Seguridad alimentaria y comercio intrarregional de alimentos en la ALADI

Durante el último decenio América Latina y el Caribe han vivido un período de dinamismo económico y disminución de la pobreza.


Los países han asignado mayores recursos presupuestales y ejecutado un mayor gasto público, especialmente atendiendo a demandas con fuerte contenido social.

A la vez han impulsado inversiones en infraestructura y han incrementado las transferencias de ingresos como factor contra-cíclico, atendiendo a situaciones de disminución de la actividad económica o cuando el incremento de los precios ha deprimido la demanda interna. No obstante, la región presenta niveles de desigualdad aún muy altos y superiores a los de otras regiones y en la mayoría de los países ha disminuido la participación de las remuneraciones al trabajo en el PIB.

La región es un importante actor en la producción y el comercio de alimentos a nivel global y en conjunto tiene suficiente disponibilidad para autoabastecerse y proveer al mundo de ellos, así como recursos de agua y tierra para producir aún más. Sin embargo, el flagelo del hambre y la desnutrición continúa presente y alcanza todavía a cerca de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo cual es una notable paradoja en una región que exporta alimentos al resto del mundo.

Esta situación se ha visto agravada, a partir de 2007, por las sucesivas alzas y volatilidad en los precios de los alimentos, que han afectado la seguridad alimentaria y nutricional de la región, particularmente en los hogares más pobres y vulnerables, y en los países importadores netos. En el año 2012 la sequía y las altas temperaturas en regiones productoras de maíz y soya de Estados Unidos han generado nuevas presiones sobre el comercio y los precios internacionales de esos productos, que se trasladan en cascada sobre el precio de otros alimentos. La inseguridad alimentaria en la región es completamente evitable, ya que hay disponibilidad de alimentos, pero se requiere del compromiso y articulación de todos los sectores involucrados, junto a mayores recursos e inversiones para, entre otras cosas, aumentar la productividad de la agricultura familiar, principal proveedor de alimentos en la región, y diseñar y adoptar medidas de política específicas para asegurar el acceso a los alimentos, principalmente en los sectores más vulnerables de la población, enfrentando así las principales causas de la inseguridad alimentaria antes mencionada.

En el ámbito rural de los países se requiere de políticas públicas que, por una parte, aseguren el acceso de la agricultura familiar a los recursos productivos y mejoren su capacidad para participar en los mercados, tanto de servicios e insumos como de productos. Y que, por otra, promuevan empleos “decentes”, aseguren un acceso mayor y más amplio de los sectores más vulnerables a los servicios sociales (educación, salud, vivienda, etc.) y contribuyan a fortalecer las organizaciones de productores, trabajadores y sociedad civil del medio rural.

La capacidad de abastecimiento de alimentos de América Latina se caracteriza por diferencias y complementariedades entre los países de la región. Esto abre posibilidades para incrementar el comercio agroalimentario intrarregional en función de la seguridad alimentaria, a través de medidas que faciliten a los países de la región la disponibilidad y el acceso a los alimentos y de mecanismos de comercio y cooperación novedosos para que la agricultura familiar y los sectores más vulnerables se beneficien efectivamente del aumento del comercio y la integración regional.

La nueva administración de la FAO, en concordancia con el Consejo de la Organización y con su mandato de erradicar el hambre, ha establecido entre sus prioridades impulsar el diálogo social entre los principales actores a nivel de los países –legisladores, sociedad civil y sector empresarial– y jugar un rol más activo en la promoción de mecanismos de gobernanza de la seguridad alimentaria a nivel global y regional.

El acuerdo establecido en marzo de 2012 entre la Dirección General de la FAO y la Secretaría General de la ALADI es un instrumento que permite a ambas organizaciones, cada una desde sus mandatos y capacidades específicas, aunar esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria y nutricional y la integración de la región, en conformidad con el mandato recibido de sus países miembros. El presente estudio forma parte de ese esfuerzo y busca aportar elementos que sirvan de base para futuros análisis y eventuales acuerdos entre los países de la ALADI sobre posibles acciones conjuntas.



Carlos Alvarez
Secretario General de la ALADI
Raúl Benítez
Subdirector General Adjunto de la FAO y
Representante Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe

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