Robo de mercaderías en tránsito

La seguridad de los choferes y el resguardo de sus vidas no es tema menor tanto para el sector empresario como para el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, descontando desde ya la preocupación de las familias que viven alarmadas cada vez que escuchan por los medios los maltratos, y hasta la muerte de los conductores.

Este flagelo, “la piratería del asfalto” nos viene golpeando desde hace al menos 15 años, primero sobre cargas de alimentos o mercaderías de muy alto valor y fácil reducción, las que al ser adquiridas por “comerciantes” inescrupulosos los convierte en motores de este accionar. En aquel entonces los lugares más castigados fueron el Gran Buenos Aires, y sus rutas de acceso, pasando a ser tiempo después cosa cotidiana dentro de la Capital Federal.

Hoy el escenario cambió. Ya no solo se roba dicha mercadería, sino que asaltan camiones que transportan materias primas para industrias de lo más específicas, de “difícil colocación” en el mercado. La excepción sería que estas mercaderías se encuentren “pre vendidas”, con lo que sería muy importante la cantidad de robos por encargo de cargas que están esperando ser entregadas ilícitamente en plantas industriales, lo que agrega un nuevo actor en la cadena de logística de la delincuencia.

Los malhechores se han organizado formando bandas preparadas para todo evento, ya no importa si los camiones tienen custodia satelital o armadas; siempre logran su propósito superando numéricamente a los custodios o saboteando los sistemas satelitales más sofisticados.

Por otra parte el delito se federalizó; primero se extendió a las provincias limítrofes de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe, y en Entre Ríos; para extenderse luego a cualquier punto del país, (Mendoza, Patagonia, Neuquén, San Juan, Catamarca; etc.). Y terminar sorprendiendo de la forma más inédita. Hasta los mas escépticos nunca esperarían un robo en el corredor internacional Cristo Redentor, cosa que ocurrió hace un par de años. Se llegó aún más allá y en los últimos días el ilícito llegó a la zona de Potrerillos y Punta de Vacas, lugares que tienen extremos controles de las fuerzas de seguridad en el ámbito de Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Mendoza. Esto nos lleva a determinar que no existe rincón del país en el que podamos contar con la tranquilidad de estar a salvo de esta verdadera pesadilla con hechos inexplicables e inesperados, con bandas armadas que evidentemente asumen riesgos que nunca antes se habían atrevido a encarar.

Estos hechos son tema de seminarios, estudios de abogados penalistas, Asociaciones, Federaciones, embajadas, cámaras binacionales, medios periodísticos. Pero las soluciones no llegan. No existe a nivel país un 911 “emergencias” sino solo a nivel Gran Buenos Aires, no hay una política integrada de comunicación entre fuerzas de seguridad a nivel nacional.

No solo vivimos esta pesadilla las empresas argentinas, también otro tanto padecen las empresas extranjeras que ingresan a nuestro territorio, creando un clima enrarecido con los países limítrofes, donde las cámaras empresariales interactúan con sus gobiernos para solicitar por la vía diplomática una solución a estos problemas por parte de nuestras autoridades. Entre los casos más resonantes se puede mencionar el robo de un convoy de cinco camiones de bandera chilena en la provincia de Córdoba. ¿esto es posible en una Argentina que quiere convertirse en un país exportador?

No debemos dejar de lado las consecuencias fiscales; en el caso de mercaderías en tránsito de importación, la más “tragicómica” es que el estado nacional a través de la AFIP – DGA (Dirección general de Aduanas), según el código aduanero en su articulo 310 y 311, considera que la mercadería robada ha sido importada para consumo. Por tanto requiere de los transportistas o su agente “como deudor principal” el pago de las obligaciones tributarias (articulo 312). De tal forma el mismo Estado que no ofrece seguridad, hace responsable al transportista por esa misma falta de seguridad que sin ningún lugar a dudas fue la causa del hecho delictivo. Esto hace imprescindible y urgente una reforma del Código Aduanero o alguna vía alternativa de modificar la presunción de culpabilidad del transportista, donde al menos se quite la figura del “deudor principal” o bien se considere exonerado al transportista en el caso de que no haya sido condenado por negligencia, dolo o falta grave.

Podemos concluir diciendo que después de todo este análisis, en el que en ningún momento hemos mencionado la suba de costos por la contratación de medios de seguridad, los daños materiales y de altísimo valor económico que significa la pérdida de unidades que no se recuperan o si se lo hace es con faltantes o serios deterioros, y conllevan una interminable gestión ante las comisarías y sedes judiciales que intervienen, donde deben actuar letrados, expertos en la materia, produciendo gastos, además del lucro cesante por la lentitud del sistema.

A su vez los choferes suelen padecer problemas psíquicos, luego de haber sufrido el asalto a mano armada y casi sin excepción la privación ilegítima de la libertad, debiendo prestar declaración indagatoria ante las distintas autoridades, quienes los señalan como los primeros sospechosos o “culpables” del ilícito, una cuestión que en mi opinión personal no corresponde, ya que estas super-bandas de delincuentes, no necesitan del chofer para cometer su fin, ellos tienen señalado desde cualquiera de los tantos actores sea cual fuere su intervención, el paso del camión con el detalle de las mercaderías y los tiempos y lugares donde van a actuar, motivo por el cual deberíamos desterrar la figura del chofer como partícipe necesario, sino tomarlo como otra de las victimas de este accionar delictivo.

Gustavo Angel Macias
Socio Gerente
G.M.SERVICARGO S.R.L.
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