El ingreso ciudadano será la base de un ambicioso plan de reconstrucción de empleo y urbanización

El gobierno de Alberto Fernández tiene planeado llevar adelante una política de cambio estructural profunda con eje central en la renta básica universal, con generación de trabajo de mano de obra intensiva, desarrollo y urbanización, tal como el ministro lo adelantara en un conversatorio organizado por la Red Interuniversitaria de Posgrados en Política Social (RIPPSO) y el diario Página 12, el 1 de julio pasado.

El ingreso, recomendado por la CEPAL como salida para atravesar la crisis en la región, operará como una transferencia generadora de actividad económica, y estará intimamente ligado a la recuperación del trabajo de mano de obra intensiva, con la capacitación laboral, acceso a servicios sociales y urbanización de los barrios precarios, con acceso a los servicios básicos. En un país con niveles de pobreza prepandemia del 40%, con una asistencia alimentaria que de 8 millones de personas pasó a 11 millones, el contexto de la grave emergencia sanitaria, empeoró mucho esta situación, señaló, al tiempo que informó que ya se ejecutó el 120% del presupuesto anual del Ministerio que dirige en estos meses, unos 120.000 millones de pesos.

Urbanización. Según el registro de barrios populares, surgida de una ley de fideicomiso que permitió su relevo, hay 4.000 barrios vulnerables que viven en el siglo XIX, en condiciones de hacinamiento, no urbanizados, sin servicios básicos. Otra parte de la sociedad en el siglo XX, desregulada, y la última porción, la globalizada, en el siglo XXI, manifestó el funcionario, al tiempo que sostuvo que la intención de la actual administración, es la de lograr un gran pacto fiscal, que genere “una política de estado que se mantenga en el tiempo”, ya que la gravedad de la situación requiere medidas agresivas. “No es tiempo de pequeñas políticas”, aseguró. La urbanización no sólo garantizará el acceso a servicios básicos, sino que además generará fuentes de empleo. Este fideicomiso será alimentado en parte por el Impuesto a las Grandes Fortunas, que también confluirá en parte del ingreso universal, acompañado de una profunda reforma fiscal. Hay un esquema impositivo regresivo en Argentina que requiere de transformaciones profundas, advirtió.

Dentro de las condiciones para lograr estos cambios estructurales, y que sobrevivan a los sucesivos gobiernos, el gobierno ha trabajado para construir consenso con organizaciones empresariales, sindicales, iglesias, partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, como fue el caso de España, manifestó Arroyo. En este país, se adoptó una renta básica de 1.200 euros, mientras EEUU asignó un ingreso de emergencia de 1200 dólares.

Nuevos paradigmas. El desafío para las universidades, es el de generar nuevos paradigmas, más amplios, que permitan construir políticas en escala. Ya no se trata del debate estado/mercado.

Y esta vez, la reconstrucción de la economía viene desde abajo.

La punta política social fue la asignación universal por hijo, que originó un gran debate social, y se puso en marcha en 2009. Fue una medida que se originó de abajo hacia arriba, para luego consolidarse por ley. Se originó un consenso gracias al cual se pudo sostener. En este caso, aumentó la escolaridad considerablemente, lo que podría interpretarse como la contraprestación esperada, explicó.

Reconstrucción del trabajo. La generación de trabajo masivo para el sector de la economía informal será uno de los ejes del plan de salida de la pandemia, con cinco sectores productivos que se consideran básicos: la construcción, la producción de alimentos, la actividad textil, la economía de cuidado, y el reciclaje. Son sectores que pueden producir fuentes de trabajo masivo, con fuerte incidencia en las economías locales. Se trata de un programa en el que se invertirán 20.000 millones de pesos, para su rápida y urgente implementación.

La aplicación de los ingresos actuales, como el ingreso de emergencia IFE, los planes sociales y la asignación universal por hijo, que no fue puesto en práctica en forma tan masiva en el resto de América Latina, procura una plataforma para reconstruir ese sistema para llegar al ingreso básico, que si bien no operará con contraprestaciones, sí estará atravesado por el trabajo.

Por su lado, la especialista en políticas sociales brasileña, Sonia Fleury, advirtió que el papel del Estado será central, en tanto que será el que generará los puestos de trabajo que no resolverá el mercado, además de su rol de regulador en las nuevas ocupaciones.

El Ingreso ciudadano está pensado como parte de una política de desarrollo, única manera de salir de este problema económico social. Modelo de desarrollo, con inserción en el mercado de trabajo y el consumo, sostuvo.

Los estados de bienestar social, que tenían gran capacidad recaudadora, hoy son deudores. La posibilidad de invertir en lo social es menor. Las políticas de austeridad han permitido la desfinanciación de políticas públicas, que demostró ser un fracaso rotundo. No mejoró la productividad ni el nivel de vida de la gente, explicó Fleury.

En este sentido, se refirió al problema del financiamiento. Los sectores que no forman parte de las grandes fortunas, difícilmente consensúen una política de profunda reforma fiscal, después de lo cual reflexionó sobre la estigmatización de los efectos de la emisión en términos de inflación. Desde 2009 los bancos centrales emiten para resolver problemas, en momentos en que se se retorna a la TMM, Teoría Monetaria Moderna, que rompe, en su opinión, la retórica de la austeridad, y se comienza a pensar en aumentar gastos del Estado para universalizar ingresos.

En este punto, el coordinador del panel, Alfredo Zaiat,editor de economía de Página 12, coincidió con la académica en que la emisión es una forma de financiamiento legítimo, y una herramienta fundamental en un estado periférico como Argentina.

En los países latinoamericanos, se difundió la idea - y el consenso- de que la emisión genera inflación si es que se emite para pagar politicas sociales. Cuando se emite para financiar bancos o pagar intereses de deuda, ahí no aparece el consenso de que la emisión produce inflación, explicó.

Laura Garces, directora de la maestría en Política Social de la Universidad de San Juan, llamó en su intervención, a pensar políticas que articulen lo social con la política económica, con un esquema de gravar la riqueza a la grandes fortunas, bienes personales, hacer de la explotación de los recursos naturales un recurso colectivo.

La especialista tomó posición en el debate sobre la incondicionalidad en la percepción de este salario, ya que según estudios académicos, en los casos testigos no se desincentivó el trabajo, con lo que alentó a tratar de no instalar un trabajo de contraprestación.

A pesar de lo interesante del debate, la urgencia de la hora necesita de respuestas rápidas. “El nivel de caída social es profundo, es necesario debatir pero hay que hacerlo en forma rápida, y recuperar la movilidad social ascendente”, sostuvo el ministro Arroyo al cierre de su intervención.