Consecuencias del shutdown del gobierno estadunidense

Como se sabe, el así llamado “Government Shutdown” es producto de la aplicación de la Antideficiency Act que, desde el siglo XIX, estableció reglas muy claras sobre los límites que deben tener las administraciones federales para obtener y utilizar financiamiento. El control recae fundamentalmente en el Congreso federal, el cual es el único autorizado para aprobar los gastos y los programas de operación, conocidos en la jerga jurídica estadunidense como las Appropriations.

Como tal, el fenómeno del cierre parcial del gobierno es una rareza, pues implica que el ciclo de trabajo habitual entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no se cumplió, y se alcanzó una situación límite: la no aprobación en tiempo de los presupuestos públicos. Al no haber acuerdo, se aplica lo previsto en la referida ley y las dependencias gubernamentales y sus empleados deben detener sus operaciones.

Las excepciones a la aplicación de la ley no se definen de forma precisa, sino que se establecen de manera genérica para dar margen a los responsables de los programas de incluir sus actividades, en caso de probarse la necesidad de que se mantengan operando. Así, la expresión genérica que marca las actividades y estructuras que deben mantenerse en funciones es que resulten indispensables para garantizar la seguridad nacional, la protección de la vida y la protección de la propiedad.

En las casi dos semanas que lleva de vigencia el cierre parcial, se han suspendido las labores de más de un centenar de dependencias y más de 800 mil burócratas no han asistido a sus lugares de trabajo. El paro afecta solamente los trámites y servicios que prestan oficinas federales. Los que son responsabilidad de gobiernos estatales, de gobiernos locales y de las así llamadas autoridades especiales que cuentan con sus propias fuentes de financiamiento se mantienen, en principio, operando con normalidad.

Debe tenerse presente que, a diferencia de México y otros países latinoamericanos, el sistema administrativo estadunidense es altamente descentralizado. Esto quiere decir que la mayoría de los servicios y beneficios que recibe la población o que soportan el funcionamiento de la economía no están en manos de instancias federales o de carácter nacional.

Son los gobiernos subnacionales y las autoridades especiales las que tienen la responsabilidad de prestar servicios tan importantes como la educación a todos los niveles, la salud, la protección de la infancia, las ayudas para vivienda, la construcción y mantenimiento de carreteras e infraestructura, la promoción de la inversión, entre muchas otras. Es por ello que el cierre parcial del gobierno federal estadunidense no es tan grave, como podría serlo si ocurriera en México, El Salvador, Chile o Venezuela.

Ahora bien, aunque la suspensión de actividades de la administración federal estadunidense no ponga en riesgo la operación inmediata de los principales servicios públicos, ello no quiere decir que no tenga efectos nocivos en la economía y en la sociedad. De la misma forma en que existe un alto grado de descentralización administrativa, también se dan pautas de elevada interdependencia y cooperación entre gobiernos y organismos operadores de políticas y programas.

El reparto de funciones y responsabilidades en el sistema federal estadunidense ha tendido, desde sus orígenes, a favorecer la gestión descentralizada de los servicios, pero a concentrar y centralizar en el gobierno federal las capacidades recaudatorias y de manejo de los recursos financieros.

Esta concentración de la capacidad recaudatoria ha llevado a que sean las instancias nacionales o federales las principales financiadoras y promotoras de nuevos programas y servicios. De lo que resulta que, aun cuando sean los gobiernos subnacionales los que se hagan cargo de la prestación directa, para hacerlo dependen del financiamiento y apoyo técnico de dependencias y empleados federales.

Con el actual cierre parcial de las dependencias que no son prioritarias para la seguridad nacional o la protección de la vida y la propiedad, lo que se perfila es una falta de recursos y de apoyo técnico para las instancias estatales, municipales y especiales que dependen de ambos para su operación. Y es ahí donde se encuentran los mayores riesgos para la estabilidad económica general.

Como bien manifestó hace unos cuantos días la directora del Fondo Monetario Internacional, una prolongación mayor del shutdown del gobierno federal estadunidense afectará, primero, la funcionalidad de su economía local, pero luego se trasladará al comercio internacional y a los mercados globales.

A otro nivel, la suspensión de las actividades gubernamentales está afectando funciones y procesos de valor social, económico y científico. Desde el cierre temporal de estaciones de investigación en la Antártida, pasando por la no realización de inspecciones alimentarias o aeronáuticas, hasta la no tramitación de créditos para empresas pequeñas y medianas.

Como puede verse, el apego a la legalidad puede resultar también en situaciones críticas.

*Director de DIVIP Asociación Civil, ppsosa@hotmail.com

Publicado en Cronica.com.mx