Se avanzó en la reducción de los desequilibrios regionales

Entre los acuerdos ratificados en la Cúpula de Ouro Preto por los países del Mercosur el 17 de diciembre, se destaca como una de las principales decisiones la creación del Fondo de Convergencia Estructural, que apuntará a financiar proyectos de reducción de desequilibrios producidos entre países y regiones del bloque del Cono Sur. Las principales características de la propuesta elevada por el grupo de alto nivel, creado en la anterior reunión de cúpula del Mercosur, conformada por representantes de los Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de los cuatro países al Consejo de Presidentes, fueron descriptos por el embajador Agustín Espinosa en una conferencia desarrollada días antes de la cumbre de Ouro Preto. En la presentación se detallaron las bases para constituir un fondo común que permita financiar la convergencia estructural, e identifique iniciativas y programas para alcanzarla, explicó el representante de Uruguay ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Mercosur en su ponencia. El Fondo deberá estar plenamente diseñado en el año 2005.


El concepto de equidad y cohesión social deja de ser un concepto nacional para transformarse en un concepto de la región. Ustedes querrán saber si en la agenda de los cuatro asociados que lideran los procesos de integración, de menor a mayor: el Mercosur (que aglutina a los cuatro asociados), la Comunidad Andina y la próxima Comunidad Sudamericana de Naciones, existe ese concepto de región equitativa y qué proyectos existen.

Después de la crisis del año 2001 que convulsionó a todos los países de la región, si tomamos en cuenta el advenimiento de nuevos gobiernos que revalorizan el tema de la integración de una manera muy fuerte en Argentina, Brasil y Uruguay, el Mercosur vuelve a tener un lugar importante en la agenda de la política exterior y se convierte en el principal proyecto de política exterior de nuestros países. Los procesos de integración imperantes en la región desde hace catorce años no han permitido superar situaciones gravísimas en la región, que hacen de la nuestra al día de hoy la región mas desigual del planeta. Más de la mitad de la población de América Latina vive bajo la pobreza, los gobiernos de la región están luchando por combatir el desempleo, los índices de cohesión social han bajado muchísimo. Es decir, esa suma de factores, una región fracturada, gobiernos con una visión de la integración más comprensiva, una nueva impronta política de la integración, es la que ha hecho que hoy se esté visualizando este problema de la cohesión social como factor que debe estar integrado a la agenda interna de los países, sin dejar de lado por supuesto la agenda convencional del Mercosur.

Pero esa otra agenda convencional tiene que estar confrontada con esta agenda interna, y es el gran desafío de estos gobiernos cómo compatibilizar estas agendas, la agenda para la globalización y la agenda para el desarrollo. Cuando hablamos de agenda para el desarrollo, tenemos que referirnos a la descentralización y al desarrollo regional. Hoy en día no se puede hablar más de integración sin pensar en las regiones, no es sólo la búsqueda de competitividad sino también de la cohesión social de la región.

La nueva agenda para el desarrollo

Los componentes de esta nueva agenda para el desarrollo pasan por varios ejes principales: primero, una sensible mejora de la institucionalidad, debemos estar satisfechos de que hoy tengamos Órganos en el Mercosur, que estaban en una etapa embrionaria, como el Tribunal Permanente de Arbitraje, la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (el único órgano permanente de carácter político que tiene nuestro proceso), una Comisión Parlamentaria Conjunta que transita hacia un Parlamento del Mercosur, una Secretaría, en fin, cuatro o cinco Organismos que han crecido cualitativamente.

Entonces, en primer lugar, búsqueda de instituciones más acordes a estos tiempos. Búsqueda también de sistemas de internalización de la normativa más eficientes. Casi la mitad de las normas adoptadas por el Mercosur, desde su creación, no se han constituido en derecho positivo, es decir, no han sido incorporados al derecho interno de los Estados miembros, y por lo tanto no son obligatorios. Tenemos entonces un déficit jurídico enorme, que pasa por ese bajo índice de internalización.

El Mercosur no previó desde el Tratado de Asunción ningún mecanismo para corregir las asimetrías existentes entre grandes y pequeñas economías, o entre las regiones muy desfavorecidas de la periferia de los países, y las más favorecidas históricamente de los procesos de integración. Este tema recién surgió el año pasado; en la Cumbre de Asunción los Presidentes del Mercosur reconocieron por primera vez que el mercado ampliado no era suficiente para hacer competitivos a los socios menores, y que era necesario mejorar las condiciones de todas las regiones dentro de los grandes países para aumentar la productividad y la cohesión social entre todos los habitantes del Mercosur. Esta nueva mirada es el primer intento por superar una tendencia histórica en los países del Mercosur, de marginalizar a las regiones geográficas más alejadas de la metrópolis y de los centros económicos más dinámicos de los cuatro países.

El grupo de alto nivel

En el inicio ya nos dábamos cuenta de que era un Mercosur que no tendía a favorecer a los 200 millones de habitantes de los cuatro países, sino que se concentraba en un área de 60 millones de habitantes, que es la que históricamente abarcaba las mayores ciudades y las mayores industrias, desde Rio de Janeiro hasta Córdoba. La fuente de inspiración por la cual empezamos a visualizar la necesidad de corregir esta situación fue la experiencia europea, a través de los que se llamó “política de convergencia estructural”. Para comenzar a trabajar, se creó el año pasado un grupo de alto nivel, con representantes de los Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de los cuatro países, con el objeto de llevar al Consejo de Presidentes, las bases para constituir un fondo común que permita financiar la convergencia estructural, e identifique iniciativas y programas para alcanzar la misma.

Este grupo se ha reunido ya cuatro veces en estos dos meses en Montevideo. Nuestro abordaje tiene dos miradas: una hacia los países menores, Paraguay y Uruguay y una hacia las regiones más grandes. Las dificultades son en primer lugar los propios recursos, donde no solamente se necesita imaginación sino también la voluntad política de los Ministros de Economía para respaldarlo.

Las asimetrías existentes son muchas, toda la degradación que se ha producido en la región se traduce en asimetrías que pasan por problemas de salud, de educación, de infraestructura física, de inversiones, etc.

Entonces, ¿cuáles son los objetivos prioritarios para asignarles recursos comunes y empezar a solucionarlos? No ha sido tarea fácil, pero en cuatro reuniones hemos avanzado bastante y semi – consensuado los siguientes puntos:

En primer lugar, este Fondo del Mercosur estará financiado por recursos presupuestales aportados por los países. Argentina y Uruguay tienen una posición bastante parecida, estos aportes se harán en función del PBI de cada país, ajustado por la paridad del poder adquisitivo (PPA). Brasil, prefiere una distribución porcentual. Estamos en la definición de criterios, que estarán entre el PBI ajustado con el PPA, o un porcentual en el cual todos estemos de acuerdo. Obviamente si tomamos el criterio del PBI, el aporte de Paraguay y Uruguay no superará el 2% que la integración le ponga. Ese dinero iría a una institución financiera ya existente, como la Corporación Andina de Fomento, el Fonplata, el BID, etc. Por lo tanto, el análisis de los proyectos que sean ejecutados por esta institución (preferentemente regional), contará también con los aportes técnicos de los expertos de esa asociación. Otro elemento que hemos consensuado es que, para la utilización de los recursos, los países deben estar al día con su cuota.

Habrá tres niveles de decisión para la definición de proyectos: un nivel político, que sería el Consejo de Ministros, un nivel Ejecutivo, que sería el grupo de alto nivel, y un nivel de análisis y administración de los proyectos, que sería un subgrupo técnico. Todavía tenemos que identificar criterios de eligibilidad para las regiones y los países, cuánto dinero va a los países menores y cuánto a las regiones de los cuatro países. Esta es la parte más difícil, porque la demanda de las regiones con grandes asimetrías, como puede ocurrir en Brasil o Argentina, son enormes. Otro tema en el cual hemos acordado es la toma de decisiones; cómo se votan los proyectos que van a ser consensuados, cada país no aporta la misma cantidad de votos.

Y lo más importante. Hemos acordado los objetivos prioritarios de estos fondos estructurales, y son los siguientes:

Reducción de desequilibrios regionales y nacionales.
Mejora de la competitividad regional y nacional.
Mejora de las condiciones de desarrollo social.

Graciela Baquero