Por una Corte Penal Latinoamericana

Un fantasma recorre Latinoamérica: el fantasma del crimen organizado. Desde la frontera norte de México hasta el Cono Sur, pasando por la Centroamérica ocupada por las maras, los países andinos en riesgo de convertirse en estados fallidos, la Caracas degradada a ser la segunda ciudad más insegura del planeta, las villas miseria argentinas y las favelas brasileras invadidas por el narco, las cocinas, los talleres clandestinos y los prostíbulos alimentados por la trata, el fantasma del crimen organizado está cambiando para peor el destino de la región. En todas partes, los ciudadanos se quejan de sus consecuencias: del auge del delito, la violencia irracional, la corrupción política y la inseguridad generalizada. Sin embargo, pocos logran percibir lo que se esconde detrás de la mano que empuña el revólver: el largo brazo de las organizaciones criminales que nacieron locales (como demuestra el nombre “Cartel de Medellín”, por ejemplo), se hicieron luego nacionales, primero, y regionales y globales, después, y que han desbordado hoy, completamente, los débiles muros de contención edificados por las fuerzas de seguridad nacionales.

Redes de protección que esconden en otros países a prófugos de la Justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones criminales que lavan globalmente sus activos, intercambio mundializado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y en el mundo. Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes. Al triste récord de ser la región socialmente más desigual del mundo, Latinoamérica ha agregado el de ser la región con mayores niveles de violencia criminal del planeta. La proliferación de grupos dedicados al crimen transnacionalmente organizado se está constituyendo así en el principal problema social de la región, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico. Creer que es posible enfrentarlo mediante organizaciones meramente racionales es cerrar los ojos a la realidad y a lo sucedido en estos últimos años.

Los problemas regionales requieren soluciones regionales. Las resoluciones regionales requieren instituciones regionales. El tráfico de drogas, armas y personas, y el lavado de dinero, actividades alrededor de las cuales se estructura la vasta red de corrupción y criminalidad que ha empeorado sensiblemente nuestras vidas, son -por definición- crímenes transnacionales, y sólo pueden ser perseguidos eficazmente por instituciones de esa misma escala. Una corte penal latinoamericana contra el crimen transnacional organizado que trabaje complementaria y subsidiariamente con las cortes nacionales podría representar un valioso aporte a la lucha contra los crímenes definidos por Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, y por los protocolos de Palermo y de Viena, a los que han adherido casi todos los países de Latinoamérica. Sólo una corte de este tipo, capaz de combinar la información recopilada por las policías de todos los países adherentes, sería capaz de detectar y apresar a las cúpulas de las organizaciones mafiosas, de incautar sus bienes, de mejorar la cooperación jurídica y policial, de monitorear la situación en la escala real en que suceden los fenómenos criminales, de ofrecer recomendaciones efectivas para la mejora de las legislaciones nacionales y de proteger internacionalmente a testigos y luchadores sociales hoy expuestos a las amenazas y represalias de las mafias.

Una Corte Penal Latinoamericana contra el crimen transnacional organizado es la única respuesta institucional democrática a los desafíos planteados en el siglo XXI por la criminalidad organizada. Es por todo esto que Democracia Global, una pequeña ONG dedicada a la construcción de instituciones jurídicas y políticas supranacionales, ha lanzado una campaña para constituirla siguiendo los lineamientos de la exitosa experiencia que llevó a la creación de la Corte Penal Internacional que hoy persigue crímenes de lesa humanidad desde La Haya. Actores políticos y judiciales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados por la avasalladora marea de delincuencia que se está llevando puesta la vida civil en la región y en el país, están convocados a dar su contribución a la campaña.   

Fernando A. Iglesias

Director de la campaña por la Corte Penal Latinoamericana (COPLA)