La alianza Estado/ microemprendimientos

La Dirección General de Microemprendimientos se propone reorientar recursos humanos y presupuestarios hacia la capacitación, la asistencia técnica y financiera de proyectos productivos desarrollados por grupos asociativos, emprendimientos familiares, comunitarios empresas recuperadas, microemprendimientos y encadenamientos productivos, declara la presentación de esta Dirección dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en una charla con el titular de la Dirección Fernando Muñoz y el coordinador administrativo, Andrés Bernal, surgen proyecciones para estos proyectos mixtos que además de favorecer la reinserción en el mercado de trabajo, promover la inclusión social de las personas con problemas de empleo y fortalecer el desarrollo comunitario, propone la conformación de alianzas con Universidades. En una sinergia trabajo/ conocimiento que de cómo resultado la extensión de redes de comercialización con áreas afines de otros países de la región. El objetivo principal de la Dirección de Microemprendimientos es acercar los productores al Estado. Procurar la conformación de empresas de economía mixta, con participación estatal y posteriormente, extender las redes de comercialización con áreas afines de otros países. A consecuencia de la desindustrialización y el desmantelamiento del Estado producidos en Argentina a partir de los ‘ 90, surge, como estrategia de inclusión y generación de empleo, la incentivación de los emprendimientos individuales a través de herramientas como el microcrédito, aparecido en 1991. Este movimiento se produce, en forma paralela, en Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia entre otros países sudamericanos. Las reiteradas crisis económico-sociales sufridas durante la segunda mitad de la década pasada, consecuencia de colapsos internacionales y del progresivo deterioro de la artificial paridad cambiaria instituida por el plan de convertibilidad, multiplicaron las quiebras comerciales y el desempleo en Argentina. El proceso de deterioro hizo eclosión con la salida definitiva de la convertibilidad en el año 2001, dejando como saldo un altísimo grado de destrucción, sobre todo en el plano psíquico, que caló muy hondo en vastos sectores de la población, explican Muñoz y Bernal. El Estado entonces, reasumió un rol protagónico en la reconstrucción del tramado social. Desde una visión de claro perfil productivo y no asistencialista, se articularon diferentes programas de apoyo financiero y capacitación teórica y práctica con el objetivo principal de reactivar cooperativas y pequeños talleres para generar fuentes de trabajo. A la renovación de expectativas básicas que trajo aparejada esta política pública, se agregan las posibilidades ciertas de ampliación de horizontes económicos a través de la sinergia de trabajo y conocimiento, que produce una generación de valor agregado permanente y permite a estas remozadas asociaciones insertarse competitivamente en el mercado. En tal sentido, el Gobierno de la Ciudad está implementando un plan de transferencia de recursos a las universidades respectivas para que asistan, en el plano de la investigación, al mejoramiento de la calidad de los productos. El INTI, la Facultad de Agronomía, la Universidad de San Martín y la de General Sarmiento, entre otros importantes centros de estudio, ya están participando activamente en estas alianzas. Próximamente, con el mismo objetivo, se realizarán concursos de aportes superadores en diferentes items industriales en quinto y sexto año de escuelas secundarias técnicas. A la etapa de asistencia financiera y capacitación laboral iniciales, le sigue la más compleja de todas: la comercialización. La alta concentración de empresas que existe en el mercado dificulta la inserción competitiva de los microemprendimientos. A fin de paliar este déficit, se promocionan ferias asociadas que vinculan a los diferentes actores que integran un sector determinado con el objetivo de constituir redes de producción que una vez afianzadas, se proyecten regionalmente. El desafío es que el Estado se involucre en la etapa de comercialización para garantizar distintas alternativas, ya sea en carácter de comprador directo o impulsando acuerdos con otros estados locales y regionales. Con este propósito, se encuentra en estudio un proyecto de ley de comercialización mixta.