Una nueva Cumbre del MERCOSUR: ¿hacia un foro político?
El viernes 12 de julio de 2013, se realizó en Montevideo una nueva Cumbre del Mercosur, que contó con la participación de todos los presidentes del bloque a excepción de Paraguay, que continúa suspendido.
La XLV Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) aprobó un total de 15 normas, uno de los niveles de aprobación más bajos de los últimos años. El resultado en cuanto a su contenido no es mucho mejor, ocupándose las decisiones de aspectos más bien institucionales, pero en ningún caso, considerando aquellos asuntos de fondo que están afectando el desarrollo del proceso de integración.
En efecto, solo a modo de ejemplo, el capítulo sobre la evaluación general del Mercosur disponible en el acta de la XLV Reunión Ordinaria del CMC, confirma la aseveración anterior. En su desarrollo, se establece que el avance del Mercosur en su relacionamiento externo (este debería ser uno de los temas centrales de la agenda si se tiene en cuenta la dinámica internacional en este campo) fue la firma de un Acuerdo Marco de Asociación con Guyana y Surinam, otro convenio que se suma a la ya larga lista de acuerdos sin impactos ciertos en términos económicos.
Más allá del debate generado en cuanto a si el Mercosur es un acuerdo político o económico, parece claro que un proceso de integración de la profundidad pretendida por el Mercosur (un mercado común), necesariamente tiene que contar con un componente político. Además, es esperable y valorable que los presidentes de una misma región dispongan de la posibilidad de intercambiar opiniones en encuentros regulares como los asentidos por las Cumbres del Mercosur o de la UNASUR, de los cuales naturalmente deberán emerger declaraciones que atiendan y velen por los intereses de cualquier país de la región.
El problema se presenta cuando existe un desbalance entre lo político y lo económico, ocupando lo político todos los espacios de la agenda del bloque y prácticamente desconociendo la importancia de lo económico, o lo que es peor, omitiendo aquellos temas pendientes o dificultades que en última instancia terminan afectando a todos los ciudadanos del Mercosur, debiendo ser éstos, los principales beneficiados por el fenómeno de la integración.
Al respecto, desde la Cumbre de San Juan del año 2010, quizás la última donde se aprobaron normas de significación económica (con la posible excepción del impacto económico que puede traer aparejado el ingreso de Venezuela al Mercosur), si bien las mismas siguen sin implementarse, el bloque no ha avanzado en los temas centrales en consonancia con su deseada profundización.
En contrapartida, las decisiones políticas han marcado el desarrollo del bloque en los últimos años, incluso superando las barreras jurídicas que todos los miembros deberían respetar, pero especialmente los más pequeños. La modalidad en que se concretó el ingreso de Venezuela al Mercosur es un buen ejemplo de lo comentado, afectando la credibilidad del bloque en cuanto al respeto de sus normas y confirmando el desbalance entre los dos pilares ya comentado.
Parece ser, que los presidentes del Mercosur sin excepción, visualizan al proceso como un foro político y ya no más como un proceso de integración, aspecto que se hace evidente desde el momento en que las dificultades entre los socios se resuelven de forma bilateral, o cuando la posible profundización de las normas comunitarias acordadas entre los miembros, también se plantean en clave bilateral.
A futuro, el proceso de integración seguirá demandando decisiones políticas, ya que ese será el único camino posible para remediar la situación jurídica generada por las normas aprobadas en el período de suspensión de Paraguay, algunas de ellas, de alta significación como lo fue el ingreso de Venezuela al bloque o la aprobación del Protocolo de Adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur.
A esta altura, es más que necesario el pronto regreso de Paraguay al Mercosur y la convalidación de las normas aprobadas durante su suspensión.
Ahora bien, luego de alcanzar ese escenario, es deseable que la relación entre el enfoque político y económico vuelva a su justo equilibrio, ocupando este último, el lugar que indican las normas originarias y los objetivos fundacionales -muchos aún por alcanzarse- del bloque. Pero muy especialmente, cabe reflexionar sobre la importancia de respetar las normas jurídicas, que voluntaria y legítimamente, fueron aprobadas por los mismos socios que tiempo después optaron por desconocerlas.
De no seguirse dicho camino, se estaría confirmando la desnaturalización del Mercosur como proceso de integración, y serían firmes los pasos hacia la creación de un nuevo foro político de nombre “MERCUNASUR”.
En efecto, solo a modo de ejemplo, el capítulo sobre la evaluación general del Mercosur disponible en el acta de la XLV Reunión Ordinaria del CMC, confirma la aseveración anterior. En su desarrollo, se establece que el avance del Mercosur en su relacionamiento externo (este debería ser uno de los temas centrales de la agenda si se tiene en cuenta la dinámica internacional en este campo) fue la firma de un Acuerdo Marco de Asociación con Guyana y Surinam, otro convenio que se suma a la ya larga lista de acuerdos sin impactos ciertos en términos económicos.
Más allá del debate generado en cuanto a si el Mercosur es un acuerdo político o económico, parece claro que un proceso de integración de la profundidad pretendida por el Mercosur (un mercado común), necesariamente tiene que contar con un componente político. Además, es esperable y valorable que los presidentes de una misma región dispongan de la posibilidad de intercambiar opiniones en encuentros regulares como los asentidos por las Cumbres del Mercosur o de la UNASUR, de los cuales naturalmente deberán emerger declaraciones que atiendan y velen por los intereses de cualquier país de la región.
El problema se presenta cuando existe un desbalance entre lo político y lo económico, ocupando lo político todos los espacios de la agenda del bloque y prácticamente desconociendo la importancia de lo económico, o lo que es peor, omitiendo aquellos temas pendientes o dificultades que en última instancia terminan afectando a todos los ciudadanos del Mercosur, debiendo ser éstos, los principales beneficiados por el fenómeno de la integración.
Al respecto, desde la Cumbre de San Juan del año 2010, quizás la última donde se aprobaron normas de significación económica (con la posible excepción del impacto económico que puede traer aparejado el ingreso de Venezuela al Mercosur), si bien las mismas siguen sin implementarse, el bloque no ha avanzado en los temas centrales en consonancia con su deseada profundización.
En contrapartida, las decisiones políticas han marcado el desarrollo del bloque en los últimos años, incluso superando las barreras jurídicas que todos los miembros deberían respetar, pero especialmente los más pequeños. La modalidad en que se concretó el ingreso de Venezuela al Mercosur es un buen ejemplo de lo comentado, afectando la credibilidad del bloque en cuanto al respeto de sus normas y confirmando el desbalance entre los dos pilares ya comentado.
Parece ser, que los presidentes del Mercosur sin excepción, visualizan al proceso como un foro político y ya no más como un proceso de integración, aspecto que se hace evidente desde el momento en que las dificultades entre los socios se resuelven de forma bilateral, o cuando la posible profundización de las normas comunitarias acordadas entre los miembros, también se plantean en clave bilateral.
A futuro, el proceso de integración seguirá demandando decisiones políticas, ya que ese será el único camino posible para remediar la situación jurídica generada por las normas aprobadas en el período de suspensión de Paraguay, algunas de ellas, de alta significación como lo fue el ingreso de Venezuela al bloque o la aprobación del Protocolo de Adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur.
A esta altura, es más que necesario el pronto regreso de Paraguay al Mercosur y la convalidación de las normas aprobadas durante su suspensión.
Ahora bien, luego de alcanzar ese escenario, es deseable que la relación entre el enfoque político y económico vuelva a su justo equilibrio, ocupando este último, el lugar que indican las normas originarias y los objetivos fundacionales -muchos aún por alcanzarse- del bloque. Pero muy especialmente, cabe reflexionar sobre la importancia de respetar las normas jurídicas, que voluntaria y legítimamente, fueron aprobadas por los mismos socios que tiempo después optaron por desconocerlas.
De no seguirse dicho camino, se estaría confirmando la desnaturalización del Mercosur como proceso de integración, y serían firmes los pasos hacia la creación de un nuevo foro político de nombre “MERCUNASUR”.
mercosurabc
