La controvertida modificación de la Ley de Defensa en Paraguay
El presidente Cartes envió el 20 de agosto al Congreso y pidió trámite de urgencia al proyecto que modifica la Ley 1337, de Defensa Nacional y Seguridad Interna, a fin de tener el resguardo legal para la incursión militar.
En tiempo récord, el presidente Horacio Cartes logró el respaldo de casi toda la oposición, además de la bancada de la ANR, a su plan de modificar la Ley 1337 de Defensa y Seguridad Interna, para dar luz verde a la incursión militar en el combate al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la Zona Norte del país.
El mandatario se reunió con los líderes de bancada Adolfo Ferreiro (Avanza País), Carlos Amarilla (PLRA), Jorge Oviedo Matto (Unace) y Desirée Masi (PDP). Los legisladores del Frente Guasu estuvieron ausentes. El senador Carlos Filizzola aclaró que no fueron invitados, dice Roberto Santander en una nota publicada por RedComsur.
En esta reunión, que se suma al encuentro que ya tuvo el pasado lunes con los senadores de la bancada colorada, Cartes consiguió que se trate de urgencia el proyecto que modifica la Ley 1337. Con esta normativa, actualmente, se requiere de la declaración del estado de excepción para que incursionen operativamente los militares en la zona de conflicto.
Con las modificaciones, los militares podrán actuar, no solo como apoyo a la Policía, en la búsqueda del grupo criminal, que realizó el fin de semana su primer atentado en el nuevo Gobierno. Cuatro guardias de seguridad y un policía de una estancia de Tacuatí, Departamento de San Pedro, fallecieron en el ataque, considerado el más brutal del grupo.
Tras conseguir el respaldo político, el titular del Poder Ejecutivo presentó ayer mismo, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el pedido de modificación de la ley. Hoy esta Cámara aprueba la normativa y se aguarda que mañana haga lo mismo el Senado.
El lunes, el mandatario ya ordenó reforzar con un contingente militar la zona de Tacuatí, como apoyo logístico de la Policía.
Durante el encuentro desarrollado el 20 en Mburuvicha Róga, el presidente recalcó que tiene una clara convicción de la magnitud del problema.
Entre las acciones que discutieron los legisladores y el mandatario, coincidieron en la necesidad de encarar medidas de contingencias, pero paralelamente aplicar medidas de pacificación en las reformas profundas en materia de asistencia del Estado: salud, educación, fuentes de trabajo y obras viales en la Zona Norte.
“Marcaremos presencia en las zonas norteñas del país, sumidas últimamente en la inseguridad, a través de la construcción de escuelas, caminos, puentes y la creación de cooperativas entre los pobladores”, escribió Cartes en su cuenta oficial en las redes sociales.
El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, dijo que con el cambio de la ley el presidente tendrá mayores atribuciones para utilizar todos los recursos del Estado y preservar la seguridad.
Darío Filártiga, asesor político del Ejecutivo, explicó que la intención es emplear a los militares contra actos de terrorismo, sin necesidad de aprobar un estado de excepción, que fue descartado por el nuevo Gobierno, ante los pocos resultados de años atrás.
El Serpaj de Paraguay
“La militarización no es la salida, está demás comprobado; incluso, entre las fuerzas del orden -militares y policiales- se produjo una vez un tiroteo entre ellos mismos”, sostuvo Abel Irala, investigador en Serpaj-Py (Servicios de Paz y Justicia – Paraguay).
Para empezar, es importante señalar que la militarización tiene, en principio, dos efectos disuasivos en una situación de crisis, tal como se ha instalado en la sociedad y en el imaginario colectivo.
Por un lado, la paralización de la movilización popular, principalmente en el campo. Y, por otro, el redireccionamiento de la opinión pública hacia el EPP y todo lo que pueda hacer este grupo armado.
Esta intención de remilitarizar la zona denominada de influencia del EPP, muy rica en recursos naturales y que atrae al modelo extractivista, tiene el agravante de que se da en un contexto de ajustes jurídicos y legales, específicamente, la modificación de la Ley de Defensa Nacional y la Ley Antiterrorista. (Esta última promulgada, en 2010, por Lugo).
De esta manera, las Fuerzas Armadas van a quedar al arbitrio directamente del Poder Ejecutivo, sin necesidad de pasar por los demás poderes del Estado. “Es decir, el presidente Horacio Cartes va a poder ordenar, por decreto, la actuación de las Fuerzas Armadas en las acciones que el Ejecutivo crea necesarias. Esto significa que se le da luz verde a un organismo que no está preparado, ni equipado, ni regulado para intervenir en la seguridad interna”, advierte.
Lo segundo, con la Ley Antiterrorista, puede ocurrir lo que pasa en Estados Unidos donde rige la famosa Acta Patriota (implementada luego de los atentados del 11-S), con el que se pueden dar detenciones, interrogatorios, sin los resguardos jurídicos necesarios.
“Por el solo hecho de ser sospechoso de una actividad considerada terrorista, uno puede ser indagado, privado de su libertado o imputado; sin tener en cuenta los marcos jurídicos nacionales e internacionales que deberían garantizar el debido proceso de toda persona”, refuerza.
“Que se generen condiciones de vida digna para los asentamientos campesinos, por ejemplo, pasan ser demandas estigmatizadas como panfleto o como reivindicación de un supuesto grupo terrorista (…) Además, con qué elementos el Gobierno dice que estos asesinatos fueron realizados por el EPP; un grupo fantasmagórico que, casualmente, cada vez que actúa lo que genera es una fuerte reacción del Estado (a través de las fuerzas de seguridad policial y militar) que se centra en los asentamientos campesinos y nunca se da con el objetivo”, remata.
El mandatario se reunió con los líderes de bancada Adolfo Ferreiro (Avanza País), Carlos Amarilla (PLRA), Jorge Oviedo Matto (Unace) y Desirée Masi (PDP). Los legisladores del Frente Guasu estuvieron ausentes. El senador Carlos Filizzola aclaró que no fueron invitados, dice Roberto Santander en una nota publicada por RedComsur.
En esta reunión, que se suma al encuentro que ya tuvo el pasado lunes con los senadores de la bancada colorada, Cartes consiguió que se trate de urgencia el proyecto que modifica la Ley 1337. Con esta normativa, actualmente, se requiere de la declaración del estado de excepción para que incursionen operativamente los militares en la zona de conflicto.
Con las modificaciones, los militares podrán actuar, no solo como apoyo a la Policía, en la búsqueda del grupo criminal, que realizó el fin de semana su primer atentado en el nuevo Gobierno. Cuatro guardias de seguridad y un policía de una estancia de Tacuatí, Departamento de San Pedro, fallecieron en el ataque, considerado el más brutal del grupo.
Tras conseguir el respaldo político, el titular del Poder Ejecutivo presentó ayer mismo, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el pedido de modificación de la ley. Hoy esta Cámara aprueba la normativa y se aguarda que mañana haga lo mismo el Senado.
El lunes, el mandatario ya ordenó reforzar con un contingente militar la zona de Tacuatí, como apoyo logístico de la Policía.
Durante el encuentro desarrollado el 20 en Mburuvicha Róga, el presidente recalcó que tiene una clara convicción de la magnitud del problema.
Entre las acciones que discutieron los legisladores y el mandatario, coincidieron en la necesidad de encarar medidas de contingencias, pero paralelamente aplicar medidas de pacificación en las reformas profundas en materia de asistencia del Estado: salud, educación, fuentes de trabajo y obras viales en la Zona Norte.
“Marcaremos presencia en las zonas norteñas del país, sumidas últimamente en la inseguridad, a través de la construcción de escuelas, caminos, puentes y la creación de cooperativas entre los pobladores”, escribió Cartes en su cuenta oficial en las redes sociales.
El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, dijo que con el cambio de la ley el presidente tendrá mayores atribuciones para utilizar todos los recursos del Estado y preservar la seguridad.
Darío Filártiga, asesor político del Ejecutivo, explicó que la intención es emplear a los militares contra actos de terrorismo, sin necesidad de aprobar un estado de excepción, que fue descartado por el nuevo Gobierno, ante los pocos resultados de años atrás.
El Serpaj de Paraguay
“La militarización no es la salida, está demás comprobado; incluso, entre las fuerzas del orden -militares y policiales- se produjo una vez un tiroteo entre ellos mismos”, sostuvo Abel Irala, investigador en Serpaj-Py (Servicios de Paz y Justicia – Paraguay).
Para empezar, es importante señalar que la militarización tiene, en principio, dos efectos disuasivos en una situación de crisis, tal como se ha instalado en la sociedad y en el imaginario colectivo.
Por un lado, la paralización de la movilización popular, principalmente en el campo. Y, por otro, el redireccionamiento de la opinión pública hacia el EPP y todo lo que pueda hacer este grupo armado.
Esta intención de remilitarizar la zona denominada de influencia del EPP, muy rica en recursos naturales y que atrae al modelo extractivista, tiene el agravante de que se da en un contexto de ajustes jurídicos y legales, específicamente, la modificación de la Ley de Defensa Nacional y la Ley Antiterrorista. (Esta última promulgada, en 2010, por Lugo).
De esta manera, las Fuerzas Armadas van a quedar al arbitrio directamente del Poder Ejecutivo, sin necesidad de pasar por los demás poderes del Estado. “Es decir, el presidente Horacio Cartes va a poder ordenar, por decreto, la actuación de las Fuerzas Armadas en las acciones que el Ejecutivo crea necesarias. Esto significa que se le da luz verde a un organismo que no está preparado, ni equipado, ni regulado para intervenir en la seguridad interna”, advierte.
Lo segundo, con la Ley Antiterrorista, puede ocurrir lo que pasa en Estados Unidos donde rige la famosa Acta Patriota (implementada luego de los atentados del 11-S), con el que se pueden dar detenciones, interrogatorios, sin los resguardos jurídicos necesarios.
“Por el solo hecho de ser sospechoso de una actividad considerada terrorista, uno puede ser indagado, privado de su libertado o imputado; sin tener en cuenta los marcos jurídicos nacionales e internacionales que deberían garantizar el debido proceso de toda persona”, refuerza.
“Que se generen condiciones de vida digna para los asentamientos campesinos, por ejemplo, pasan ser demandas estigmatizadas como panfleto o como reivindicación de un supuesto grupo terrorista (…) Además, con qué elementos el Gobierno dice que estos asesinatos fueron realizados por el EPP; un grupo fantasmagórico que, casualmente, cada vez que actúa lo que genera es una fuerte reacción del Estado (a través de las fuerzas de seguridad policial y militar) que se centra en los asentamientos campesinos y nunca se da con el objetivo”, remata.
mercosurabc
