Iniciativa Etanol ¿Oportunidad para la integración energética continental?

Durante el discurso sobre el estado de la Nación en Enero 2007, el Presidente George W. Bush anunció un programa que potencialmente abre oportunidades comerciales y económicas para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La iniciativa energética esbozada en ese discurso tiene como meta alcanzar una reducción del 20%, hacia el año 2017, del consumo de gasolina de la flota de 250 millones de vehículos existentes en Estados Unidos.

Así planteado, el programa tiene dos objetivos estratégicos. En primer lugar, apunta a reducir la fuerte -y creciente- dependencia del petróleo importado por ese país, principalmente de naciones consideradas adversarias de los Estados Unidos. En segundo lugar, se propone contribuir a una reducción de las emisiones de CO2 que, a partir de la combustión de los derivados del petróleo, constituye un factor importante del calentamiento global.

La reducción del consumo de este último tipo de combustibles deberá ser hecha a través de una adición creciente de etanol a la gasolina, de manera similar a lo realizado por el programa brasileño, que acumula ya una experiencia de 30 años en el uso de este bio-combustible no contaminante. En el caso norteamericano, para alcanzar la meta de reducción del consumo de gasolina en un 20%, sería necesario obtener cerca de 3 millones de barriles diarios de etanol, un volumen equivalente a la producción diaria de petróleo de Venezuela.

Veamos a continuación cuáles son los principales factores que afectan la producción y viabilidad financiera de la elaboración de etanol a la escala requerida por el programa estadounidense.

Por un lado, se puede afirmar que en la actualidad los productores norteamericanos no están en condiciones de aportar el volumen de etanol requerido por tres razones: (i) en los Estados Unidos se produce el etanol a partir del maíz. En un escenario (hipotético) de trasformar toda el área plantada de maíz en etanol, el volumen de combustible producido no sería suficiente para alcanzar la meta de sustituir el 20% de la gasolina consumida actualmente; (ii) la producción de etanol a partir del maíz exige subsidios del gobierno federal. Actualmente, un galón de etanol (4 litros) cuesta en fábrica alrededor de US$ 1,68. Si a este monto le sumamos los costos de transporte y comercialización, el precio final del bio-combustible es superior al de la gasolina que se vende a US$ 2,30 por galón; y (iii) la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede reaccionar al programa etanol aumentando la producción de petróleo y disminuyendo el precio del barril. En tal caso, el gobierno estadounidense tendría que aumentar el volumen de subsidio para los productores de etanol, lo que constituye una medida contraria a los compromisos asumidos por este país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por otra parte, la experiencia brasileña demuestra que la producción de etanol a partir de la caña de azúcar es más competitiva que la norteamericana. Los costos de producción del etanol brasileño equivalen a la mitad (50%) de los costos del etanol obtenido a partir del maíz. En tal caso, el precio de este producto continuaría siendo competitivo en un escenario caracterizado por precios del petróleo más bajos. Podría decirse (ex-ante) que el éxito en los Estados Unidos del programa etanol dependerá de una serie de factores, entre los que se destaca la importación de altos volúmenes de etanol a partir de la caña de azúcar. Sin dudas, Brasil ocupará una posición central en este programa. Pero, ¿Qué sucederá con los demás países latinoamericanos y caribeños? ¿Están dadas las condiciones socioeconómicas y tecnológicas para que también puedan participar del programa?


Críticos y defensores

Brasil es el principal beneficiario de la iniciativa y podría transformarse en la nueva Arabia Saudita en el área de los bio-combustibles. Un estudio llevado a cabo por el Núcleo de Asuntos Estratégicos (NAE) de la Presidencia de la República de Brasil concluyó que la producción brasileña de etanol podrá -en dependencia con la evolución de la demanda mundial y la aceleración de las inversiones- sustituir cerca del 5% de la gasolina consumida mundialmente en el año 2025.

Los defensores entusiastas mencionan otro aspecto positivo de la iniciativa etanol: intensificará el comercio y contribuirá a la integración hemisférica. Según esta línea de pensamiento, al tornarse Brasil en el principal proveedor del mercado norteamericano de este combustible alternativo, se establecería una integración energética de hecho entre ambos países, generándose así las condiciones para una integración comercial y económica más profunda.

La participación de los demás países latinoamericanos en la iniciativa etanol se transformó en el tema “caliente” del momento, lo que se ve reflejado tanto en la prensa como en los círculos de debate diplomático, académico y de negocios de la nación. De manera simplificada, se puede decir que surgen dos “escuelas” de pensamiento que argumentan a favor y en contra de la iniciativa. La primera de ellas -en la que se incluye al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del estudio “A Blueprint for Green Energy in the Americas”- sostiene que la iniciativa es altamente favorable para los países latinoamericanos debido a dos factores fundamentales: (i) se estimula una industria tecnológicamente avanzada lo que beneficiará a las zonas rurales al mejorar la renta, los salarios y la calidad de vida de estas poblaciones relegadas del proceso de desarrollo; (ii) se ayuda a disminuir la vulnerabilidad energética de las economías pequeñas de la región, casi todas dependientes de la importación de petróleo. Estas economías pequeñas simplemente no están en condiciones de pagar los precios que alcanzó el petróleo durante los últimos años, por lo que podrían a través de la iniciativa etanol encontrar una salida a ese problema.

Por su lado, los críticos concentran sus argumentos contra la iniciativa etanol en la cuestión ambiental y la seguridad alimentaria. El argumento sostenido por los detractores es que la expansión de las plantaciones de caña de azúcar se hará a expensas de los bosques nativos y tropicales, aumentando el ritmo de deforestación en áreas sensibles de los ecosistemas. A su vez, la pérdida acelerada de la forestación contribuirá a la aceleración de los cambios climáticos vinculados al calentamiento de la superficie terrestre. Para estos críticos, gran parte del territorio latinoamericano podría transformarse en las próximas décadas en un “gran cañaveral” dedicado a la producción de etanol.

En cuanto a la seguridad alimentaria, se argumenta que un aumento en el área plantada de la caña de azúcar implica una reducción en el área plantada de otros alimentos y, por lo tanto, una disminución en la oferta que traerá aparejado fuertes aumentos en los precios finales en productos esenciales de la canasta alimentaria, con el consiguiente impacto negativo en la renta de la población más pobre.

Para concluir, se puede afirmar que la iniciativa etanol está provocando una saludable discusión política sobre las implicaciones que la misma tendrá para los países latinoamericanos. Para los defensores, la iniciativa ofrece una excelente oportunidad para modernizar el sector rural, mejorando la calidad de vida de la población que vive en el campo. Para los críticos, ésta será una iniciativa que beneficiará a los ricos y perjudicará tanto a los pobres como al medio ambiente. Este argumento a la vez induce a otra reflexión sobre el papel que desempeñarán los Estados de la región: ¿Intervendrán para que los beneficios de esta iniciativa sean distribuidos equitativamente o se mantendrán al margen? Esta pregunta pone una vez más sobre la mesa de discusión un recurrente tema de la economía política: ¿quiénes ganarán y quienes perderán con la iniciativa etanol?

* Uziel Nogueira (uzieln@iadb.org) es Economista Senior en Integración, BID-INTAL.