negociaciones de la Rueda Doha, en julio pasado, sólo se ha avanzado en los trabajos técnicos y en el desarrollo de conversaciones en todos los niveles políticos. Se considera que el mes de abril es casi la última oportunidad para retomar las negociaciones a fin que ellas puedan concluirse, o este año o al principio del próximo, si es que se obtiene del Congreso americano la prórroga del Trade Promotion Authority que vence en junio próximo. La posibilidad que Pascal Lamy, el Director General de la OMC, presente una propuesta, aún parece remota. Si no se aprovechara esta “ventana de oportunidad”, en la expresión del propio Lamy, lo más probable es que las negociaciones sólo culminen en 2009 o 2010.

La composición del Congreso americano resultante de las elecciones de noviembre no permite tener mucho optimismo con respecto a su actitud frente a una eventual solicitud de prórroga del TPA por parte del Presidente Bush, como tampoco sobre los alcances que puedan resultar del tratamiento de la nueva Ley Agrícola – la actual Farm Hill vence en septiembre próximo – e incluso de su aprobación de acuerdos de libre comercio ya concluidos (por ejemplo, Colombia y Perú) o en proceso de negociación, como es el caso de los de Corea, Tailandia y Malasia.

Dada la suerte incierta de la Rueda Doha, cabe tener presente sin embargo, que si bien la OMC es el ámbito multilateral global para negociar aperturas de mercados y reglas de juego que disciplinan las relaciones comerciales internacionales, su relevancia práctica trasciende esa función. Otras de sus funciones principales es asegurar una razonable transparencia, especialmente en tres planos: las políticas comerciales de sus países miembros, la concreción de acuerdos preferenciales y el tratamiento de controversias comerciales.

Dos ejemplos recientes ponen de manifiesto la importancia de la OMC para Argentina. Uno es el de casos de solución de controversias relevantes para el comercio exterior argentino. Son los de los artículos tubulares para campos petrolíferos (con los EEUU), los productos biotecnológicos (con la Unión Europea) y las bandas de precio para ciertos productos agrícolas (con Chile) – sus textos completos están en la página Web de la OMC -. Según información oficial de la OMC en los últimos seis años, la Argentina ha sido un protagonista activo del sistema de solución de controversias, en 9 casos como demandante, en 16 como demandado y en 15 casos como tercera parte.

El segundo ejemplo es el de la revisión de las políticas comerciales. Los días 12 y 14 de febrero está programada la de la Argentina. La Secretaría ya ha avanzado su informe preliminar – puede ser consultado en la página Web de la OMC -. A la fecha de conclusión de esta nota (20 de enero 2007), el informe del gobierno argentino aún no había sido publicado.


UE - Mercosur

Por otro lado, no ha habido nuevos progresos en cuanto a las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Además de la percepción que puede haber en Bruselas sobre el estado actual del Mercosur – especialmente por el impacto de la incorporación de Venezuela – y más allá de las declaraciones oficiales, las prioridades reales de la Unión Europea no parecerían incluir por el momento el acelerar el proceso negociador biregional (ver en tal sentido, el último Boletín del INAI, del 11 de enero 2007, en www.inai.org.ar, citando una conferencia de Gustavo Idígoras, Agregado Agrícola en la Unión Europea, pronunciada el 29 de diciembre pasado en la Sociedad Rural Argentina; ver también nuestro análisis sobre “Unión Europea, Estados Unidos y Mercosur”, en “El Cronista” del 8 de noviembre 2006, incluido en www.felixpena.com.ar ).

Un dato significativo al respecto es que las negociaciones bi-regionales no fueron mencionadas en el Comunicado Conjunto de la reciente reunión de Presidentes del Mercosur (ver su texto completo en la nota a la prensa nº 26 del 19 de enero 2007, en www.mre.gov.br) .


Mercosur prevé avances en cuestión de asimetrías

En el caso del Mercosur, tras la Cumbre de Río de Janeiro, los días 18 y 19 de este mes de enero, es posible prever que los principales avances del primer semestre de 2007 – bajo la Presidencia Pro-Tempore del Paraguay - probablemente se concentrarán en la cuestión de las asimetrías que afectan a Paraguay y a Uruguay y, en menor medida, en la cuestión institucional. La cuestión de la ampliación a nuevos miembros, quedó por el momento diluida.

La cuestión de las asimetrías se refleja en dos decisiones adoptadas por el Consejo del Mercosur en su Trigésimasegunda Reunión Ordinaria el 18 de enero (ver el texto completo de las normas aprobadas por el Consejo, en notas a la prensa nº 21, en www.mre.gov.gr) .

Ellas son: 

- la Decisión CMC/06/07, que constituye un Grupo de Trabajo Ad Hoc al nivel de Vice-Ministros, para conducir el proceso de puesta en práctica de la Decisión CMC nº 34/06 – que había sido aprobada en diciembre en la reunión del Consejo en Brasilia y que contiene los lineamientos para el abordaje de la cuestión: ver su texto en www.mercosur.org.uy – y para examinar propuesta específicas que sean presentadas al respecto – hasta el momento se han avanzado propuestas por Paraguay y Uruguay, cuyos textos se incluyen en el anexo de la Decisión CMC/06/07 -. Este Grupo Ad Hoc comenzará a funcionar en febrero y presentará sus resultados a una reunión extraordinaria del Consejo en abril próximo, y 


- la Decisión CMC/08/07, que aprueba los primeros proyectos-piloto a ser financiados por el Fondo de Convergencias Estructurales – FOCEM – y a realizarse, especialmente, en Paraguay y Uruguay.

Otro proyecto de Decisión sobre el tema, presentado por Brasil, no fue aprobado. Quedó a la consideración del grupo de trabajo. Se refería al doble cobro del arancel externo común, y hubiera autorizado a los países socios que estén en condiciones de hacerlo – como sería el caso del Brasil -, a anticipar la aplicación de los dispositivos de la Decisión CMC/54/04 – ver su texto en www.mercosur.org.uy -, considerando como originarios a los efectos del cumplimiento del régimen de origen del Mercosur, a los productos provenientes de Paraguay o del Uruguay, cuyos insumos o componentes importados de terceros países cumplan con el arancel externo común.

Con respecto al interés manifestado por Bolivia de adherir al Mercosur – preservando su carácter de miembro de la Comunidad Andina de Naciones -, se estableció un grupo de trabajo que deberá presentar sus resultados en un plazo de seis meses, extensible a otros seis meses, y que deberá examinar las modalidades de tal incorporación, contemplando los intereses de todos los países.

Asimismo se trató la cuestión del cumplimiento de los pasos previstos para la plena incorporación de Venezuela al Mercosur – el Protocolo respectivo aún no ha sido ratificado por todos los socios originarios -. Hasta el momento los plazos no se han cumplido. Ellos se refieren a la incorporación de la normativa del Mercosur al ordenamiento jurídico nacional de Venezuela, y a la adaptación de sus aranceles y políticas comerciales. Al respecto, se acordó concluir con las tareas previstas en el artículo 11 del Protocolo de Adhesión, “en el más breve plazo posible” (Ver párrafo 3 de la Declaración Conjunta de los Presidentes mencionada más arriba).

Otras tareas pendientes significativas involucran la aprobación del Código Aduanero del Mercosur y la revisión del Arancel Externo Común.

Simultáneamente con la realización de la Cumbre, se confirmó que Uruguay firmará con los Estados Unidos, un acuerdo de consultas sobre comercio e inversiones (TIFA), que puede abrir la puerta a una futura negociación de un tratado de libre comercio (TLC). Como se señaló en el anterior Newsletter (ver www.felixpena.com.ar), el texto que se firmaría tienen un alcance y contenido muy similar al firmado por el Mercosur con Washington en 1991, y conocido como el “4+1”.

Por lo demás, en ocasión de la Cumbre, fue instalado en el viejo Palacio Itamaraty, el secretariado de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA).

Un hecho cargado de futuro que conviene seguir con atención, es el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala V, en el caso Sancor CUL (TF 18476 – A) C/DGA, del 14 de septiembre, sobre la constitucionalidad de los derechos de exportación que se aplican en la Argentina en el comercio con los países miembros del Mercosur.

(*)Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación BankBoston y del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).