Cambio climático y agenda comercial de América Latina
Un seminario desarrollado en el mes de noviembre en Rio de Janeiro, Brasil, hacia la Cumbre de Copenhague, dio cuenta de las repercusiones de un “problema global, con implicaciones distributivas fuertemente asimétricas”, tal como fue tratado en el documento presentado por Roberto Bouzas, junto a Soledad Aguilar y Andrea Molinari en el evento. (Fragmento)
La evidencia científica sobre el fenómeno del cambio climático se ha incrementado significativamente en los últimos años. Considerando las actuales proyecciones de emisiones globales, los riesgos potenciales incluyen la posibilidad de daños catastróficos. Según las últimas estimaciones publicadas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), una estabilización de los niveles de dióxido de carbono equivalente a 445-535 ppm (CO2e) en la atmósfera con un pico en el año 2020 y una reducción de emisiones de entre 30 y 85% sobre los niveles del año 2000 para el año 2050, provocaría un aumento promedio mundial de temperatura sobre niveles preindustriales de entre 2 y 2,8 grados centígrados y un aumento promedio en el nivel del mar entre 0,4 y 1,7 metros (IPCC, 2007).
Incluso escenarios menos exigentes -y por lo tanto con mayores probabilidades de daños catastróficos a los ecosistemas, las cadenas alimentarias y la población en las regiones más vulnerables del planeta- requeriría reducir las emisiones globales per capita de alrededor de 6.9 tCO2e en el año 2000 a entre 3.2 y 4.8 tCO2e en el año 2050 (de la Torre et al. 2009). El desafío en el mediano plazo es claro: alcanzar esta meta requerirá acciones muy demandantes en términos de recursos económicos y de definición de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como multilateral.
Uno de los principales desafíos del fenómeno del cambio climático es que se trata de un problema global con implicaciones distributivas fuertemente asimétricas. Una de las asimetrías deriva de la responsabilidad histórica en la gestación del problema: mientras que los 18 países más industrializados han sido responsables por el 75% de las emisiones relacionadas con la energía realizadas desde 1850, su población representa en la actualidad sólo el 20% de la población mundial (de la Torre et al. 2009, p. 18). Asimismo, y en parte como reflejo de este mismo fenómeno, en el año 2005 los dos principales países emisores (Estados Unidos y China) tenían emisiones per capita de 20 y 4 toneladas de dióxido de carbono, respectivamente.
Por último, las asimetrías se refieren no sólo a la responsabilidad por la génesis y la contribución actual a la intensidad del fenómeno, sino que también se expresan en una asimetría en la disponibilidad de recursos para enfrentarlo, tanto desde el punto de vista financiero como tecnológico.
Con la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 los Estados parte expresaron su decisión de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel que evite interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. También establecieron que dicha estabilización debería lograrse en un plazo suficiente como para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible (CMNUCC, art. 2). Tomando nota de las referidas asimetrías, los países en desarrollo (PED) impulsaron el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", según el cual el grado de esfuerzo requerido a los países industrializados debería ser mayor que el asumido por los PED. En la actualidad la CMNUCC cuenta con 192 partes y tiene una cobertura y un ámbito de aplicación globales. Su principal instrumento es el protocolo de Kioto, del que son parte todos los grandes emisores con excepción de Estados Unidos. El Protocolo establece metas de reducción de las emisiones para un conjunto de países industrializados y su primer período de compromisos concluirá en el año 2012. En la reunión de las partes del régimen de cambio climático (CMNUCC y Protocolo de Kioto) a realizarse en diciembre de 2009 en Copenhague deberían acordarse modalidades para un acuerdo sobre el siguiente período de compromiso o un nuevo instrumento que reemplace al Protocolo de Kioto.
Un aspecto particularmente sensible de las negociaciones es la fuerte presión para incluir limitaciones a las emisiones de (al menos algunos grandes emisores entre) los PED. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, aún cuando los países desarrollados redujeran al 100% sus emisiones netas (convirtiéndose en 'carbono-neutrales'), una meta modesta de estabilización de las emisiones totales en 535-590 ppm (CO2e) requeriría una reducción per capita de las emisiones en los países en desarrollo del orden del 28% para el año 2050 (de la Torre et al., 2009).
En forma paralela a las negociaciones internacionales sobre el régimen de cambio climático algunos países iniciaron o están considerando programas nacionales de limitación de las emisiones. En algunos casos (como en la Unión Europea -UE) estos programas se implementaron como parte de los compromisos multilaterales, mientras que en otros (como Estados Unidos) aún no hay vigentes limitaciones pero existen varias iniciativas con estado parlamentario. Dada su naturaleza descentralizada, el desarrollo de un régimen multilateral de cambio climático puede plantear áreas de superposición o conflicto potencial con regímenes pre-existentes, como el régimen de comercio internacional. Pero los riesgos mayores se derivan de la implementación de programas nacionales sin un marco multilateral consistente. Estos riesgos se plantean por las previsibles presiones domésticas para compensar los efectos de las medidas que se adopten sobre la competitividad internacional y por la posibilidad de que existan fugas de carbono (carbon leakage) que esterilicen el esfuerzo por reducir las emisiones globales. En efecto, cuando las medidas nacionales no se acompañan de programas equivalentes en otros países o no son parte de un compromiso multilateral, es inevitable que surjan presiones para la implementación de mecanismos que permitan compensar sus efectos sobre la competitividad y/o evitar que la relocalización de actividades económicas anule los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones. En tal caso no sólo habría un efecto redistributivo sobre la actividad económica sino que, además, se frustraría el propósito de reducir las emisiones globales.
América Latina cuenta con un 7% de la población, un 5% del PBI real y un 12% de las emisiones de GEI del mundo, lo que significa que tanto en términos per capita como con respecto al PBI las emisiones de la región superan el promedio mundial, aunque están muy por debajo de las de los países desarrollados (de la Torre et al., 2009). Estas emisiones provienen principalmente, y en similar proporción (alrededor del 30%), de las actividades agropecuarias y forestales, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura (especialmente por la expansión de la frontera agrícola), y el sector energético (sobre todo el transporte). Los desechos y la industria contribuyen con menos del 3% cada uno (CMNUCC, 2005). Según el IPCC la región latinoamericana disminuyó la participación mundial de sus emisiones de GEI de un 13,4% (5,5 GtCO2e) en 1990 a 10,3% quince años después, principalmente debido al cambio en el uso del suelo (CEPAL, 2009). La región, sin embargo, es extremadamente heterogénea e incluye al menos tres categorías de países: los "grandes emisores" (Brasil y México, con más del 1% de las emisiones globales); los "emisores medianos" (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela); y los "emisores bajos" (aquellos países que no superan un milésimo de las emisiones globales). Brasil y México concentran la mayoría de las emisiones de la región y son candidatos a recibir la mayor parte de las demandas de contribución al tratamiento del fenómeno (y atraer la mayor parte del financiamiento para programas y proyectos de mitigación).
Los medianos emisores también pueden tener oportunidades para mitigar a bajo costo, lo que también hace posible su participación activa en los mercados de carbono (de la Torre et al., 2009).
Otros países con menor intensidad de carbono por unidad de PBI como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Uruguay y el Caribe, no ofrecen mayores oportunidades desde el punto de vista de la mitigación, aunque dependiendo de los resultados de las negociaciones en curso, pueden llegar a capturar fondos y participar en mecanismos de mercados a través de offsets (créditos emitidos por la conservación de los bosques y la conservación de stocks de carbono -REDD+, por sus siglas en inglés). Más allá del perfil general de emisiones, CEPAL (2009) señala que los países de América Latina parecen tener una ventaja comparativa revelada (VCR) en industrias ambientalmente sensibles.
Esto los hace susceptibles de crecientes exigencias climáticas en un escenario internacional que tiende (al menos por parte de los países desarrollados) hacia una producción menos intensiva en emisiones de carbono.
Soledad Aguilar, International Institute for Sustainable Development Reporting Services
Roberto Bouzas, Universidad de San Andrés y CONICET
Andrea Molinari, Universidad de San Andrés y CONICET
Incluso escenarios menos exigentes -y por lo tanto con mayores probabilidades de daños catastróficos a los ecosistemas, las cadenas alimentarias y la población en las regiones más vulnerables del planeta- requeriría reducir las emisiones globales per capita de alrededor de 6.9 tCO2e en el año 2000 a entre 3.2 y 4.8 tCO2e en el año 2050 (de la Torre et al. 2009). El desafío en el mediano plazo es claro: alcanzar esta meta requerirá acciones muy demandantes en términos de recursos económicos y de definición de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como multilateral.
Uno de los principales desafíos del fenómeno del cambio climático es que se trata de un problema global con implicaciones distributivas fuertemente asimétricas. Una de las asimetrías deriva de la responsabilidad histórica en la gestación del problema: mientras que los 18 países más industrializados han sido responsables por el 75% de las emisiones relacionadas con la energía realizadas desde 1850, su población representa en la actualidad sólo el 20% de la población mundial (de la Torre et al. 2009, p. 18). Asimismo, y en parte como reflejo de este mismo fenómeno, en el año 2005 los dos principales países emisores (Estados Unidos y China) tenían emisiones per capita de 20 y 4 toneladas de dióxido de carbono, respectivamente.
Por último, las asimetrías se refieren no sólo a la responsabilidad por la génesis y la contribución actual a la intensidad del fenómeno, sino que también se expresan en una asimetría en la disponibilidad de recursos para enfrentarlo, tanto desde el punto de vista financiero como tecnológico.
Con la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 los Estados parte expresaron su decisión de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel que evite interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. También establecieron que dicha estabilización debería lograrse en un plazo suficiente como para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible (CMNUCC, art. 2). Tomando nota de las referidas asimetrías, los países en desarrollo (PED) impulsaron el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", según el cual el grado de esfuerzo requerido a los países industrializados debería ser mayor que el asumido por los PED. En la actualidad la CMNUCC cuenta con 192 partes y tiene una cobertura y un ámbito de aplicación globales. Su principal instrumento es el protocolo de Kioto, del que son parte todos los grandes emisores con excepción de Estados Unidos. El Protocolo establece metas de reducción de las emisiones para un conjunto de países industrializados y su primer período de compromisos concluirá en el año 2012. En la reunión de las partes del régimen de cambio climático (CMNUCC y Protocolo de Kioto) a realizarse en diciembre de 2009 en Copenhague deberían acordarse modalidades para un acuerdo sobre el siguiente período de compromiso o un nuevo instrumento que reemplace al Protocolo de Kioto.
Un aspecto particularmente sensible de las negociaciones es la fuerte presión para incluir limitaciones a las emisiones de (al menos algunos grandes emisores entre) los PED. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, aún cuando los países desarrollados redujeran al 100% sus emisiones netas (convirtiéndose en 'carbono-neutrales'), una meta modesta de estabilización de las emisiones totales en 535-590 ppm (CO2e) requeriría una reducción per capita de las emisiones en los países en desarrollo del orden del 28% para el año 2050 (de la Torre et al., 2009).
En forma paralela a las negociaciones internacionales sobre el régimen de cambio climático algunos países iniciaron o están considerando programas nacionales de limitación de las emisiones. En algunos casos (como en la Unión Europea -UE) estos programas se implementaron como parte de los compromisos multilaterales, mientras que en otros (como Estados Unidos) aún no hay vigentes limitaciones pero existen varias iniciativas con estado parlamentario. Dada su naturaleza descentralizada, el desarrollo de un régimen multilateral de cambio climático puede plantear áreas de superposición o conflicto potencial con regímenes pre-existentes, como el régimen de comercio internacional. Pero los riesgos mayores se derivan de la implementación de programas nacionales sin un marco multilateral consistente. Estos riesgos se plantean por las previsibles presiones domésticas para compensar los efectos de las medidas que se adopten sobre la competitividad internacional y por la posibilidad de que existan fugas de carbono (carbon leakage) que esterilicen el esfuerzo por reducir las emisiones globales. En efecto, cuando las medidas nacionales no se acompañan de programas equivalentes en otros países o no son parte de un compromiso multilateral, es inevitable que surjan presiones para la implementación de mecanismos que permitan compensar sus efectos sobre la competitividad y/o evitar que la relocalización de actividades económicas anule los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones. En tal caso no sólo habría un efecto redistributivo sobre la actividad económica sino que, además, se frustraría el propósito de reducir las emisiones globales.
América Latina cuenta con un 7% de la población, un 5% del PBI real y un 12% de las emisiones de GEI del mundo, lo que significa que tanto en términos per capita como con respecto al PBI las emisiones de la región superan el promedio mundial, aunque están muy por debajo de las de los países desarrollados (de la Torre et al., 2009). Estas emisiones provienen principalmente, y en similar proporción (alrededor del 30%), de las actividades agropecuarias y forestales, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura (especialmente por la expansión de la frontera agrícola), y el sector energético (sobre todo el transporte). Los desechos y la industria contribuyen con menos del 3% cada uno (CMNUCC, 2005). Según el IPCC la región latinoamericana disminuyó la participación mundial de sus emisiones de GEI de un 13,4% (5,5 GtCO2e) en 1990 a 10,3% quince años después, principalmente debido al cambio en el uso del suelo (CEPAL, 2009). La región, sin embargo, es extremadamente heterogénea e incluye al menos tres categorías de países: los "grandes emisores" (Brasil y México, con más del 1% de las emisiones globales); los "emisores medianos" (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela); y los "emisores bajos" (aquellos países que no superan un milésimo de las emisiones globales). Brasil y México concentran la mayoría de las emisiones de la región y son candidatos a recibir la mayor parte de las demandas de contribución al tratamiento del fenómeno (y atraer la mayor parte del financiamiento para programas y proyectos de mitigación).
Los medianos emisores también pueden tener oportunidades para mitigar a bajo costo, lo que también hace posible su participación activa en los mercados de carbono (de la Torre et al., 2009).
Otros países con menor intensidad de carbono por unidad de PBI como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Uruguay y el Caribe, no ofrecen mayores oportunidades desde el punto de vista de la mitigación, aunque dependiendo de los resultados de las negociaciones en curso, pueden llegar a capturar fondos y participar en mecanismos de mercados a través de offsets (créditos emitidos por la conservación de los bosques y la conservación de stocks de carbono -REDD+, por sus siglas en inglés). Más allá del perfil general de emisiones, CEPAL (2009) señala que los países de América Latina parecen tener una ventaja comparativa revelada (VCR) en industrias ambientalmente sensibles.
Esto los hace susceptibles de crecientes exigencias climáticas en un escenario internacional que tiende (al menos por parte de los países desarrollados) hacia una producción menos intensiva en emisiones de carbono.
Soledad Aguilar, International Institute for Sustainable Development Reporting Services
Roberto Bouzas, Universidad de San Andrés y CONICET
Andrea Molinari, Universidad de San Andrés y CONICET
mercosurabc
