Por qué Paraguay debería ser suspendido en el Mercosur y la UNASUR

Escribo estas líneas con un sentimiento de profundo dolor y tristeza. El 22 de junio seguí con atención uno de los hechos más vergonzosos de la historia contemporánea sudamericana: la destitución del Presidente de la hermana República del Paraguay Fernando Lugo por el Congreso Nacional de ese país a través de una puesta en escena burda y descalificadora. Aferrándose al mecanismo constitucional de juicio político la mayoría parlamentaria opositora al gobierno democráticamente electo en las urnas en el año 2008, violó un principio sagrado de la democracia representativa: el que consagra que la soberanía de las naciones reside en sus pueblos, y es el pueblo , sujeto y titular de esa soberanía, quien delega en sus representantes la responsabilidad de gobernar un Estado.

Los Diputados y Senadores de la oposición, que controla el Congreso de Paraguay, han demostrado no sólo su esencia autoritaria, sino también un profundo desprecio por su pueblo, su poco apego a su constitución nacional y una arrogancia manifiesta colocándose por encima de la ley.

Las cinco acusaciones presentadas por la Cámara de Diputados de Paraguay, las cuales no vale la pena ni siquiera analizar, son inconsistentes, discriminatorias y carecen de suficientes y efectivos elementos probatorios. No es serio acusar a un Jefe de Estado por haber firmado un Protocolo Internacional en el marco del Mercosur que justamente preserva y consagra al orden democrático como un bien público regional superior. En este proceso sumarísimo, propio de las dictaduras más sangrientas que han desolado la región, se ha violado el principio de defensa en juicio ni mas ni menos que del Presidente de la República, lo cual hace que esta acción sea de un peligro potencial severo para la ciudadanía paraguaya.

Como manifestaran varios Presidentes Sudamericanos y la UNASUR, el gobierno de Federico Franco es ilegítimo, y los responsables de esta acción debieran asumir, con el máximo rigor, la responsabilidad de sus actos.

Celebro lo expresado por la Presidente de Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, de no convalidar el golpe de Estado en Paraguay, a la vez que son oportunamente pertinentes sus dichos acerca de que se tomarán medidas con el resto de los países sudamericanos, toda vez que este hecho afecta a la democracia de la región.

Me quiero detener en un aspecto a tener en cuenta; ante todo y como principio rector sería conveniente que las medidas que se decidan en los ámbitos regionales correspondientes sean orientadas y dirigidas pura y exclusivamente al ilegítimo gobierno paraguayo, en el marco del derecho internacional. El sufrido hermano pueblo del Paraguay es víctima y rehén de una situación determinados sectores políticos no escatimarán recursos en victimizarse ante eventuales medidas, trayendo a colación temas muy sensibles en la opinión pública del vecino país, producto de heridas históricas que no han cicatrizado aún. Comunicar adecuadamente esas medidas al pueblo paraguayo debiera ser incluido en la agenda.

Respecto a los acuerdos de integración regional, tanto el Mercosur como la Unasur cuentan con dispositivos jurídicos que prevén sanciones a los Estados Partes, en caso de violación de sus acuerdos.

En efecto, el Protocolo de Ushuaia de Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile firmado el 24 de julio de 1998, en su artículo 5 prevé la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos. Es decir que bien cabría la suspensión de la membresía del Paraguay como socio pleno del Mercosur hasta tanto: 1) no se restituya en el cargo al Presidente Lugo o bien 2) asuman nuevas autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía en elecciones generales, con las respectivas suspensiones de los derechos consagrados en la normativa regional vigente.

A su vez, el Mercosur por Decisión del Consejo Mercado Común Nro. 20/02 prevé un mecanismo de toma de decisiones de urgencia que bien podría aplicarse, en este caso, para evitar que en la próxima Cumbre del Mercosur a realizarse el próximo 29 de junio en Mendoza, esté presente un Jefe de Estado ilegítimo, cuyo gobierno no ha sido reconocido por el resto de los Estados Partes del Mercosur. Asímismo el 14 de junio ppdo., el Grupo Mercado Común aprobó la Resolución 19/12 que admite la realización de reuniones a través del sistema de videoconferencia.

No estaría de más, que los Estados Partes declarasen personas no gratas, prohibiéndoles el ingreso a sus respectivos territorios a los 76 Diputados y 39 Senadores del Congreso Nacional Paraguayo que hicieron posible semejante despojo al hermano pueblo paraguayo.

La UNASUR, a su vez, cuenta con el El Protocolo Adicional sobre Compromiso con la Democracia que forma parte integrante del Tratado Constitutivo de UNASUR que fue suscrito en Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26 de noviembre de 2010 , donde también se prevé la suspensión de la membresia plena de un pais, en casos de interrupción del orden institucional.

Para finalizar, lo ocurrido en la hermana República del Paraguay es un hecho grave que, como señalé, afecta no solo la democracia en ese país, sino en toda la región; Sudamérica y el Mercosur precisan de un Paraguay que pueda crecer y desarrollarse en paz y en plena democracia, se está frente a un hecho histórico trascendente que amerita tomar decisiones con firmeza y sabiduría para fortalecer la democracia y la integración regionales.

*Presidente de EPICA – Espacio para la integración y la convergencia