La renegociación del TLCNA

También la imposición de aranceles del 45% a las importaciones provenientes de México, la reducción del déficit comercial y la reforma de la legislación impositiva que afecta a las empresas, para estimular la repatriación de las compañías, los empleos y los capitales.

Colectivamente, esas propuestas se integraban bajo el lema y la política de “America First” (los Estados Unidos ante todo), cuyo objetivo es reposicionar a los Estados Unidos como lugar central de la manufactura mundial, en particular de la industria automotriz. Los efectos del nuevo discurso en materia de política comercial e industrial comenzaron a sentirse inmediatamente después de las elecciones. En las diez semanas que transcurrieron entre los comicios y su toma de posesión, el Presidente electo se enfocó intensamente en la industria automotriz y concretó varios acuerdos públicos con los mayores fabricantes estadounidenses del sector para que retiraran inversiones que planeaban efectuar en México o se comprometieran a relocalizar plantas productivas y empleos de vuelta en los Estados Unidos (reshoring).

 Sobre la base de estas acciones iniciales, luego de iniciarse la nueva Administración en enero de 2017, el Presidente firmó decretos (executive orders) en una amplia diversidad de temas para crear instituciones, simplificar procesos regulatorios y autorizaciones y reforzar la aplicación de mecanismos que pudieran impulsar la industria manufacturera del país.

Asimismo, comenzaron a revisarse las regulaciones ambientales que afectaban a la industria automotriz, incluidos los estándares empresariales de ahorro medio de combustible (Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards), recientemente reforzados por la Administración previa para combatir el cambio climático e impulsar el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos.

Tras esta secuencia inicial de reformas institucionales y desregulación, la Administración cambió su foco hacia el TLCAN. Aunque en un primer momento se pensó que los Estados Unidos se retirarían de ese tratado, el 18 de mayo de 2017 la Administración solicitó la aprobación del Congreso para, transcurrido un plazo de 90 días, iniciar negociaciones con México y el Canadá con la finalidad de actualizar el TLCAN. El objetivo sería modernizar la normativa en materia de derechos de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas públicas, comercio digital, servicios, trámites aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, empleo, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas.

Tanto México como el Canadá han expresado su apoyo a la actualización del TLCAN, cuya aprobación tuvo lugar hace 23 años, y han indicado su deseo de que las negociaciones busquen preservar las cadenas automotrices regionales. A pesar de que, hasta el presente, los Estados Unidos han hecho hincapié en los temas regulatorios, las negociaciones sobre aranceles y reglas de origen serán cruciales para alcanzar un nuevo acuerdo. En este marco, cualquier cambio importante de las actuales preferencias comerciales podría perturbar de manera considerable las cadenas productivas y de proveedores de América del Norte.

Aunque aún es pronto para medir el efecto de estas nuevas políticas —muchas de ellas todavía no se han implementado, y se desconoce el alcance de las negociaciones del TLCAN— la perturbación de las cadenas productivas de la industria automotriz tendría fuertes efectos negativos en términos de empleos y competitividad. En ese contexto, China podría ver reforzado su papel dominante como productor de partes, componentes y maquinaria especializada, dado el tamaño y el bajo costo con que opera su industria automotriz.