El Mercosur como herramienta política en la lucha por la igualdad

Organizada por el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo) junto con el CEPI (Centro de Estudios en Política Internacional), la jornda internacional contó además con la participación de María José Lubertino, Martus Antonio Alves das Chagas y Manuel María Páez Monges, que abordaron en sus exposiciones la problemática vinculada a la Lucha contra la discriminación; en la búsqueda de la ciudadanía regional moderada por la periodista Luisa Valmaggia.

Durante el cierre de la Jornada realizada en el Auditorio INAP, el Embajador Eduardo Sigal, Subsecretario de Integración económica, Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina, expresó que es fundamental el protagonismo de la sociedad en la lucha contra la discriminación.

Asimismo, destacó que la ciudadanía regional es el sello distintivo del Mercosur que supera la visión de los Acuerdos de Libre Comercio que en los ’90 quisieron dirigir la política de integración regional. 

Para Sigal, las políticas regionales son una respuesta a los procesos de internacionalización y el Mercosur nace con un fundamento político que tiene por  objeto sostener la construcción de procesos democráticos iniciados en los ’80 con la Declaración de Foz de Iguazú.

Al haber salido los países de la región de procesos dictatoriales, las consignas que se encuentran en la base de la creación del Mercosur son la paz y la democracia. Pero este sello, dijo,  fue tergiversado por el Consenso de Washington que redujo a términos mercantilistas los fundamentos de la unión regional.

En este sentido, el Embajador declaró que ‘hoy no se superó la concepción neoliberal sobre la integración regional’ y que ‘el mercado no garantiza derechos ni combate la discriminación’.

Por ello, Sigal expresó que es necesario producir una ruptura con la concepción mercantilista, ya que la mayor discriminación proviene de la injusticia económica que es la base de la discriminación social y cultural. En tanto que el desafío que hay que emprender, siempre según el embajador, es la lucha social por la plena ciudadanía.

El funcionario también se refirió a las últimas elecciones presidenciales realizadas en Argentina destacando que hubo una ofensiva mediática que cuestionó el resultado electoral y, al hacerlo, cuestiona el principio igualitario fundante de la democracia, al desvalorizar el voto de los sectores populares. En este proceso descalificatorio, se establecen barreras culturales al plantear la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase, representados por los sectores medios y los sectores populares, respectivamente, aseguró.

Por otro lado, Sigal destacó que las rutas, la energía, las estructuras, la complementación productiva y la lucha por el empleo digno y bien remunerado son los ámbitos oportunos para crear un Mercosur dinámico.

En este sentido, manifestó en relación con los países latinoamericanos, que si bien ‘no somos los más pobres del mundo sí somos una de las sociedades más injustas en cuanto a la redistribución’ y la no redistribución de la riqueza es la mayor discriminación.

En este sentido, propuso volver a la unidad cultural como patrimonio común de derechos -ya que la discriminación deteriora el espacio público y genera ghettos- y utilizar al Mercosur como herramienta política para luchar por la igualdad.

Por su parte, Manuel María Páez Monges, Defensor del Pueblo del Paraguay, realizó un balance de las acciones llevadas a cabo por la Defensoría creada en 1992 para la defensa de los Derechos Humanos.

Al respecto manifestó que la Defensoría fiscaliza las políticas de Estado llevadas a cabo por organismos del Poder Ejecutivo pero que existen ciertas limitaciones dado que no tiene facultades ejecutivas ni judiciales.

Para Páez Monges, si bien hay una voluntad política en Paraguay -ya que firmó el 95% de los pactos internacionales vinculados a los Derechos Humanos- se produce un déficit debido a la falta de voluntad para concretar acciones.

En materia de derechos civiles y políticos se produjo un avance en Paraguay, según el Defensor del Pueblo; sin embargo, continúan relegados los derechos económicos, sociales y culturales.  

A su vez, planteó que en la actualidad los procesos migratorios tienen un origen económico y no político. Por un lado, los paraguayos que migran hacia Estados Unidos, Argentina o España, lo hacen en busca de mejores oportunidades económicas. Por otro lado, quienes emigran a Paraguay lo hacen en busca de aventuras y no sufren discriminación porque no representan un problema económico para el país.

Sin embargo, para Páez Monges, las nuevas comunidades que se asientan en las fronteras que Paraguay mantiene con Brasil pueden ser discriminadas por el Estado al no ser incluidas en una política educativa y sanitaria.  

Asimismo,  el funcionario se refirió a la situación de las minorías constituidas por las mujeres, los niños y los indígenas en Paraguay. Con respecto a las mujeres expresó que ocupan un segundo lugar en las decisiones políticas del país, y, aunque existen proyectos para que accedan a la dirección de cargos políticos, actualmente sólo acceden a cargos medios.

En relación a la niñez, la preocupación central de la Defensoría consiste en que el Estado impulse una política para resolver la situación de calle en la que se encuentran miles de niños. Por su parte,  Páez Monges, expresó que los 80 Mil indígenas que habitan Paraguay son discriminados, ya que no poseen los mismos beneficios a los que accede el resto de la sociedad.

El Vice-Ministro de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de Brasil, Martus Antonio Alves das Chagas, destacó el problema que existe en torno a la discriminación racial en su país a pesar de la existencia de varios organismos que tienen por finalidad combatirla. Entre ellos, destacó la creación de una Defensoría sobre delitos de violencia contra afrodescendientes.

Brasil es el segundo país de raza negra, por detrás de Senegal, la mitad de su población está conformada por afrodescendientes y la primera violación a los derechos humanos ocurre en el momento posterior al nacimiento cuando la falta de documentación obtura el derecho a la ciudadanía.

Para revertir los procesos discriminatorios sobre las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Brasil, la justa promoción de igualdades es fundamental para la consolidación de las democracias, según Alves das Chagas.

Pero para combatir el racismo, además, es necesaria la cooperación entre la sociedad civil, los organismos internacionales y los organismos nacionales, ya que la discriminación no es un problema que involucra sólo a Brasil, sino que es un fenómeno a escala mundial.

En el cierre de la Jornada, María José Lubertino, Presidente del INADI, se refirió a las tareas realizadas durante su año de gestión al frente del organismo. Entre ellas, el propósito de otorgarle mayor visibilidad a las tareas del INADI, así como federalizar su acción. Con respecto a la federalización de las acciones del INADI, en el último año se crearon 14 delegaciones en provincias y otros 10 delegados provinciales se encuentran en proceso de selección. Esta política que pondera la gestión participativa, tiene por finalidad una apertura hacia la sociedad civil para acelerar cambios culturales en materia de discriminación y crear un mecanismo transparente, con medidas tales como la votación de prioridades presupuestarias.

En el ámbito internacional se creó hace un mes en México, la Red Iberoamericana de organismos gubernamentales y no gubernamentales -con México a la presidencia y Argentina en la vice-presidencia- que tiene por finalidad trabajar en el Mercosur, a través de la instauración de vocalías.

A su vez, el INADI, según su Presidente, trabaja articuladamente en la región por la recuperación de la memoria y la lucha de las víctimas de la dictadura conjuntamente con países como Brasil o Paraguay; tomando los temas que los gobiernos neoliberales dejan de lado y la sociedad civil pone en la agenda de trabajo.

Al mismo tiempo, existe por parte del Mercosur un pedido muy fuerte de aumentar la lucha institucional contra la discriminación, creando nuevos canales por fuera de la Reunión de las altas autoridades o dotando a este espacio de demandas políticas, aseguró.

La Presidente del INADI manifestó que si bien el MERCOSUR estuvo ligado a demandas de índole comercial, actualmente es necesario el trabajo conjunto para articular políticas antidiscriminatorias en la región. Un ejemplo de ellos, es la necesidad de crear una política de accesibilidad al transporte público en el Mercosur, expresó. El INADI logró que los equipos que se producen en Argentina posean rampas, es decir, que sean accesibles a personas con discapacidad. Sin embargo, los vehículos importados de Brasil no cuentan con esta modificación. Por ello, es necesaria una definición común de cómo deben ser los vehículos que el Mercosur produce en materia de accesibilidad.

Por otro lado, Lubertino manifestó que hay que repensar el tema de la ciudadanía y de las nacionalidades, particularmente en relación a la cuestión indígena,  ya que la nacionalidad se construyó eliminando las diversidades preexistentes.

Para finalizar, la Presidente del INADI destacó que la importancia de la unidad regional radica en hacernos escuchar desde la ciudadanía del Mercosur, y en oposición a los procesos de mundialización, para que sean valoradas nuestras diversidades.