El efecto de la UNASUR, en la asociación Unión Europea- América Latina

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).- Situación actual

Si bien América Latina, es una de las regiones más activas en términos de proyectos de integración regional , empero durante los últimos años, ha sido sobre todo en el área Suramericana donde ha emergido una propuesta de integración con ciertos rasgos que la diferencia de las experiencias previas .

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) surge a partir de la ambición de crear una fuerza política-económica estratégica. Salazar sostiene que se espera que la consolidación de la UNASUR permita enfrentar de manera efectiva los mayores problemas de la vida internacional, adoptando políticas y acciones comunes en relación con la defensa de los sistemas democráticos, la lucha contra la delincuencia internacional (drogas, terrorismo, violación de derechos humanos), la promoción del desarrollo sostenible y otras formas de cooperación solidaria entre los Estados.

También se espera que la dimensión y esencia política de este proyecto de integración no sólo contribuya a la reinserción de América del Sur en el sistema internacional, sino que propicie condiciones objetivas para dar solidez a la seguridad regional generando solidaridades recíprocas entre los pueblos, y principalmente entre los actores sociales y económicos, y entre los gobiernos.
A través de la observación de este contenido, y asumiendo una interpretación doctrinaria realista, se aprecia que este proceso apuntaría a conseguir el manejo de temas donde normalmente se ha denunciado injerencia, sobre todo por parte de Estados Unidos en el ejercicio de sus estrategias para mantener su hegemonía. Empero, el análisis se tiene que dirigir a verificar si la UNASUR cuenta con los instrumentos necesarios para el cumplimiento de estos fines.

Uno de los aspectos a resaltar es que la propuesta de la UNASUR no ciñe su progresión a los postulados de la teoría de la integración económica tradicional, impulsada por Jacob Viner (1950), y Bela Balassa (1961), donde se concibe la integración económica como requisito previo para niveles más profundos de integración en otras áreas .

Este regionalismo, que algunos autores catalogan como “post-liberal” , encierra –desde mi perspectiva- el mérito de ser una propuesta pensada y planteada desde Latinoamérica . Además, no se debe perder de vista el importante potencial que significaría la emergencia de un nuevo bloque geoeconómico en una parte del mundo en la que existen vastas reservas de recursos naturales, tales como minerales, agua, tierras cultivables y energía. El caso del petróleo es bastante ilustrativo. Si fuesen comprobadas las reservas brasileñas “off shore” -que podrían superar los 50.000 millones de barriles- las reservas combinadas de Brasil y Venezuela serán superiores a las de Arabia Saudita, estimadas en 250.000 millones de barriles. A su vez, grandes reservas y producción de petróleo, gas natural, hidroelectricidad y biocombustible, permitirían una sólida integración energética regional con beneficios para los doce países, principalmente a los importadores de energía como Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Guyana.

No obstante, desde la perspectiva teórica el proceso requiere aún mayor investigación, pues si tal y como está establecido actualmente se supedita el avance del proceso a lo negociado a nivel intergubernamental, es previsible que el proceso continúe experimentando obstáculos como el producido durante la reunión de los Cancilleres y Ministros de Defensa de la UNASUR realizada el 15 de septiembre de 2009, donde no hubo acuerdo ante la negativa de Colombia a la demanda de varios países de la región de “transparentar” el acuerdo militar con Estados Unidos, en pos de establecer medidas de confianza en materia militar.

Una solución viable, atendiendo la coyuntura actual de la UNASUR, está en la alternancia de los gobernantes pues, en el caso de Colombia y Perú, las elecciones de 2010 y 2011 respectivamente, han significado un cambio de rumbo en sus relaciones con los otros países miembros de la UNASUR, de tal manera que si –por ejemplo- a mediados de 2010 Colombia y Venezuela estaban al borde de la guerra, desde marzo de 2011 ambos países rotarán en el manejo de la Secretaria General de la UNASUR, como reflejo del consenso logrado por los cancilleres de la UNASUR, y de la buena intención de realizar un trabajo conjunto en pos de la consolidación de este proceso de integración.
Además, la entrada en vigencia del Tratado Constitutivo de la UNASUR (marzo 2011), ha significado un avance más en la consolidación del proceso, pues la UNASUR queda plenamente constituida como una entidad con personería jurídica internacional, brindándose -cada vez más- las condiciones necesarias para que se dé esa atribución de competencias soberanas a la organización por parte de los países miembros, y pueda trascender el marco de cooperación intergubernamental.

Por otro lado, si bien desde el primer momento, los países suramericanos han conferido especial importancia a la agenda política, evitando asumir un posicionamiento sobre el mode-lo económico a seguir para consolidar la integración , sin embargo ante la severa crisis financiera internacional, el Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas de la UNASUR ha preparado un Plan de acción (aprobado por los Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR, en Agosto 2011, para que sea elevado al Consejo de Jefes y Jefas de Estado) que si bien es una “respuesta política regional” a la turbulencia económica mundial, incluye medidas para iniciar un trabajo conjunto en temas que potencien el intercambio comercial intrarregional. Es el caso de la ampliación del fondo de reservas anti cíclico, y la creación de una comisión encargada de detectar la existencia de medidas y trabas para arancelarias a nivel intrarregional, a fin de poder corregirlas. Asimismo, se acordó reforzar la financiación regional, con una mayor capitalización de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ratificar el apoyo a la creación del Banco del Sur, y avanzar en el desarrollo de un sistema multilateral de pagos en monedas locales.

Es cierto que estas medidas no constituyen un compromiso para iniciar un proceso de integración económica, siguiendo los postulados de la teoría de la integración económica tradicional , (puesto que no se menciona la creación de un área de libre comercio, ni de una unión aduanera) sin embargo denotan un impulso al proceso en el ámbito de la cooperación económica – financiera, observando las potencialidades para la emergencia de la región como actor geoeconómico, en un mundo –cada vez- más multipolar.

Es una buena iniciativa la de acordar una serie de medidas para emprender un trabajo conjunto y más intenso de integración comercial y coordinación económica en la región, donde más allá de cumplir objetivos sobre postulados de teoría de integración económica la visión se debe dirigir a potenciar la intensidad del intercambio en aquellas zonas donde las ventajas competitivas estén generando un flujo comercial importante y complementario que signifiquen desarrollo económico, pero sobre todo bienestar social. Obviamente, el acervo comunitario en el ámbito comercial logrado en el seno del MERCOSUR y la CAN es un elemento que debería facilitar el proceso, aunque esto depende de que los países miembros coadyuven con una respuesta política adecuada (puesto que en ambos casos hay un predominio de los órganos de carácter intergubernamental en el manejo del proceso). Resulta precipitado pensar en un área de libre comercio suramericana o una unión aduanera suramericana, o en un espacio suramericano donde se hayan establecido plenamente las cuatro libertades, de hecho el discurso oficial apunta a metas menos ambiciosas aún, e incluso se podría plantear que en los fundamentos ideológicos del proceso de integración no se ha establecido que la consecución de las cuatro libertades sea el camino para generar el desarrollo en la región.

En todo caso, los dos retos más importantes a enfrentar por parte de la UNASUR serían: la progresiva atribución de competencias –en distintas áreas- a la organización por parte de los Estados miembros (con la correlativa institucionalización), y la materialización de medidas para la facilitación del intercambio comercial intra-suramericano, con resultados concretos. Esto en función de un fortalecimiento interno que le permita consolidarse como actor e interlocutor creíble.

El desafío de su interlocución como actor global, vale decir la capacidad para negociar o fijar posturas como bloque sobre temas diversos de la realidad internacional, hace evidente las divergencias entre algunas de las posturas de los países miembros (y su competición por la influencia regional) precisamente por las estrechas vinculaciones que aún mantienen con algunos de sus socios extra regionales en los temas referidos a relaciones hegemónicas. Es el caso, por ejemplo, de la situación en Libia pues los cancilleres de la UNASUR (reunidos en Agosto de 2011) debatieron, pero no lograron una posición conjunta. Entre los doce países de la UNASUR sólo Colombia ha reconocido hasta ahora al Consejo Nacional de Transición de los rebeldes libios que luchan, con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, para derrocar el régimen de Gadafi.

Una lectura distinta se realiza, sin embargo, cuando los países miembros de la UNASUR han intentado fijar posiciones comunes en torno a temas de carácter político que afectaban sus intereses, se puede hacer referencia, por ejemplo, a la Declaración que emitieron, en julio de 2008, sobre la “Directiva de Retorno” de la Unión Europea donde expresan su rechazo a dicha Directiva, y a cualquier intento de criminalización de los migrantes que pueda implicar la aplicación de esa normativa , subrayando que los derechos humanos de que son titulares los migrantes están garantizados por diversos instrumentos internacionales suscritos por los Estados de ambas regiones.

Situación similar se produjo en febrero de 2009 pues los países miembros de la UNASUR emitieron otra Declaración ante la inminente aprobación de parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de la "Propuesta de Directiva para sancionar a empleadores de inmigrantes irregulares" en la Unión Europea. En esta Declaración, la UNASUR hace un llamado a los Gobiernos de la Unión Europea a iniciar a la mayor brevedad un diálogo comprensivo y estructurado que ofrezca una respuesta integral al fenómeno de la migración, tal como fue acordado en la V Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea, en mayo de 2008.

Estos dos sucesos revelan la ambición, por parte de los países miembros de la UNASUR, de ser reconocidos como nuevo bloque regional que desea una interlocución con el “Santo Patrón” del interregionalismo, la Unión Europea , sobre temas que van más allá de los reclamos constantes de acceso al mercado europeo, y que en el marco de las Cumbres birregionales UE-ALC son abordados en la agenda política, la misma que se ha caracterizado por un cierto paternalismo expresado por la parte europea, por lo que el diálogo político no ha sido bi-direccional sino que se ha centrado sobre todo en los problemas de la región latinoamericana, en general.

El fenómeno de la migración, por sus efectos, escapa de esta dinámica pues involucra a los países emisores de emigrantes y a los receptores de inmigrantes, y si en la visión tradicional el diálogo político se centraba en la migración sobretodo como “problema” de los países pobres, el contexto actual exige reforzar el enfoque de “Co-desarrollo” en la agenda birregional lo que implica desarrollar también un análisis en torno a la situación de los países de acogida en la UE, por lo que puede ser el punto de partida para transitar hacia un diálogo bidireccional, sobre los temas de una agenda política, donde ninguno de los interlocutores determine su política hacia la otra región.


La UNASUR y la UNIÓN EUROPEA.- Sobre la viabilidad de una agenda política

El planteamiento de este tema, es decir la viabilidad de una agenda política entre la UNASUR y la Unión Europea, exige una reflexión sobre la necesidad y pertinencia de añadir un nuevo marco de relación, pues como se sabe existen ya varios marcos establecidos entre la Unión Europea y América Latina, y en más de un caso se incluye un diálogo político. Para cumplir con este propósito se efectuará una revisión de las funciones del interregionalismo en la relación birregional Unión Europea – América Latina, en la medida que ayudará a establecer el estado actual de la relación, a partir del cual se pueden extraer conclusiones sobre la necesidad y por tanto la viabilidad de una agenda política entre la UNASUR y la Unión Europea.


Conclusiones

La presencia de potencias emergentes evidencia los cambios geoeconómicos a nivel global, así -por ejemplo- Brasil actualmente es el país más grande e influyente en la región Suramericana. Su liderazgo ha sido indiscutible para el lanzamiento de la propuesta de integración regional suramericana, materializada a través de la UNASUR, por lo que se puede establecer que la emergencia de la UNASUR se explica en un contexto de cambios en la Geoeconomía global. No obstante, la prioridad concedida a la agenda política de la integración, pues los países miembros apuntan al manejo de temas donde normalmente se ha denunciado injerencia de las potencias externas (a la región), indica que éstos persiguen configurar un nuevo mapa geopolítico en la región suramericana.

En su proceso de consolidación como proceso de integración, la UNASUR debe afrontar dos retos importantes: la progresiva atribución de competencias –en distintas áreas- a la organización por parte de los Estados miembros (con la correlativa institucionalización), y la materialización de medidas para la facilitación del intercambio comercial intra-suramericano, con resultados concretos. Esto en función de un fortalecimiento interno que le permita consolidarse como actor e interlocutor creíble.

Precisamente en su desafío de ser reconocido como interlocutor creíble, los países miembros de la UNASUR han revelado su ambición de ser aceptados como nuevo bloque regional que desea una interlocución con el “Santo Patrón” del interregionalismo, la Unión Europea, sobre temas que van más allá de los reclamos constantes de acceso al mercado europeo, y que en el marco de las Cumbres birregionales UE-ALC son abordados en la agenda política. Es el caso –por ejemplo- del tema migratorio, y de la consolidación de los sistemas democráticos, a propósito de lo ocurrido en Honduras.

La revisión de las funciones del interregionalismo en la relación birregional Unión Europea – América Latina ha permitido establecer el estado actual de la relación, a partir de la cual se ha extraído una reflexión sobre la necesidad y la viabilidad de una agenda política entre la UNASUR y la Unión Europea:

La modificación del mapa geoeconómico global, produce también (aunque con menor inmediatez) cambios en la geopolítica global. En el periodo de crisis actual, la Unión Europea necesita reforzar su coherencia e identidad como actor regional, tanto en su proyección interna como externa, lo que hace necesario fijarse en aquellos nuevos actores regionales, cuya emergencia responde a esa nueva configuración geoeconómica y geopolítica global, como UNASUR.

Desde que en las actuales circunstancias no resulta probable que se pueda negociar sobre liberalización comercial entre la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Unión Europea, una alternativa para propiciar la institucionalización de sus relaciones interregionales consistiría en desarrollar una interlocución sobre asuntos políticos donde el diálogo sobre el proceso de gobernanza multinivel podría contribuir a terminar con los “cuellos de botella” existentes sobre los fundamentos ideológicos, y por ende al tipo de relaciones que sobre comercio y economía se pueden establecer entre ellos.

Sobre construcción de identidades, el desarrollo de un trabajo interregional exigiría, a ambas partes, una necesaria producción de identidades, en su proceso de interacción, pues las características y alcance de las relaciones no son idénticas, difiriendo en función del socio o contraparte de la que se trate, produciéndose también en este proceso una reproducción de identidades en función del alcance y naturaleza que adquieran las relaciones.

Si bien se ha logrado establecer la necesidad de una agenda política entre la UNASUR y la UE, sin embargo queda por ver si en las actuales circunstancias resulta viable establecer dicha agenda pues se ha percibido cierto estancamiento en el proceso de institucionalización de las relaciones interregionales, a partir del cambio en el mapa de la integración en América Latina. Está claro que la Unión Europea necesita tener señales claras por parte de la UNASUR sobre su firme propósito de avanzar en su proceso de consolidación como actor e interlocutor global, situación que aún no está del todo definida mientras no se logre ir más allá de la supremacía de los órganos intergubernamentales en el proceso de toma de decisiones, ya que dicha supremacía genera cierta incertidumbre sobre la consistencia de los compromisos que adquiera la UNASUR debido a los cambios en la orientación ideológica que pueda ocurrir en el seno de los Estados miembros cada vez que hay elecciones. En este sentido, la entrada en vigencia del Tratado Constitutivo de la UNASUR (marzo 2011) significa un avance al quedar constituida como una entidad con personería jurídica internacional, brindándose -cada vez más- las condiciones necesarias para que se dé esa atribución de competencias soberanas a la organización por parte de los países miembros, y pueda trascender el marco de cooperación intergubernamental. De otro lado, resulta decisivo el rol que pueda seguir manteniendo Brasil, como “modulador” de la integración en Suramérica, en la medida en que reflejara el modo de gobernanza global que promueve, como potencia que emerge en este contexto de cambios en la Geoeconomía global.

Si bien, ante los cambios en el mapa de la integración en América Latina, la primera reacción por parte de la UE ha sido posicionarse como un imperio blando, que apoya a unos países y va en contra de otros, pues decidió firmar acuerdos de libre comercio con aquellos países –Perú y Colombia- con una orientación más liberal, condicionando a Bolivia y a Ecuador que el único camino para lograr la concreción de dichos acuerdos era adherirse a las mismas condiciones de negociación alcanzadas con los otros dos países andinos, sin embargo en las actuales circunstancias la UE atraviesa una crisis interna con serios problemas de financiación para varios de sus países miembros, lo que puede generar una serie de cuestionamientos desde la base social sobre la orientación del modelo económico de integración. Este contexto de crisis genera una necesidad de diálogo interno en el seno de la Unión sobre las estructuras de su proceso, pero a la vez requiere que la UE apueste por un dialogo interregional intenso que le permita adaptarse de manera satisfactoria dentro del nuevo mapa geoeconómico y geopolítico en marcha, de ahí la importancia de emprender sendas conversaciones sobre modos de gobernanza multinivel, donde el dialogo interregional (UE-UNASUR) se presenta como un escenario propicio para alcanzar un desarrollo óptimo de las funciones del interregionalismo, cuyas resultados y beneficios se puedan extrapolar a nivel multilateral.


Notas

1La Historia reciente de la Integración económica latinoamericana pasa por hacer un recuento de aquellos proyectos de integración (principio de los años sesenta) que surgieron a la luz del modelo de la sustitución de importaciones, y que luego fueron reformulados bajo el prisma del modelo neoliberal (principio de los años noventa), lo que dio paso al surgimiento del nuevo regionalismo. En febrero de 1960, surge la Asociación Latinoamericana de Libre Cambio (ALALC), que inicialmente agrupó a Argentina, Bolivia, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La ALALC fue la primera propuesta de integración económica latinoamericana para el desarrollo de las naciones (reemplazado posteriormente por la ALADI). Por otra parte en 1969, el Pacto Andino se convierte en una contrapropuesta subregional que busca una integración de países con economías similares (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Otro de los intentos integracionistas es la firma en diciembre de 1970 del Tratado de Managua, agrupando a El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Su meta era establecer en el plazo de 5 años un mercado común (Mercado Común Centroamericano) para impulsar el crecimiento fabril mediante la sustitución de importaciones. Si bien, durante los primeros años de la experiencia integracionista se verificó un incremento en el comercio intrarregional, éste no era sostenido. Así, a partir de la segunda mitad de la década de los setenta se produjo un claro estancamiento del proceso integrador, y un posterior retroceso en el mismo (en la década de los ochenta), que fue el resultado de un conjunto amplio y diverso de factores económicos y políticos. Desde el punto de vista económico destaca el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que generó el agravamiento de la dependencia de la región respecto de los países industrializados, en desmedro de los términos de intercambio comerciales. Además, se produjo la crisis de la deuda externa con sus numerosos efectos negativos (inflación, déficit público, déficit por cuenta corriente, etc.) que significó la adopción de una serie de políticas proteccionistas. Desde el punto de vista político, destaca el deterioro de las relaciones entre los países del área. En unos casos, dicho deterioro deriva de la existencia de litigios fronterizos recurrentes (caso de Ecuador y Perú) y, en otros casos, de malas relaciones entre gobiernos de legitimidad muy diferente (unos democráticos, otros dictatoriales). Este contexto, caracterizado por los resultados poco satisfactorios de integración (falta de coordinación de las políticas cambiarias, la proliferación de las restricciones para-arancelarias, y el incumplimiento de las obligaciones y plazos pactados) condujo, a finales de los ochenta, a una reformulación de la integración, revitalizándose bajo la coyuntura del modelo de apertura económica que habían empezado a adoptar los países miembros de la región desde mediados de los ochenta. Dándose paso al modelo de regionalismo abierto, produciéndose el relanzamiento del Pacto Andino (ahora Comunidad Andina), del Mercado Común Centroamericano (ahora Sistema de Integración Centroamericano), y el surgimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Un examen de los distintos procesos subregionales revela que en realidad la estrategia del “regionalismo abierto” se ha aplicado de forma parcial y selectiva. En particular, se ha puesto más énfasis en lo que Jan Tinbergen llamó la “integración negativa”, es decir, la liberalización comercial intragrupo, que en la “integración positiva”, centrada en las políticas comunes y la construcción de instituciones.
2Para Sanahuja la crisis de la integración regional y del modelo del “regionalismo abierto” coincide con una nueva oleada de propuestas que apuntan a una redefinición del regionalismo y la integración. Aun teniendo enfoques distintos, y en ocasiones contradictorios, estas propuestas se caracterizarían por: (a) La primacía de la agenda política, y una menor atención a la agenda económica y comercial, lo que no es ajeno a la llegada al poder de distintos gobiernos de izquierda, al tono marcadamente nacionalista de esos Gobiernos, y a los intentos de ejercer un mayor liderazgo en la región por parte de algunos países, en particular Venezuela y Brasil. (b) El retorno de la “agenda de desarrollo”, en el marco de las agendas económicas del “post-consenso de Washington”, con políticas que pretenden distanciarse de las estrategias del regionalismo abierto, centradas en la liberalización comercial. (c) Un mayor papel de los actores estatales, frente al protagonismo de los actores privados y las fuerzas del mercado del modelo anterior. (d) Un énfasis mayor en la agenda “positiva” de la integración, centrada en la creación de instituciones y políticas comunes y en una cooperación más intensa en ámbitos no comerciales, lo que, como se indicará, ha dado lugar a la ampliación de los mecanismos de cooperación sur-sur, o la aparición de una agenda renovada de paz y seguridad. (e) Mayor preocupación por las dimensiones sociales y las asimetrías en cuanto a niveles de desarrollo, y la vinculación entre la integración regional y la reducción de la pobreza y la desigualdad, en un contexto político en el que la justicia social ha adquirido mayor peso en la agenda política de la región. En la particular realidad de América Latina, todos estos elementos han contribuido a la aparición de distintas propuestas que podrían caracterizarse como “post- liberales” por tratar de trascender el modelo del regionalismo abierto, encontrándose la Unión de Naciones Suramericanas entre ellas. SANAHUJA (J), “ Del `regionalismo abierto´ al `regionalismo postliberal ´. Crisis y cambio en la integración regional en América Latina” en MARTINEZ (L).; y LÁZARO (M) (coords.) Anuario de la Integración Regional de la América Latina y el Gran Caribe 2008-2009. Buenos Aires, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), 2008.
3El siglo XXI trajo para América del Sur aires nuevos de integración, pues se convocaron a una serie de cumbres regionales, y es a partir de la Cumbre de Cusco (Perú), de finales de 2004, que se comenzó a hablar de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). La CSN, desde su nacimiento, dio muestras de inusitado dinamismo pues se convocaron a cumbres importantes, lográndose algunos resultados en los ámbitos político, comercial y de cooperación sur-sur con los países árabes (Brasilia 2005) y con la Unión Africana (Abuja, Nigeria, Noviembre 2006; e Isla Margarita, Venezuela, Septiembre 2009). En abril de 2007, la CSN celebró una Cumbre en Isla Margarita (Venezuela) que se denominó y desarrolló casi hasta el final como Cumbre Energética de la Comunidad Sudamericana de Naciones. No obstante, en el curso de la reunión, los presidentes aprobaron la propuesta de cambio de nombre, por el de UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS “UNASUR”, pues consideraron que UNION era más comprometedor que COMUNIDAD, y que la denominación SURAMERICA es más explícita en su referencia al SUR del planeta. El Tratado Constitutivo de la UNASUR se aprobó en Brasilia, el 23 de mayo de 2008. La UNASUR está integrada por 12 países suramericanos: 5 del MERCOSUR (Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), 4 de la CAN (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), además Chile, Surinam y Guyana. Su diseño institucional es predominantemente intergubernamental: Consejo de Jefes de Estado (con presidencia pro témpore rotativa de manera anual, por orden alfabético); Consejo de Cancilleres; Consejo de Delegados (altas autoridades de las Cancillerías), Grupos Sectoriales, Secretaria General.
4SALAZAR (V), “La convergencia entra la CAN, el Mercosur, y la naciente Unasur: ¿Luz al final del camino? en Revista de la Integración. Número 2, julio 2008, pp. 92-97.
5VINER (J), The Customs Union Issue. New York, Carnegie Endowment for International Peace.
6En el caso de las teorías de la unión aduanera y del área monetaria óptima, Mattli (1999) sostiene que ninguna de ellas se ha dedicado a explicar los cambios en las reglas y políticas que gobiernan las regiones económicas. En este sentido, ambas teorías serían estáticas y fallarían en dar más luz sobre la profundización de los procesos de integración. Su atención se centraría en las relaciones de mercado, mientras que la importancia de las instituciones políticas y supranacionales se ve como algo alejado del análisis económico. MATTLI (W), “Explaining regional integration outcomes” en Journal of European Public Policy. Volumen 6, número 1. Marzo 1999, pp. 1-27.
7Se puede citar a José Antonio Sanahuja, Manuel Cienfuegos, Cristóbal Bywaters, Isabel Rodríguez, entre los más importantes.
8Una de las potencialidades que ofrece la UNASUR, se visualizó durante los acontecimientos producidos en 2008 en la crisis política surgida en Bolivia, pues ha sido la primera vez en la historia de la integración latinoamericana donde los países miembros – bajo la convocatoria de la presidencia Pro-Tempore- se reunían para deliberar y expresar su apoyo contundente a la legitimidad democrática de uno de sus gobiernos.
9Esta evasión “adrede” reflejaría las distintas posturas que mantie¬nen los países de la región en cuanto a los modelos para conseguir su desarrollo e in¬serción internacional.
10Habría que reflexionar sobre la idoneidad de programar objetivos rígidos – a corto plazo- en la integración económica, de la región Suramericana, bajo los presupuestos de la teoría de la integración económica tradicional.
11Los Estados miembros de la UNASUR exigen un trato justo y humanitario para todos sus migrantes en la UE, en consonancia con la generosa acogida brindada a cientos de miles de nacionales europeos y sus descendientes en América del Sur, sosteniendo que la reciprocidad histórica debería orientar el tratamiento de la migración entre ambas regiones, evitando el riesgo de acciones hostiles y discriminatorias contra sus ciudadanos y ciudadanas en el territorio de la Unión Europea.
12AGGARWAL (V) y FOGARTY (E), “The Limits of Interregionalism: The EU and North America” en Journal of European Integration. Volumen 27, número 3, 2005.




Texto completo en Dossier Temas del Cono Sur Nº 91, en edición

*Olga María Cerqueira Torres, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), olga.cerqueira@unir.net. Es Doctora en Ciencia Política (Relaciones Internacionales) por la Universidad Complutense de Madrid (Sobresaliente CUM LAUDE). Tesis doctoral titulada, “La integración andina y la Unión Europea: ajuste de percepciones y viabilidad del Acuerdo de Asociación”. Bajo la dirección de José Antonio Sanahuja Perales. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Abogada, Universidad Nacional de Trujillo-Perú, Nº CALL 6118.