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La decisión fue política, y ante las tensiones internas, primó una lectura correcta sobre la relevancia del acuerdo, por lo que la Comisión Europea y el Consejo usaron los mecanismos legales de que disponían para prever su aplicación provisional. Los Parlamentos de Argentina y Uruguay dieron el puntapié inicial aprobando el acuerdo en forma express. El anuncio se produjo a pesar de que el 21 de enero, 3 días después de ser firmado en Asunción, el Parlamento Europeo decidió que antes de aprobarlo se requería de un dictamen de legalidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).