¿Las PyME industriales utilizan los programas públicos?

Actualmente el segmento PyME industrial atraviesa un escenario propicio para realizar inversiones
en capital físico y humano, y en innovación tecnológica con el objetivo de aumentar la
productividad y ganar así competitividad en el mercado internacional. Asimismo, dichas acciones
también permitirían una participación más eficiente en un mercado interno que mantiene altas tasas
de crecimiento como producto de la demanda de bienes.

En este contexto se advierten señales claras que plantean el requerimiento de invertir en capital
físico, ya sea para la modernización del equipamiento existente como para la ampliación del parque
de maquinaria de planta. Por un lado, la antigüedad promedio de la maquinaria y equipo utilizada en
el proceso productivo de las pequeñas y medianas empresas es alta en comparación al caso de las
grandes empresas: sólo el 56% de las industrias de menos de 50 ocupados considera que cuenta con
equipamiento moderno o de punta, proporción que asciende a 76% en las empresas medianas (entre
51 y 200 ocupados), mientras que llega a 92% entre las empresas industriales de mayor tamaño1.
Asimismo, la utilización promedio de la capacidad instalada de planta de las PyME industriales se
ha incrementado de manera constante en los últimos años, llegando a superar el 75% en 2007.

En materia de recursos humanos, la industria en general enfrenta una situación de escasez de mano
de obra -inversa a la que caracterizó a los años noventa-, por lo que aumentar el nivel de instrucción
de los trabajadores se vuelve fundamental para sostener el crecimiento económico a través de una
mejora en la productividad laboral.

A partir de las dificultades para encontrar las capacidades específicas requeridas en el mercado
laboral, una elevada proporción de las PyME industriales (41%) llevó a cabo actividades de
capacitación de su personal durante 2006. Esta tendencia se intensifica en las empresas de mayor
porte y en los sectores de actividad más complejos tecnológicamente tales como “Sustancias y
productos químicos”, “Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión”, “Maquinaria
y equipo”, y “Automotores y autopartes”. El esfuerzo de las empresas para la capacitación de sus
planteles debe ser acompañado por la iniciativa pública a través de programas que brinden
incentivos adecuados y beneficios de fácil acceso.

Finalmente, al hablar de actividades de innovación se incluye la implementación de actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D), sobre todo en lo referente a productos y procesos; adquisición de
tecnología incorporada (maquinaria y equipo, hardware y software) y desincorporada (contratación
de tecnología, organización de la producción, etc.); actividades de diseño industrial; contratación de
consultorías, y actividades de capacitación.

En este sentido, la Encuesta Estructural Anual 2006/2007 a PyME industriales indagó sobre la
realización de acciones para mejorar la tecnología. El 64% de los entrevistados contestó que durante
2006 desarrolló mejoras en la tecnología de la empresa, principalmente mediante tareas de
investigación, desarrollo e ingeniería (I+D) propia realizada en la empresa y, mediante la
implementación de nuevas técnicas de organización y gestión.

Por otro lado, el gasto en actividades de innovación realizado por las pequeñas y medianas
industrias se concentra en esfuerzos ligados a la adquisición de conocimiento desarrollado fuera de
la empresa, orientados principalmente a la incorporación de maquinaria y equipo. Sólo una parte
menor de los desembolsos realizados se dirige a actividades de I+D o a hardware, software,
contratación de tecnología y consultorías, capacitación y diseño industrial.

Ante la pregunta de cuál es la mejor política pública para el fomento de la inversión en tecnología,
casi la totalidad de los empresarios se inclinaron hacia disposiciones que mejoren el acceso al
financiamiento de mediano y largo plazo y a medidas arancelarias y fiscales que reduzcan el costo
de las tecnologías (Gráfico 1).

La incorporación de tecnologías por parte de las empresas pequeñas y medianas supone un esfuerzo
considerable en costos de desarrollo o adquisición. Dado que el conocimiento reviste características
de bien público existe un espacio abierto para la política pública en la implementación de
programas que faciliten el acceso a las tecnologías mediante difusión, reducción de costos u otro
tipo de accionares. Así, el Estado puede acompañar el esfuerzo realizado por las empresas para
continuar con el crecimiento de la producción y el empleo.

No es esta una visión normativa sobre los desafíos en ciernes, sino una visión pragmática que deriva
de la observación de las experiencias internacionales de financiamiento a las PyME que realiza el
Observatorio PyME Internacional de Políticas Públicas. En Europa se acompañan los esfuerzos de
las pequeñas y medianas industrias para el aumento de competitividad con programas de asistencia;
pero también en México, Chile y Brasil los programas de apoyo a las PyME en pos de promover su
competitividad tienen alcances masivos. Los presupuestos públicos diseñados con este fin en dichos
países alcanzan proporciones que en promedio triplican la de nuestro país.


Acceso a los programas

Las cifras oficiales muestran claramente el camino a recorrer en este sentido. Actualmente, sólo
15.000 pequeñas y medianas empresas de un total de aproximadamente 1.200.0002 acceden a los
programas de subsidio de los costos financieros, y una cantidad similar a otros programas oficiales
de promoción. Por otra parte, como se desarrollará a lo largo del presente informe, las estadísticas
relevadas por la Encuesta Estructural Anual 2006/2007 de la Fundación Observatorio PyME sobre
el grado de utilización de determinados programas públicos de asistencia por parte de las PyME
pertenecientes al sector industrial, muestran que en ningún caso el nivel de utilización supera el 4%
de las empresas.

Por todo lo expuesto, uno de los principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas
empresas en Argentina para realizar inversiones para la ampliación de su infraestructura, la capacitación de sus empleados y la realización de acciones de innovación tecnológica es la falta de
acceso al crédito, consecuente con la baja proporción del PBI que representa el crédito privado en
general a nivel nacional.

Del análisis global de otorgamiento de crédito a la totalidad del sector privado y con todo tipo de
finalidad, la comparación de Argentina con otros países revela un bajo nivel relativo: sólo el
equivalente al 12% del PBI se destina a crédito para agentes privados, muy por debajo del promedio
para países de ingresos medios (59%), mientras que en países más desarrollados como Italia este
porcentaje asciende al 92%. Es de destacar, a su vez, la situación de Chile ya que, si bien no
pertenece al conjunto de países de ingresos más altos, como los de la OECD, destina al crédito
doméstico un monto muy elevado como proporción de su ingreso (66%), en línea con una política general de fomento de la inversión.

1 Fuente: Encuesta a Grandes Empresas Industriales, CEP, 2005.
Informe Especial – Fundación Observatorio PyME Página 3
2 Fuente: Estimación a partir del listado de locales de los resultados provisionales del Operativo de Barrido Territorial del Censo Nacional Económico 2004/2005.

El valor del crédito al sector privado medido como porcentaje del PBI no supera el 20% tanto para
México como para Argentina, y se ubican muy por debajo del promedio mundial (134%), lo que
representa un problema estructural para estos países que afecta directamente a las PyME
industriales en su interés de financiar inversiones productivas.

Frente a este mismo problema financiero de las PyME en México y Argentina se plantea la
necesidad de incentivar a las mismas en el uso de servicios públicos de ayuda al segmento. Sin
embargo, el porcentaje de empresas que utilizan servicios de apoyo gubernamental en estos países
difiere significativamente. Mientras que el 36% de las pequeñas y
medianas industrias en México participan de alguno de los programas disponibles, en Argentina la
proporción es tres veces menor (11%).

Ahora bien, al comparar la opinión de los empresarios PyME respecto al objetivo principal al que
deberían apuntar los programas públicos en sus respectivos países los resultados son muy similares:
en primer lugar se ubica la adquisición de bienes de capital, seguido de la incorporación de capital
de trabajo, y reestructuración de instalaciones y certificaciones de calidad. Por su parte,
el interés es menor en el área de consultoría, tanto en organización y dirección como para estudios
de mercado.

En ambos casos, las preferencias de los empresarios tienen justificación en las dificultades
financieras que encuentran para realizar inversiones debido al escaso acceso al crédito financiero.
Es a raíz del escenario descripto que las pequeñas y medianas industrias en Argentina demandan la
implementación de instrumentos que les permitan obtener crédito para financiar sus inversiones. En
consecuencia, el 78% de las PyME industriales que invirtió durante
2006 se financió con recursos propios, y sólo el 14% lo hizo con financiamiento bancario. Esto
resulta particularmente preocupante dado que, tras el auge post devaluación, los márgenes de
rentabilidad de las empresas empiezan a disminuir reflejando entonces la necesidad de diversificar
las fuentes de financiamiento a las inversiones.

Asimismo, entre las empresas que no han solicitado crédito bancario en 2006, cabe destacar que la
mitad no lo necesitó, pero el 17% se vio limitado por los elevados costos financieros o los cortos
plazos para la cancelación del préstamo.

Frente a este escenario, resulta necesario incentivar desde el sector público las inversiones
productivas a través de programas de crédito directo que faciliten el financiamiento de dichas
inversiones, o mediante la asistencia a empresas que requieren asesoramiento técnico y profesional
para el desarrollo de sus actividades y el incremento de la oferta productiva.


Fuente: Mercosurabc/ Observatorio Pyme