Los principales desafíos políticos y técnicos del Parlamento del MERCOSUR

La cristalización de nuestros proyectos más ambiciosos de integración, no podría nunca tener lugar sin la participación de los jóvenes. En los debates acerca de la integración regional está en juego el modelo de sociedad y de región en el cual queremos vivir. Y ese debate, esa elección, que es política y no
técnica, se encuentra en un momento clave del cual somos protagonistas, con la responsabilidad que ello implica.

Es un momento clave porque el escenario regional es también, cada vez más explícitamente, un escenario en el cual proyectos políticos diversos disputan su hegemonía. Desde los inicios del MERCOSUR, en la arena regional han estado en disputa diferentes opciones con respecto a, entre otras cuestiones: la relación entre el Estado (la política) y el mercado, proyectos de desarrollo nacionales y regionales (o su ausencia), la inserción internacional de los Estados parte y del bloque y diversos modelos de democracia. Sería ilusorio, entonces, pensar la política sin considerar a la región. Y esto nos permite comprender cuál es la trascendencia política de la creación del Parlamento del MERCOSUR.

Pero retrocedamos brevemente en el tiempo, para comprender la magnitud de estas transformaciones. MERCOSUR “fenicio” ha llamado el prestigioso politólogo uruguayo, Gerardo Caetano, al MERCOSUR de la década del ‘90. Los Estados parte, tal cual había acontecido en mayor o menor medida en el nivel nacional, cedían en el espacio regional su capacidad de regulación, dejando al mercado como distribuidor de los beneficios y los costos del proceso. El comercio dejaba de ser un instrumento para incentivar determinados cambios en la estructura productiva de los países y la competitividad de las economías, para convertirse en el objetivo último de las decisiones de integración.

La ausencia del Estado, promovida por los gobiernos de la región al interior de cada uno de los países, se reflejaba también en el proceso de integración. Los resultados del período son contundentes:

profundización de las asimetrías entre los países y socavamiento de la legitimidad política y social del proceso. No obstante ser la integración una de las decisiones de política exterior más certeras de los Estados parte en el último siglo, se ha tratado en la década pasada de un proceso excluyente, tanto en su concepción como en sus resultados.

La institucionalidad elegida para esa etapa del proceso, ha sido funcional a aquellos objetivos. Un diseño institucional y una metodología caracterizadas por un importante déficit de rendición de cuentas, de representación política y de legitimidad, así como por una concentración del poder de decisión, que ha incentivado una cultura política e institucional carente de visión regional y transparencia.

Ahora bien, los cambios políticos que tuvieron lugar en los Estados parte a partir de 2003, se han reflejado en mayor o menor medida en la agenda del proceso de integración regional. Esto se ha visto reflejado ya en el Consenso de Buenos Aires, firmado por los presidentes Kirchner y Lula en octubre de 2003 y se ha concretado luego en el Programa de Trabajo 2004-2006, que establecía una agenda del bloque que quitaba la centralidad a la dimensión comercial. En ese plan se encontraban algunas políticas que se han concretado en los últimos tres años como, merece destacarse, la creación de los Fondos
de Convergencia Estructural del MERCOSUR. En este período, mucho se ha avanzado en el cumplimiento del programa. Un ejemplo de ello es la dimensión social de la integración, tanto desde el punto de vista de las políticas sociales como de la participación.

La Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR ha realizado un importante trabajo en los últimos tres años. Nos gustaría destacar los avances en dos frentes. Por un lado, la institucionalización de la dimensión social de la integración, cuyo mayor logro ha sido la creación de la Secretaría Social Permanente del bloque y del Instituto Social del MERCOSUR. Y, por otro lado, los progresos en cuanto a la construcción conceptual del MERCOSUR social, a la elaboración de consensos y de acuerdos políticos y metodológicos que culminan en propuestas concretas de accciones comunes en las áreas, entre otras, de seguridad alimentaria, niñez y explotación sexual infantil.

La cuestión de la participación social en el proceso de integración ha comenzado a concebirse como una responsabilidad de los Estados partes. Actualmente, cada uno de los países cuenta con áreas responsables de crear y fortalecer espacios nacionales y communes para la participación social en el proceso de integración. Se destaca la puesta en marcha del Programa Regional SOMOS MERCOSUR, cuyo objetivo principal es fortalecerla y ampliarla, con una visión regional. Es en el marco de este programa que se han organizado el I Encuentro por un MERCOSUR productivo y social en Córdoba, Argentina, en julio de 2006 y la Cumbre Social del MERCOSUR en Brasilia, Brasil, en diciembre del mismo año. Ambos encuentros han impulsado un riquísimo debate entre las organizaciones sociales nacionales y regionales, los gobiernos y la ciudadanía en general, acerca del modelo de integración.


La democratización de la representación política y social

Finalmente, desde el punto de vista de la dimensión político-institucional del  MERCOSUR y, vinculado a ella, a la cuestión de la democratización de la representación política y social, destacamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR.

Hoy nos encontramos en un momento histórico inédito en el proceso de integración sudamericana. La puesta en marcha del Parlamento del MERCOSUR constituye un paso importantísimo en el fortalecimiento de una dimensión política que garantice la representación de la diversidad que caracteriza a la región sudamericana, para avanzar hacia la democratización y la legitimación del proceso. A su vez, presenta al liderazgo político y social y a la ciudadanía en general, el desafío de asumir con compromiso la responsabilidad de ser protagonistas de esta innovación político-institucional, con fuertes consecuencias políticas.

El Parlamento del MERCOSUR es uno de los espacios más importantes para la construcción de los necesarios consensos políticos y sociales regionales, que sienten las bases de decisiones y políticas de integración socialmente legítimas y, por ende, más efectivas, así como para la resolución pacífica de los conflictos en la región. Es la expresión de la recuperación de la política en una región que ha sufrido las graves consecuencias de la implementación de una lógica mercantil como principio regulador de la vida social.

Un proceso de integración concebido como un instrumento para el desarrollo con inclusión social, requiere un espacio institucional donde todas las voces sean oídas. La calidad del vínculo que este Parlamento establezca con la sociedad civil será, entonces, central para avanzar hacia una cultura política e institucional favorable a un proceso de integración cualitativamente diferente.


¿Cuáles son algunos de los principales desafíos políticos y técnicos del Parlamento del MERCOSUR?

En primer lugar, su propio fortalecimiento, a partir de la reglamentación de todos
los artículos del Protocolo que lo crea. En este sentido, es fundamental y urgente que el Parlamento actual defina el criterio de representación ciudadana a partir del cual serán elegidos directamente sus miembros. Esto es, el sensible pero políticamente central tema de la proporcionalidad atenuada, que ha de acordarse este año.

En segundo lugar, la definición de la agenda prioritaria de la región, con una vision de mediano y largo plazo que parta de una visión del proyecto como estratégico. Allí con certeza deben aparecer temas como la identificación de las barreras para la conformación de una verdadera unión aduanera, las asimetrías estructurales y de política, la infraestructura, la energía, la cultura, la construcción de ciudadanía.

Asimismo, en un esquema en el que el 40% de lo decisiones del bloque continúa siendo reservado y las decisiones concentradas en algunas agencias de los Estados parte, el Parlamento tiene la responsabilidad política de involucrarse activamente en la reforma institucional del MERCOSUR, actualmente en discusión. Es el espacio político legítimo para convocar a diversos actores públicos y privados, locales, nacionales y regionales, para debatir y elaborar una propuesta de reforma legítima política, social y técnicamente.

Una reforma institucional no es ni más ni menos que una reforma constitucional: la elección entre diversas opciones es política y no técnica. Si queda en el ámbito técnico, el nivel de ambición del resultado no estará a la altura del proyecto político regional que impulsan los gobiernos de los Estados parte del bloque.

A su vez, es una función indelegable del liderazgo político del MERCOSUR, a través de su Parlamento, sensibilizar y crear conciencia en los pueblos de la region acerca del carácter estratégico del proyecto de integración, el convertirse en sus emisarios e instrumentos, a través de la coherencia entre un discurso fuertemente comprometido con el proyecto y un conjunto ambicioso de propuestas que cuenten con el apoyo politico de los representantes populares de la región.

El Parlamento del MERCOSUR debe concentrarse fundamentalmente en la construcción de consensos para la puesta en marcha de una agenda positiva de integración sólida, profunda y permanente. En todo proceso de integración, ese proceso es el más difícil. Los ’90 impulsaron lo que en los estudios sobre integración llamamos “integración negativa”: la caída de barreras entre los Estados, particularmente barreras arancelarias y para-arancelarias al comercio. Ahora, en este nuevo marco politico favorable, tenemos el desafío de construir la agenda positiva: la agenda de políticas comunes. Y en ese sentido el rol del Parlamento es clave. Y en muchas áreas de integración, el Parlamento sólo debe mirar la región y tender puentes hacia la sociedad, para encontrar esa agenda. Porque mientras se impulsaba el MERCOSUR mercantilista, múltiples actores cuestionaban ese modelo e impulsaban una integración diferente. A riesgo de ser injusta y sólo a título ilustrativo: la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la red de Mercociudades, organizaciones y redes regionales de derechos humanos, género, cooperativas, agricultores familiares, etc. La lista es inmensa. Hay agenda, hay actores; sólo basta que el espacio institucional que será el locus de la representación de la voluntad popular voltée la vista y rompa con un formato y una metodología de la integración que han sido impermeables tanto a unos como a otros.

Mucho se ha avanzado con el programa SOMOS MERCOSUR, pero es preciso continuar profundizando ese proceso y modificar estructuras y metodologías.

Para que cada mujer y hombre se sienta parte de esta región y se sienta parte de una región inclusiva, con justicia social, con derechos, mucho hay por hacer en cada uno de nuestros países. Pero no debemos dejar de considerar que la región es el espacio desde el cual fortalecer nuestras aspiraciones de transformación. Es imperativo que la militancia, la ciudadanía en general y, fundamentalmente, la juventud, sea protagonista activa de este proceso.

* Titular de la Cátedra de Integración Regional. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.