INFOPYME Mercosur: normativas de acceso directo para las pymes
Argentina es el primer país del Mercosur en disponer de un Digesto Jurídico, que redujo las 36000 leyes sancionadas en el país, a unas 3100. A partir de esta experiencia, según explicó a Mercosurabc el director de la Unidad de Proyectos de Ordenamiento Legislativo, responsable del proyecto, se trabajó con el Grupo de Integración Productiva del Mercosur en el desarrollo de una base de datos jurídica orientada al auxilio del desarrollo de los negocios de la pequeña y mediana empresa en la región. InfoPyme legal, que ya está siendo ingresada al Portal Empresario del GIP, permitirá al empresario pyme conocer desde qué tipos de sociedades existen en cada país, a su normativa laboral, pasando por el régimen aduanero para exportar o importar productos en proyectos de integración productiva. Podrá ser usada por las pymes en forma directa, a partir de un sencillo tutorial, señaló el Dr Daniel Altmark en la entrevista concedida a este medio.
El Digesto Jurídico
-¿De qué se trata lo que Ud llama en uno de sus trabajos el problema de la “inflación legislativa”?
-La Unidad de Proyectos de Ordenamiento Legislativo que yo dirijo, creada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), justamente surge con la necesidad de responder desde el ámbito del derecho a este proceso de contaminación legislativa que se da en cualquier universo jurídico. Los Congresos van sancionando leyes sobre leyes, sin que nadie se preocupe por especificar qué se está derogando –entre otras cosas porque los legisladores no son especialistas en técnica legislativa y no tienen por qué serlo–. Al contrario, en el último artículo de la ley se pone siempre: “Derógase todo lo que se opone a la presente”, sin especificar qué es lo que se está derogando o si hay algo que se opone a la ley que se está sancionando. Nadie se preocupa si esa ley es redundante con otra ley que está referida al mismo tema, o si es contradictoria con esa ley. O si deroga expresamente otra norma, no se saca del universo normativo a la norma derogada. Entonces, esto hace a que se vaya sancionando norma sobre norma y el universo normativo termina siendo monstruoso.
-¿Este problema también es compartido por Brasil y en general en todo el ámbito del Mercosur?
-Sí, existe en todo el mundo. En el ámbito del Mercosur debiera necesariamente abordarse la problemática del digesto jurídico. En la Argentina, por ejemplo, hace pocos días la presidenta de la Nación presentó el proyecto del Digesto Jurídico Argentino, que preparamos en la Facultad de Derecho de la UBA, y dijo que sobre 36000 leyes aproximadamente sancionadas en la Argentina iban a quedar vigentes, cuando se sancione la Ley de Consolidación, unas 3100. Quiere decir que todo el resto es “basura”, normas que están contaminando el universo jurídico. Pero hay principios jurídicos que dicen que el derecho se presume conocido por todos, y que nadie puede ampararse en el desconocimiento de la ley. Nadie puede decir que cometió un delito o incumplió una obligación porque no conocía lo que decía la ley. El derecho se presume conocido por todos. Pero la realidad de la contaminación legislativa hace que ni los abogados, ni los jueces, ni los gobernantes, ni los ciudadanos, puedan conocer cuál es efectivamente el derecho vigente en un momento determinado, entonces hay una obligación de los Estados de tomar las medidas necesarias para ordenar el universo normativo y garantizarle al ciudadano el conocimiento del derecho vigente.
Esto tiene directa vinculación con el fortalecimiento del sistema democrático, con la transparencia, con la vigencia de la democracia y el sistema republicano. Allí aparece la necesidad de ordenar y la necesidad del Digesto Jurídico. ¿Por qué se habla de Digesto Jurídico? Digesto viene de “digerir”. Se trata de sacar del universo normativo todo aquello que no sirve y que no tiene por qué estar contaminando ese universo normativo. Fíjese que hay normas que han cumplido su objeto. Se sanciona una ley para la construcción de un monumento o de una escuela, por ejemplo. Una vez terminada esa construcción, esa ley caduca por objeto cumplido. Hay otras leyes que establecen un plazo de vigencia. Vencido el plazo, esa ley también ha caducado por plazo vencido. Hay muchas normas que son de carácter no general sino particular. Entonces no tiene sentido que todas esas normas contaminen el universo normativo.
- ¿Esta situación también afecta a las Pymes, a la hora de saber en qué marco legal deben manejarse? Un empresario que quiere emprender un proyecto de integración productiva, o quiere comerciar lo que fuera, también tiene problemas con esta intoxicación jurídica.
- Por supuesto. Y esto es una realidad que usted la tiene en el diario de la semana pasada. En un acto público, la presidenta de la Nación elevó al Congreso el Proyecto de Digesto Jurídico Argentino. Y dijo lo que yo le acabo de decir. De 36.000 leyes, quedarían unas 3100, que son las leyes vigentes. Esa cantidad puede ser conocida por todos, pero 36.000 es imposible. Esta Unidad que yo dirijo en la Facultad de Derecho nace cuando se sanciona la Ley 24.967, en 1998, que es la Ley del Digesto Jurídico Argentino. Esta ley ordena hacer el Digesto. En función de ello el Poder Ejecutivo llama a una licitación internacional para hacer esta obra. La Facultad de Derecho, con algunas editoriales jurídicas, gana esa licitación, y con una metodología desarrollada para hacer esta colosal tarea nosotros hicimos el estudio. Para que usted tenga una idea de la envergadura de lo que tuvimos que hacer: primero, leer los registros nacionales de leyes y el boletín oficial, día por día, desde el año 1853 hasta hoy. De ahí, tomar las normas de carácter general, pasar a un archivo especial las de carácter particular que no tienen por qué integrar el Digesto y detectar las normas de objeto o plazo cumplido, a efectos de que el Congreso oportunamente las declare caducas. Luego, hacer lo que se denomina el análisis documental del derecho vigente. ¿En qué consistió este análisis? En la elaboración de un índice temático básico de todo el derecho y la clasificación de todas las leyes en la “voz” que les corresponde dentro de ese índice temático básico, de manera que un ciudadano, cuando va a buscar una norma, la pueda buscar adecuadamente clasificada y no simplemente por su número.
- ¿Por qué el tema del proyecto de Digesto volvió a aparecer en las últimas semanas?
- Porque en el ordenamiento normativo hay dos ingredientes: el técnico y el político. El técnico es una metodología de trabajo que nosotros desarrollamos, donde trabajaron más de 200 profesionales en las oficinas que tenemos en la Facultad de Derecho para realizar esta obra, y esta obra se entregó al Poder Ejecutivo en el año 2005. A partir de entonces hubo idas y venidas y el Poder Ejecutivo no tomó ciertas medidas necesarias para actualizar estos años que faltaban, hasta que recién ahora se tomó la decisión política de elevarlo al Congreso. Porque la idea es que el Congreso sancione lo que se denomina una Ley de Consolidación Legislativa que diga algo así como “A partir de ahora estas 3100 leyes son el derecho vigente en Argentina y todo el resto es derogado en forma expresa”.
- ¿Esto mismo ya se logró en Brasil, Uruguay y Paraguay?
-No. Argentina ha hecho punta en el ordenamiento legislativo. Nosotros, después de hacer el Digesto Jurídico Argentino, hicimos el Digesto Jurídico de la provincia de Río Negro, de Chubut, de Misiones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acabamos de entregar hace pocos días el Digesto Jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el primer organismo que decide ordenar su normativa. Para que tenga una idea, desde que se creó la Superintendencia de Seguros de la Nación se dictaron 37.000 resoluciones. El Digesto Jurídico de ese organismo va a tener 298 resoluciones. Fíjese lo que es la contaminación legislativa.
-Entonces esto va a servir para agilizar, economizar y desburocratizar mucho
- Sí. Va a agilizar y democratizar el conocimiento jurídico.
La base InfoPyme Legal
-Usted está trabajando en el Grupo de Integración Productiva con la base InfoPyme. ¿Podría contarnos de qué se trata?
-A partir de la experiencia del Digesto Jurídico que desarrollamos con el equipo que coordino en la Facultad de Derecho, nos dispusimos a trabajar en el Grupo de Integración Productiva con la preocupación de acercar a la pequeña y mediana empresa del ámbito de la región –o extrazona con intenciones de hacer negocios en la región– para que pueda tener un adecuado acceso al conocimiento de las normas jurídicas comunitarias y de cada uno de los países de la región. En una primera etapa hicimos una investigación referida a las bases de datos jurídicas que existen en los cuatro países del Mercosur. Y llegamos a la conclusión –hay un documento que presentamos en su momento– de que existen en los distintos países, con más y con menos, diferentes fuentes de acceso a la información jurídica. Pero que en general esas fuentes están diseñadas para auxiliar al operador jurídico; es decir, para auxiliar a los jueces y a los abogados, pero no están diseñadas con el criterio de que sea un instrumento que permita una ayuda eficiente para la toma de decisiones del pequeño y mediano empresario.
- O sea que el empresario podría, a través de este sistema, abordar directamente las normas jurídicas
- Sí. Pero una base de datos integra normas de todo el derecho. Nosotros, en cambio, decidimos que InfoPyme legal sea una base de datos jurídica orientada al auxilio del desarrollo de los negocios de la pequeña y mediana empresa en la región, que sirva para la toma de decisiones. Al empresario le interesan algunos temas y no todos. Estos temas los definimos de una forma en alguna medida arbitraria. ¿Qué es lo primero que le interesa a un empresario? Saber qué tipos de sociedades puede constituir en cada país; cuál es la legislación laboral que se aplica en cada uno de los países de la región; qué impuestos gravan su actividad en cada uno de los países de la región; cuál es el Régimen Aduanero para ingresar o exportar productos en proyectos de integración productiva; cómo están regulados los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Es decir, una serie de temas que le permiten rápidamente al empresario tener una idea de si le conviene ese proyecto de integración productiva en Brasil, en Argentina, en Paraguay o en Uruguay. Entonces, nosotros desarrollamos una base de datos que sólo incorpora las normas de esos ámbitos. Seguramente, en la medida en que se desarrolle se irán agregando más ámbitos. Pero además la base permite un análisis comparativo de las normas, que permite saber, por ejemplo, qué diferencia hay entre la Sociedad de Responsabilidad Limitada argentina y la Sociedad Limitada brasileña.
- A nivel provincial ya se está avanzando con la creación de Digestos. ¿También se va a avanzar a nivel de municipios y de fronteras?
- Se debería avanzar. Con muchos municipios estamos trabajando. También hemos estado en Paraguay, trabajando con el Senado paraguayo, en un proyecto de Digesto Jurídico de ese país, que por supuesto lo harían los paraguayos, pero nosotros le podríamos transferir la metodología, el software desarrollado, la experiencia, la auditoría de aplicación de esa metodología, como para que en el ámbito del Mercosur se pueda extender un proceso de ordenamiento normativo.
- ¿También trabajan en una base de datos regional, además de las nacionales?
- No, porque en realidad la Secretaría de Mercosur ya tiene una base de datos sobre normativa comunitaria, y nos pareció que trabajar en ese aspecto sería duplicar esfuerzo. Lo que decimos es que no hay instrumento que le permita en forma sencilla al empresario responderse preguntas como, por ejemplo: “Si me instalo en Paraguay, ¿cuál es la legislación laboral?, ¿puedo tomar gente o no?, ¿la puedo contratar?, ¿la tengo que indemnizar si el negocio no funciona? ¿Qué impuestos gravan la actividad? ¿Son más altos en Paraguay que en Argentina? ¿Qué tipo de sociedad puedo constituir? Y con InfoPyme puede tener rápidamente algunas respuestas que aporten a su toma de decisiones.
-¿De qué se trata lo que Ud llama en uno de sus trabajos el problema de la “inflación legislativa”?
-La Unidad de Proyectos de Ordenamiento Legislativo que yo dirijo, creada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), justamente surge con la necesidad de responder desde el ámbito del derecho a este proceso de contaminación legislativa que se da en cualquier universo jurídico. Los Congresos van sancionando leyes sobre leyes, sin que nadie se preocupe por especificar qué se está derogando –entre otras cosas porque los legisladores no son especialistas en técnica legislativa y no tienen por qué serlo–. Al contrario, en el último artículo de la ley se pone siempre: “Derógase todo lo que se opone a la presente”, sin especificar qué es lo que se está derogando o si hay algo que se opone a la ley que se está sancionando. Nadie se preocupa si esa ley es redundante con otra ley que está referida al mismo tema, o si es contradictoria con esa ley. O si deroga expresamente otra norma, no se saca del universo normativo a la norma derogada. Entonces, esto hace a que se vaya sancionando norma sobre norma y el universo normativo termina siendo monstruoso.
-¿Este problema también es compartido por Brasil y en general en todo el ámbito del Mercosur?
-Sí, existe en todo el mundo. En el ámbito del Mercosur debiera necesariamente abordarse la problemática del digesto jurídico. En la Argentina, por ejemplo, hace pocos días la presidenta de la Nación presentó el proyecto del Digesto Jurídico Argentino, que preparamos en la Facultad de Derecho de la UBA, y dijo que sobre 36000 leyes aproximadamente sancionadas en la Argentina iban a quedar vigentes, cuando se sancione la Ley de Consolidación, unas 3100. Quiere decir que todo el resto es “basura”, normas que están contaminando el universo jurídico. Pero hay principios jurídicos que dicen que el derecho se presume conocido por todos, y que nadie puede ampararse en el desconocimiento de la ley. Nadie puede decir que cometió un delito o incumplió una obligación porque no conocía lo que decía la ley. El derecho se presume conocido por todos. Pero la realidad de la contaminación legislativa hace que ni los abogados, ni los jueces, ni los gobernantes, ni los ciudadanos, puedan conocer cuál es efectivamente el derecho vigente en un momento determinado, entonces hay una obligación de los Estados de tomar las medidas necesarias para ordenar el universo normativo y garantizarle al ciudadano el conocimiento del derecho vigente.
Esto tiene directa vinculación con el fortalecimiento del sistema democrático, con la transparencia, con la vigencia de la democracia y el sistema republicano. Allí aparece la necesidad de ordenar y la necesidad del Digesto Jurídico. ¿Por qué se habla de Digesto Jurídico? Digesto viene de “digerir”. Se trata de sacar del universo normativo todo aquello que no sirve y que no tiene por qué estar contaminando ese universo normativo. Fíjese que hay normas que han cumplido su objeto. Se sanciona una ley para la construcción de un monumento o de una escuela, por ejemplo. Una vez terminada esa construcción, esa ley caduca por objeto cumplido. Hay otras leyes que establecen un plazo de vigencia. Vencido el plazo, esa ley también ha caducado por plazo vencido. Hay muchas normas que son de carácter no general sino particular. Entonces no tiene sentido que todas esas normas contaminen el universo normativo.
- ¿Esta situación también afecta a las Pymes, a la hora de saber en qué marco legal deben manejarse? Un empresario que quiere emprender un proyecto de integración productiva, o quiere comerciar lo que fuera, también tiene problemas con esta intoxicación jurídica.
- Por supuesto. Y esto es una realidad que usted la tiene en el diario de la semana pasada. En un acto público, la presidenta de la Nación elevó al Congreso el Proyecto de Digesto Jurídico Argentino. Y dijo lo que yo le acabo de decir. De 36.000 leyes, quedarían unas 3100, que son las leyes vigentes. Esa cantidad puede ser conocida por todos, pero 36.000 es imposible. Esta Unidad que yo dirijo en la Facultad de Derecho nace cuando se sanciona la Ley 24.967, en 1998, que es la Ley del Digesto Jurídico Argentino. Esta ley ordena hacer el Digesto. En función de ello el Poder Ejecutivo llama a una licitación internacional para hacer esta obra. La Facultad de Derecho, con algunas editoriales jurídicas, gana esa licitación, y con una metodología desarrollada para hacer esta colosal tarea nosotros hicimos el estudio. Para que usted tenga una idea de la envergadura de lo que tuvimos que hacer: primero, leer los registros nacionales de leyes y el boletín oficial, día por día, desde el año 1853 hasta hoy. De ahí, tomar las normas de carácter general, pasar a un archivo especial las de carácter particular que no tienen por qué integrar el Digesto y detectar las normas de objeto o plazo cumplido, a efectos de que el Congreso oportunamente las declare caducas. Luego, hacer lo que se denomina el análisis documental del derecho vigente. ¿En qué consistió este análisis? En la elaboración de un índice temático básico de todo el derecho y la clasificación de todas las leyes en la “voz” que les corresponde dentro de ese índice temático básico, de manera que un ciudadano, cuando va a buscar una norma, la pueda buscar adecuadamente clasificada y no simplemente por su número.
- ¿Por qué el tema del proyecto de Digesto volvió a aparecer en las últimas semanas?
- Porque en el ordenamiento normativo hay dos ingredientes: el técnico y el político. El técnico es una metodología de trabajo que nosotros desarrollamos, donde trabajaron más de 200 profesionales en las oficinas que tenemos en la Facultad de Derecho para realizar esta obra, y esta obra se entregó al Poder Ejecutivo en el año 2005. A partir de entonces hubo idas y venidas y el Poder Ejecutivo no tomó ciertas medidas necesarias para actualizar estos años que faltaban, hasta que recién ahora se tomó la decisión política de elevarlo al Congreso. Porque la idea es que el Congreso sancione lo que se denomina una Ley de Consolidación Legislativa que diga algo así como “A partir de ahora estas 3100 leyes son el derecho vigente en Argentina y todo el resto es derogado en forma expresa”.
- ¿Esto mismo ya se logró en Brasil, Uruguay y Paraguay?
-No. Argentina ha hecho punta en el ordenamiento legislativo. Nosotros, después de hacer el Digesto Jurídico Argentino, hicimos el Digesto Jurídico de la provincia de Río Negro, de Chubut, de Misiones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acabamos de entregar hace pocos días el Digesto Jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el primer organismo que decide ordenar su normativa. Para que tenga una idea, desde que se creó la Superintendencia de Seguros de la Nación se dictaron 37.000 resoluciones. El Digesto Jurídico de ese organismo va a tener 298 resoluciones. Fíjese lo que es la contaminación legislativa.
-Entonces esto va a servir para agilizar, economizar y desburocratizar mucho
- Sí. Va a agilizar y democratizar el conocimiento jurídico.
La base InfoPyme Legal
-Usted está trabajando en el Grupo de Integración Productiva con la base InfoPyme. ¿Podría contarnos de qué se trata?
-A partir de la experiencia del Digesto Jurídico que desarrollamos con el equipo que coordino en la Facultad de Derecho, nos dispusimos a trabajar en el Grupo de Integración Productiva con la preocupación de acercar a la pequeña y mediana empresa del ámbito de la región –o extrazona con intenciones de hacer negocios en la región– para que pueda tener un adecuado acceso al conocimiento de las normas jurídicas comunitarias y de cada uno de los países de la región. En una primera etapa hicimos una investigación referida a las bases de datos jurídicas que existen en los cuatro países del Mercosur. Y llegamos a la conclusión –hay un documento que presentamos en su momento– de que existen en los distintos países, con más y con menos, diferentes fuentes de acceso a la información jurídica. Pero que en general esas fuentes están diseñadas para auxiliar al operador jurídico; es decir, para auxiliar a los jueces y a los abogados, pero no están diseñadas con el criterio de que sea un instrumento que permita una ayuda eficiente para la toma de decisiones del pequeño y mediano empresario.
- O sea que el empresario podría, a través de este sistema, abordar directamente las normas jurídicas
- Sí. Pero una base de datos integra normas de todo el derecho. Nosotros, en cambio, decidimos que InfoPyme legal sea una base de datos jurídica orientada al auxilio del desarrollo de los negocios de la pequeña y mediana empresa en la región, que sirva para la toma de decisiones. Al empresario le interesan algunos temas y no todos. Estos temas los definimos de una forma en alguna medida arbitraria. ¿Qué es lo primero que le interesa a un empresario? Saber qué tipos de sociedades puede constituir en cada país; cuál es la legislación laboral que se aplica en cada uno de los países de la región; qué impuestos gravan su actividad en cada uno de los países de la región; cuál es el Régimen Aduanero para ingresar o exportar productos en proyectos de integración productiva; cómo están regulados los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Es decir, una serie de temas que le permiten rápidamente al empresario tener una idea de si le conviene ese proyecto de integración productiva en Brasil, en Argentina, en Paraguay o en Uruguay. Entonces, nosotros desarrollamos una base de datos que sólo incorpora las normas de esos ámbitos. Seguramente, en la medida en que se desarrolle se irán agregando más ámbitos. Pero además la base permite un análisis comparativo de las normas, que permite saber, por ejemplo, qué diferencia hay entre la Sociedad de Responsabilidad Limitada argentina y la Sociedad Limitada brasileña.
- A nivel provincial ya se está avanzando con la creación de Digestos. ¿También se va a avanzar a nivel de municipios y de fronteras?
- Se debería avanzar. Con muchos municipios estamos trabajando. También hemos estado en Paraguay, trabajando con el Senado paraguayo, en un proyecto de Digesto Jurídico de ese país, que por supuesto lo harían los paraguayos, pero nosotros le podríamos transferir la metodología, el software desarrollado, la experiencia, la auditoría de aplicación de esa metodología, como para que en el ámbito del Mercosur se pueda extender un proceso de ordenamiento normativo.
- ¿También trabajan en una base de datos regional, además de las nacionales?
- No, porque en realidad la Secretaría de Mercosur ya tiene una base de datos sobre normativa comunitaria, y nos pareció que trabajar en ese aspecto sería duplicar esfuerzo. Lo que decimos es que no hay instrumento que le permita en forma sencilla al empresario responderse preguntas como, por ejemplo: “Si me instalo en Paraguay, ¿cuál es la legislación laboral?, ¿puedo tomar gente o no?, ¿la puedo contratar?, ¿la tengo que indemnizar si el negocio no funciona? ¿Qué impuestos gravan la actividad? ¿Son más altos en Paraguay que en Argentina? ¿Qué tipo de sociedad puedo constituir? Y con InfoPyme puede tener rápidamente algunas respuestas que aporten a su toma de decisiones.
mercosurabc
